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INTERCAMBIO AUTOMÁTICO DE INFORMACIÓN FINANCIERA

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COMENTARIOS AL DECRETO 77/017 – 

REGLAMENTARIO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA FISCAL

En el día de hoy se dio a conocer el Decreto No. 77/017, expedido el 27 de marzo de 2017, reglamentario de la Ley de Transparencia Fiscal, No. 19.484, por intermedio del cual se establecen múltiples especificaciones respecto de las diversas obligaciones impuestas por el marco legal antes mencionado.

La Ley  N° 19.484 previó importantes cambios a la tributación de las sociedades offshore, identificación de los titulares/beneficiarios finales de las sociedades y otras entidades. Asimismo, y con especial transcendencia, modificó el régimen del secreto bancario, estableciendo la obligación de reportar a la Dirección General Impositiva (“DGI”)  los saldos y valores de las cuentas y las rentas de los clientes, en ciertos supuestos.

Nuestros comentarios de la Ley se encuentran disponibles en el siguiente link: http://brumcosta.com/wp-content/uploads/2016/12/LEY-Secreto-Bancario-y-Transparencia-Fiscal-1.pdf

El Decreto No. 77/017 recientemente aprobado no reglamenta todos los aspectos de la Ley sino que se enfoca en el primer capítulo de la misma, referido al “Informe automático de saldos y rentas de origen financiero a la Administración Tributaria”.

En efecto, la estructura del Decreto puede sintetizarse de la siguiente manera:

  • Entidades financieras obligadas a reportar
  • Cuentas reportables
  • Sujetos reportables
  • Información a reportarse
  • Procedimientos de “Debida Diligencia” de clientes a los efectos del reporte
  • Otras reglas y plazos de trascendencia

Como primer punto y preliminarmente, destacaremos el umbral de exclusión por MONTOS para las cuentas preexistentes.

El reporte es exceptuado:

(A) Para cuentas preexistentes de personas jurídicas u otras entidades NO RESIDENTES, si su saldo o valor al 31 de diciembre de 2016 o al 30 de junio de 2017 no supera los US$ 50.000.

Cabe  notar:  (a) que las personas físicas no residentes no poseen este umbral, por lo que no están sujetas a estas excepciones por monto, y (b) que si en un año se supera el límite, la cuenta será reportable, más allá de que luego sea inferior a las mencionadas cifras.

(B) Para las cuentas preexistentes de personas físicas, jurídicas u otras entidades RESIDENTES, si su saldo o valor al 31 de diciembre de cada año o su valor promedio anual, no supere las 400.000 UI (aproximadamente US$ 50.000).

(C) Desde el año 2019, este umbral se reduce:

  • Para personas jurídicas u otras entidades no residentes, a US$ 20.000
  • Para personas jurídicas u otras entidades residentes, a 160.000 UI (aproximadamente US$ 20.000).

A continuación analizaremos los demás aspectos más importantes que incluye el Decreto.

1.- ENTIDADES FINANCIERAS OBLIGADAS A REPORTAR

Conforme a lo dispuesto por el art. 3 del Decreto las entidades obligadas a reportar son:

Instituciones de Intermediación Financiera, comprendidas en el Decreto Ley N°15.322, del 17 de setiembre de 1982 (en adelante “IIF”).

Entidades de custodia, definidas como aquellas “que tengan por actividad económica relevante la custodia o el mantenimiento por cuenta y orden de terceros de activos financieros, aun cuando no estén bajo supervisión del Banco Central del Uruguay”, dentro de las cuales el Decreto incluye a los Intermediarios de Valores y “a las entidades registrantes y las de custodia, compensación y liquidación de valores”. Si bien no se las menciona expresamente dentro de esta última categoría quedarían comprendidas las Bolsas de Valores.

Entidades de inversión, entendidas como aquellas que “realicen actividades de ejecución de inversión de activos financieros, por cuenta y orden de terceros, aun cuando no estén bajo supervisión del Banco Central del Uruguay”, dentro de las cuales el Decreto vuelve a incluir a los Intermediarios de Valores, mencionando expresamente además a las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión, Bancos de Inversión y Fiduciarios Financieros. Por su parte, el Decreto excluye de la obligación de reporte a las entidades que se dediquen a la “prestación de servicios de asesoramiento no vinculante sobre inversiones de un cliente”.

Esto último creó una incertidumbre respecto de si los Asesores de Inversión son entidades obligadas a reportar, ya que en nuestra normativa no existe la división entre asesoramiento “vinculante” (el cual parecería transformar a la entidad en obligada) y “no vinculante” (actividad que exime al sujeto de reportar). De todas maneras, y como veremos más adelante, se aclara que no son cuentas de inversión aquellas en las que únicamente se ofrece asesoramiento en materia de inversiones a clientes y se actúa por cuenta de los mismos; o bien respecto de las que se gestione carteras en nombre de y por cuenta de un cliente, con la finalidad de invertir, gestionar o administrar activos financieros depositados en nombre del cliente de una entidad financiera.

De un análisis contextual de dichas normas se extraería que los asesores de inversión, en general, no quedarían incluidos como obligados a realizar los reportes.

Por otra parte, el Decreto dispone que también se consideran entidades de inversión (y por tanto obligadas a reportar) aquellas “cuyos ingresos brutos procedan principalmente de una actividad de inversión, reinversión o comercialización de activos financieros, si la entidad es administrada por otra Entidad Financiera obligada a informar”.

Entidades de seguros comprendidas en la Ley Nº 16.426, de 14 de octubre de 1993 y Ley N° 18.243, de 27 de diciembre de 2007, exclusivamente con relación a los contratos de renta vitalicia y a los de seguros “cuando éstos establezcan el reconocimiento del componente de ahorro en la cuenta individual”, y con las especificaciones que se analizarán más adelante.

Exclusión: A pesar de estar comprendido en alguna de las anteriores, el Decreto en forma específica prevé que: “Las personas físicas que revistan la calidad de entidades financieras, solo estarán obligadas a brindar la información cuando el cliente sea una persona física, jurídica u otra entidad RESIDENTE en Uruguay

2. CUENTAS REPORTABLES: “CUENTAS FINANCIERAS”

 El Decreto dispone que las cuentas reportables son todas aquellas mantenidas en una entidad financiera obligada a informar y que comprende:

Cuentas de depósito, definidas como “toda cuenta corriente, cuenta de ahorro, cuenta a plazo, cuenta de aportación definida, u otra cuenta representada por un certificado de depósito, de ahorro, de inversión, de deuda o cualquier instrumento similar, abierta en una entidad financiera obligada a informar con motivo de su actividad de intermediación financiera. La cuenta de depósito también comprende el monto que posea la compañía de seguros en virtud de un contrato de inversión garantizada o acuerdo similar, para pagar o acreditar intereses sobre dicha cuenta”. La inclusión de figuras como las “cuentas de aportación definida” se debe a razones de duplicación de la fuente normativa utilizada en la elaboración del Decreto (esto es, el Common Reporting Standard de la OCDE), pero éstas debieron haberse suprimido por no ser de aplicación en nuestro sistema. Sin perjuicio de esto, entendemos que la intención del Decreto al definir esta categoría sería incluir a todas las cuentas abiertas en una IIF, en forma lo más amplia posible.

Cuenta de custodia, referido a una “cuenta en la que se depositan uno o varios activos financieros en beneficio de un tercero”. Este tipo de “cuenta financiera” se vincula con las actividades llevadas a cabo por las Bolsas de Valores, y en especial con su relación operativa con los Intermediarios, entre otros obligados.

Cuenta de una entidad de inversión, entendida como “la participación o el valor en la inversión así como todo título de deuda o participación (en) la misma”, lo cual incluiría dentro de las cuentas reportables a las abiertas por los Intermediarios de Valores respecto de sus clientes, sean estos acreedores de un título de deuda como de un certificado de participación.

Cabe destacar, tal ya fue adelantado, que el Decreto excluye a los títulos de deuda o las participaciones en el capital de una entidad que se considere una entidad de inversión sólo por el hecho de: (i) Ofrecer asesoramiento en materia de inversiones a clientes y actuar por cuenta de los mismo; o (ii) Gestionar carteras en nombre de y por cuenta de un cliente, con la finalidad de invertir, gestionar o administrar activos financieros depositados en nombre del cliente en una entidad financiera obligada a informar distinta de dicha entidad.

Cuenta vinculada a un Contrato de seguro y/o contrato de renta vitalicia celebrados con una entidad financiera obligada a informar que establezca el reconocimiento del componente de ahorro en la cuenta individual.

Hay algunas cuentas exceptuadas del reporte. El detalle completo se encuentra en el artículo 13, entre las que destacamos las siguientes:

  • aquellas cuya titularidad exclusiva le corresponda a una sucesión
  • toda cuenta abierta por mandato de un órgano jurisdiccional;
  • cuentas abiertas y utilizadas únicamente para el pago de gastos comunes y otros gastos extraordinarios de edificios
  • cuentas de depósito inactivas (durante los últimos 3 años) cuyo saldo anual no exceda los US$ 1.000.

3.- SUJETOS REPORTABLES

Conforme a lo dispuesto por el art. 15 del Decreto sujeto reportable es “toda persona física, jurídica o entidad residente en la República o en un país o jurisdicción extranjera que mantiene una cuenta en una entidad financiera obligada a informar”, así como también los beneficiarios finales de toda “entidad no financiera pasiva”.

Los datos sobre los beneficiarios finales de las cuentas únicamente se reportarán si el titular es una Entidad No Financiera Pasiva. Estas son:

  • Aquellas cuyos ingresos y activos, en el año calendario inmediato anterior, posean ingresos correspondientes a rentas pasivas que superen el 50% de sus ingresos brutos y que más del 50% de sus activos generen rentas pasivas.
  • Todas aquellas entidades cuyos ingresos brutos procedan principalmente de una actividad de inversión, reinversión o comercialización de activos financieros, si la entidad es administrada por otra Entidad Financiera obligada a informar, y además sean residentes en un país o jurisdicción con los que no exista un acuerdo en vigor en virtud del cual haya una obligación de proporcionar la información a que refiere el Decreto.

Como excepciones de especial relevancia previstas por el Decreto en cuanto a sujetos reportables, cabe mencionar las sociedades cuyo capital cotice regularmente en un mercado bursátil supervisado por organismo competente, las sociedades vinculadas a estas (según la definición prevista en el art. 9 del Decreto) y las entidades financieras obligadas a informar, en tanto actúen como entidades financieras y asuman sus propias obligaciones de información.

4.- INFORMACIÓN A REPORTARSE

Deberán remitirse los datos identificatorios del sujeto reportable:

Para el caso de personas físicas: nombre, domicilio, países o jurisdicciones de residencia fiscal, número de identificación fiscal, fecha y lugar de nacimiento.

En personas jurídicas/otras entidades: denominación, domicilio, países o jurisdicciones de residencia fiscal y número de identificación fiscal

En el caso que el titular de la cuenta sea una “entidad no financiera pasiva”, y además de los datos de ésta, se deberán remitir los datos del o de los beneficiarios finales de la misma.

Asimismo el reporte deberá incluir número de cuenta o su equivalente funcional, nombre y número de identificación de la entidad financiera obligada a informar, así como si se trata de una cuenta preexistente y, si es titularidad de una persona jurídica no residente, si supera al 31 de diciembre de cada año los US$ 250.000.

Respecto de la información relativa a saldos, promedios anuales y rentas, en la moneda en que se denomina la cuenta, considerando según corresponda:

Saldo o valor de la cuenta al final del año civil correspondiente. En el caso de cancelación de la cuenta durante el año o periodo en cuestión, se deberá informar dicha cancelación. En caso de tratarse de un contrato de seguro que establezca el reconocimiento del componente de ahorro en la cuenta individual o un contrato de renta vitalicia, el valor de rescate.

Promedio anual de la cuenta durante el referido año, considerando a estos efectos el promedio en el año civil de los saldos o valor en cuenta a fin de cada mes

En cuentas de custodia: monto bruto total de intereses, dividendos y cualquier otro rendimiento, durante el año civil correspondiente y monto bruto total de los productos de la venta o rescate de activos financieros pagados o acreditados a la cuenta durante el año civil respecto del cual la entidad financiera obligada a informar haya actuado por cuenta y orden del sujeto reportable

En cuentas de depósito: monto bruto total de intereses pagados o acreditados a la cuenta.

En cuentas que no son ni de custodia ni de depósito: monto bruto total pagado o acreditado al titular de la cuenta respecto de la misma durante el año civil, del cual la entidad financiera obligada a informar es deudora, incluyendo el importe total de cualquier pago por reembolso realizado al titular de la cuenta durante el año civil.

Como excepciones el Decreto establece que en el caso de “cuentas preexistentes” (a las fechas que se dirán más adelante, según el caso) de residentes fiscales extranjeros, no existe obligación de proporcionar el número de identificación fiscal, fecha o lugar de nacimiento cuando los mismos no estén en poder de la entidad obligada, sin perjuicio de que el Decreto establece la obligación de obtener esa información dentro de los 2 años desde que la entidad ha identificado la cuenta como “reportable”. En el mismo sentido, el Decreto dispone que no existe obligación de informar el número de identificación fiscal cuando éste no ha sido emitido por el país o jurisdicción extranjera.

Por último cabe mencionar que el Decreto no incluye disposiciones que regulen el formato y/o plazos en que deberá ser enviada la información, sino que se faculta a la DGI a reglamentar estas cuestiones, por lo que deberá estarse a lo que disponga el referido organismo en la materia que, según los postulados de OCDE, seguramente se haga a través de un Portal y con formato XML.

5.- PROCEDIMIENTOS DE “DEBIDA DILIGENCIA” DE CLIENTES A LOS EFECTOS DEL REPORTE

Los capítulos IV a VIII del Decreto prevén los procedimientos de debida diligencia (“DD”) que las entidades obligadas a informar deberán efectuar, según el caso, con el único objetivo de identificar la residencia fiscal de sus clientes y la reportabilidad o no de los titulares y las cuentas.

El punto de partida que se debe tomar para determinar qué procedimientos son de aplicación en cada caso es la “fecha de preexistencia” de las cuentas: para el caso de las cuentas abiertas en una IIF la preexistencia será al 01/01/2017, mientras que para las cuentas abiertas en las restantes entidades obligadas a informar será al 01/07/2017, denominándose “cuentas nuevas” todas aquellas abiertas en forma posterior a las fechas mencionadas.

Seguidamente el Decreto divide la DD entre personas físicas y personas jurídicas/otras entidades, y a su vez según se trate de cuentas preexistentes o cuentas nuevas, y cuentas de alto y bajo valor.

Cuentas Preexistentes de Personas Físicas

En el caso de personas físicas con cuentas preexistentes, las cuentas de “bajo valor” (inferiores a US$ 1.000.000) deberán ser revisadas conforme a los procedimientos establecidos en el art. 20 del Decreto, lo que se resume a realizar una revisión de los registros y documentos ya existentes (registro de domicilio y búsqueda electrónica de datos).

Por su parte, las cuentas de “alto valor” (iguales o mayores a US$ 1.000.000) seguirán el procedimiento ampliado del art. 21, el cual incluye búsquedas electrónicas, en archivos físicos y consultas a los ejecutivos de cuenta.

El plazo para finalizar la debida diligencia de las cuentas preexistentes de personas físicas será el 31 de diciembre de 2017 para las de alto valor, y el 31 de diciembre de 2018 para las de bajo valor.

Cuentas Nuevas de Personas Físicas

Para personas físicas con cuentas nuevas regirá el procedimiento del art. 27, consistente en la obtención de una declaración de residencia fiscal del titular de la cuenta.

Se deberá cotejar la verosimilitud de la declaración con la información obtenida en el marco de los procedimientos llevados a cabo para la prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y en las políticas de Conocimiento del Cliente.

Algunas cuentas no requieren ser revisadas, pues la entidad puede considerar al titular como residente fiscal uruguayo salvo que tenga indicios suficientes para entender lo contrario, la persona  es titular de otra cuenta sujeta a reporte, o es beneficiario final de una entidad no financiera pasiva. Es lo que ocurre con las abiertas para el pago de remuneraciones, jubilaciones, pensiones, beneficios sociales y asignaciones familiares, cuentas de ahorro previo para la adquisición de vivienda nueva o usada, y cuentas correspondientes a contratos de seguros colectivos que no sean previsionales, contratadas por entidades residentes.

Cuentas Preexistentes de Personas Jurídicas

En lo que respecta a personas jurídicas y otras entidades con cuentas preexistentes, el procedimiento correspondiente se encuentra previsto en el art. 30, y el mismo está basado en la utilización de la información obtenida en el marco de los procedimientos llevados a cabo para la prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y en las políticas de Conocimiento del Cliente.

Asimismo, en estas cuentas corresponderá determinar si el titular es una Entidad No Financiera Pasiva. Para ello, se deberá obtener una declaración del titular, salvo que la información que conste en los registros de la institución o sea de público conocimiento.

Para el caso de que sea una Entidad No Financiera Pasiva, entonces se deberán identificar quiénes son los beneficiarios finales, sirviéndose de la información que se haya obtenido en el marco de los procedimientos de prevención de Lavado de Activos. Asimismo, corresponderá definir cuál es la residencia fiscal de dichos beneficiarios finales para lo cual: (a) La institución podría basarse en la información que se posea conforme a los procedimientos de prevención de Lavado de Activos, para cuentas de bajo valor (inferiores a US$ 1.000.000); y/o (b)  se deberá requerir una declaración jurada que firme el titular o el propio beneficiario.

Respecto de los plazos de revisión de estas cuentas preexistentes:

  • Vencerá el 31 de diciembre de 2018 para el caso de las cuentas cuyo saldo o valor exceda de US$ 50.000, al 31 de diciembre de 2016 o 30 de junio de 2017, según corresponda.
  • Vencerá el 31 de diciembre de 2019 para el caso de las cuentas cuyo saldo o valor exceda los US$ 20.000 pero sea inferior a US$ 50.000, al 31 de diciembre de 2016 o 30 de junio de 2017.

Cuentas Nuevas de Personas Jurídicas

Finalmente, en el caso de personas jurídicas y otras entidades con cuentas nuevas, deberá estarse al procedimiento previsto en el art. 35, el cual consiste en la obtención de una declaración de residencia fiscal del titular de la cuenta conforme a las reglas del art. 37.

Asimismo, corresponderá obtener una declaración de si se trata de una entidad no financiera pasiva y, si lo es, se deberá seguir el procedimiento especial ya comentado, que supone la obtención de la declaración en la que se especifiquen los beneficiarios finales y su residencia fiscal, además de la utilización de la información que posea en cumplimiento de la información recabada de la debida diligencia realizada en cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de lavado de activos

Respecto de las reglas especiales de DD previstas en el capítulo VIII del Decreto, cabe mencionarse que el mismo incluye disposiciones en materia probatoria, presunción para beneficiarios finales de contratos de seguros, acumulación de cuentas reportables si son de un mismo titular y conservación de la documentación, siendo el plazo en este último caso de 5 años desde la fecha de comunicación a la DGI.

Corresponde mencionar que OCDE ha publicado modelos de las declaraciones juradas antes comentadas, pudiéndose utilizar como ejemplo a emplear por las instituciones.

6.- REPORTE DE LA INFORAMACIÓN POR LA DGI A OTROS ESTADOS

Para el caso de los datos de residentes fiscales en el exterior, la DGI podrá intercambiar esta información en el marco de acuerdos con los demás Estados.

En este punto, Uruguay es parte de la Convención Multilateral de Asistencia Mutua en materia Fiscal y, especialmente, de su anexo (modelo de acuerdo de intercambio automático de información financiera entre administraciones tributarias), por lo que se prevé que a setiembre de 2018 se realice el primer intercambio automático de información.

El Decreto prevé que el intercambio se realizará:

  • Respecto de Personas Físicas:
    • A partir de 2018 y antes del 30 de setiembre de cada año, para cuentas nuevas
    • A partir de 2018 y antes del 30 de setiembre de cada año, para cuentas preexistentes, cuyo saldo o valor acumulado al 31 de diciembre de 2016 o al 30 de junio de 2017 iguale o exceda los US$ 1.000.000.
    • A partir de 2019 y antes del 30 de setiembre de cada año para las demás cuentas preexistentes.
  • Respecto de Personas Jurídicas y otras entidades:
    • A partir de 2018 y antes del 30 de setiembre de cada año, para cuentas nuevas
    • A partir de 2018 y antes del 30 de setiembre de cada año, para cuentas preexistentes, cuyo saldo o valor acumulado al 31 de diciembre de 2016 o al 30 de junio de 2017 iguale o exceda los US$ 250.000.
    • A partir de 2019 y antes del 30 de setiembre de cada año para las demás cuentas preexistentes cuyo saldo o valor acumulado iguale o exceda los US$ 250.000 al 31 de diciembre de cualquier año posterior.

La implementación de este Decreto llevará a Uruguay a cumplir con el Common Reporting Standard (CRS) de OCDE, lo que aparejará algunas consecuencias, tanto para las instituciones financieras que deberán incorporar estos procedimientos dentro de los plazos previstos, así como para los clientes.

Respecto de estos últimos, la normativa establece que las instituciones deberán comunicarles, al menos con 45 días de antelación al primer suministro de información, que sus datos serán enviados a la DGI en virtud de las disposiciones antes comentadas.