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Decreto Reglamentario: Identificación Beneficiario Final

DECRETO REGLAMENTARIO DEL CAPITULO II DE LA LEY DE TRANSPARENCIA FISCAL

(IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO FINAL)

 

En el día de hoy se dio a conocer que el Poder Ejecutivo expidió otro Decreto reglamentario de la Ley sobre Transparencia Fiscal (Ley N° 19.484), el cual tiene por objeto reglamentar el Capítulo II de la misma, referido a la Identificación del Beneficiario Final de diversas entidades y de los titulares de participaciones patrimoniales nominativas.

Nuestros comentarios de la Ley se encuentran disponibles en el siguiente link: http://brumcosta.com/wp-content/uploads/2016/12/LEY-Secreto-Bancario-y-Transparencia-Fiscal-1.pdf

A continuación analizamos los aspectos más relevantes del Decreto.

  1. Definición de Beneficiario Final

La Ley reglamentada establece que se considera beneficiario final la persona física que, directamente o indirectamente, posea como mínimo el 15% (quince por ciento) del capital integrado o su equivalente, o de los derechos de voto, o que por otros medios ejerza el control final sobre una entidad, considerándose tal a una persona jurídica, un fideicomiso, un fondo de inversión o cualquier otro patrimonio de afectación o estructura jurídica.

El Decreto tomó la redacción del art. 1 de la Ley, haciéndole sólo dos agregados:

  1. a) Se aclara que el beneficiario final debe poseer al menos el 15% (quince por ciento) del capital integrado de la sociedad.
  2. b) Se añade que en caso de fundaciones y asociaciones civiles, se deberán identificar los miembros de la Comisión Directiva correspondiente.

En relación a que se entiende por control final, la ley lo define como aquel ejercido directa o indirectamente a través de una cadena de titularidad o a través de cualquier otro medio de control. Por su parte, el Decreto agrega que se entenderá por control final indirecto, el ejercido a través de una cadena de titularidad por la interposición de una o varias personas u otras estructuras jurídicas entre la entidad y la persona física que reúna las condiciones de beneficiario final (según la definición ya mencionada) o a través de cualquier otro medio de control.

  1. Entidades Obligadas

2.1. Entidades residentes 

Si bien la ley ya estableció para las entidades residentes – entendiéndose por tales las comprendidas en el artículo 13 del Título 4 del Texto Ordenado 1996-  la obligación de identificar inequívocamente a sus beneficiarios finales, el Decreto enumera una serie de entidades residentes que se encuentran alcanzadas por dicha obligación, a saber:

a) las sociedades anónimas;
b) las sociedades en comandita por acciones;
c) las sociedades y asociaciones agrarias reguladas por la Ley N° 17.777, de 21 de mayo de 2004;
d) los fideicomisos y fondos de inversión;
e) las sociedades de responsabilidad limitada;
f) las sociedades de hecho;
g) las sociedades colectivas;
h) las sociedades en comandita simple;
i) las sociedades de capital e industria;
j) las cooperativas;
k) las fundaciones;
l) los grupos de interés económico;
m) las sociedades y asociaciones civiles;
ñ) en general, toda otra entidad comprendida en lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley Nº 19.484, de 5 de enero de 2017.

Para el caso de entidades que se encuentran en liquidación, con excepción de las entidades disueltas de pleno derecho conforme la Ley 19.288, el Decreto prevé que las mismas estarán obligadas por las disposiciones de la Ley que se reglamenta hasta tanto la entidad no haya presentado clausura por cese de actividades ante la Dirección General Impositiva  y declarado: a) la extinción de la totalidad del pasivo y adjudicación de la totalidad de los activos; b) la anulación o destrucción de la totalidad de los títulos representativos de participaciones patrimoniales; c) la identificación del liquidador o administrador. Asimismo, la entidad deberá relevar a la Dirección General del secreto tributario al único efecto de comunicar al Registro a cargo del Banco Central del Uruguay, el cumplimiento de las condiciones establecidas, para la cancelación de la inscripción en el mismo.

2.2. Entidades no residentes

En relación a las entidades no residentes obligadas a realizar la identificación, el Decreto remite a las condiciones establecidas por el artículo 24 de la Ley reglamentada, las cuales son:

  • Actuación en Uruguay mediante un Establecimiento Permanente.
  • Radicación en Uruguay de su sede de dirección efectiva para el desarrollo de actividades empresariales en el país o en el exterior.
  • Titularidad de activos situados en territorio nacional por un valor superior a 2.500.000 UI (aproximado de US$ 300.000), de acuerdo a las reglas de valuación de activos aplicables en IRAE.

Se incluyen asimismo a los beneficiarios de fondos de inversión y fideicomisos del exterior, cuyos administradores o fiduciarios sean residentes en el territorio nacional.

  1. Entidades Excluidas

La ley ya excluía de la obligación de identificación a las entidades que se enumeran en los numerales I a III a continuación, facultando al Poder Ejecutivo a exceptuar otras que en función de su naturaleza y composición de capital sean de bajo riesgo en materia de lavado de activos y evasión tributaria, agregándose entonces los numerales IV a VIII que precisaremos seguidamente.

Se excluyen:

  1. Las entidades cuyos títulos de participación patrimonial sean propiedad, directa o indirectamente, de sociedades que coticen a través de las bolsas de valores nacionales, internacionales de reconocido prestigio o en otros procedimientos de oferta pública, siempre que los títulos estén a disposición inmediata para su venta o adquisición en los referidos mercados.
  2. Los fondos de inversión y fideicomisos constituidos en el exterior inscriptos y supervisados por el órgano de contralor en su país de residencia, cuyos beneficiarios sean sociedades que coticen en bolsas de valores de reconocido prestigio y, en su defecto, siempre que exista la obligación de identificar a su beneficiario final conforme a las normas de dicho país y se encuentran vigentes con el mismo instrumentos efectivos de asistencia administrativa mutua para intercambio de información.
  3. Los condominios, las sociedades conyugales y las sociedades de bienes reguladas por la Ley 18.246 (unión concubinaria).
  4. Las entidades cuyos títulos de participación patrimonial coticen a través de bolsas de valores nacionales, de bolsas internacionales de reconocido prestigio o de otros procedimientos de oferta pública, siempre que dichos títulos estén a disposición inmediata para su venta o adquisición en los referidos mercados.
  5. Las entidades disueltas de pleno derecho conforme a lo establecido en la Ley N° 19.288
  6. Las entidades no residentes cuyos activos consistan únicamente en: i) participaciones patrimoniales en entidades residentes; ii) créditos por importaciones de bienes, anticipos de exportaciones, dividendos o utilidades a cobrar, servicios personales, materiales y financieros a cobrar, arrendamientos, comisiones y regalías a cobrar iii) préstamos o colocaciones, incluyendo títulos, bonos y otros instrumentos de deuda de cualquier clase, y sus rendimientos a cobrar.
  7. Las asociaciones civiles que tuvieran ingresos de cualquier naturaleza al cierre del ejercicio anual por debajo de 4:000.000 unidades indexadas, o activos por un valor inferior a 2:500.000 unidades indexadas, valuados de acuerdo a las normas del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas.
  8. Los fideicomisos y fondos de inversión supervisados por el Banco Central del Uruguay.

Las entidades aludidas en los puntos I, II y IV deberán informar al Registro del Banco Central del Uruguay (Ley 18.930) que se encuentran en tal situación y cumplir con las obligaciones de conservación de registros y documentos a la que referimos en el punto 8.

Por otra parte, se establece que determinadas entidades deberán cumplir con la obligación de identificar a los beneficiarios finales, pero no estarán obligadas a presentar la declaración jurada. Estas son:

  • Las sociedades personales o sociedades agrarias (Ley 17.777) en que la totalidad de cuotas sociales pertenezcan a personas físicas, siempre que sean estas sus beneficiarios finales. Se considerarán sociedades personales las sociedades colectivas, sociedades en comandita simple, sociedades de capital e industria, sociedades de responsabilidad limitada y sociedades en comandita por acciones respecto del socio comanditado.
  • Las sociedades de hecho y sociedades civiles integradas exclusivamente por personas físicas que sean sus titulares efectivos.
  • Las cooperativas integradas exclusivamente por personas físicas, siempre que sean sus titulares efectivos.

Dichas entidades deberán conservar toda la documentación acreditante, ya que la misma podrá ser solicitada en cualquier momento por los organismos que tengan acceso al Registro que lleva el Banco Central del Uruguay, así como la Auditoría Interna de la Nación.

  1. Contenido de la declaración jurada sobre beneficiario final

Se establece que la declaración jurada deberá contener expresamente: a) datos identificatorios; b) información respecto el capital.

A) Datos identificatorios

  1. Beneficiarios finales que controlan directamente la entidad: nombre de la persona física titular, estado civil con identificación del cónyuge y especificación del régimen de bienes, domicilio real, y en su caso, fiscal y constituido ante la Dirección General Impositiva, nacionalidad, aportando según corresponda, número de cédula de identidad expedida por la Dirección Nacional de Identificación Civil, número de identificación expedido por el Registro Único Tributario (RUT) de la Dirección General Impositiva, o documento de identificación fiscal expedido por otro Estado.
  2. Beneficiarios finales que controlen indirectamente la entidad: además de lo requerido en el numeral I, deberán dar la siguiente información: composición de la cadena de titularidad, indicando para cada persona jurídica, fideicomiso, fondo de inversión o cualquier otro patrimonio de afectación o estructura jurídica, en el caso de personas jurídicas o de otras entidades: denominación social y nombre de fantasía de la persona jurídica o entidad, lugar y fecha de constitución, domicilio, sede, domicilio fiscal y constituido ante el organismo fiscal, número de identificación expedido por el Registro Único Tributario (RUT) de la Dirección General Impositiva o número de identificación fiscal expedido por otro Estado, en su caso.

En ambas situaciones deberá indicarse si el beneficiario final es o no residente, lo que tendrá importancia para la fiscalización tributaria.

En el caso de los fideicomisos, deberá identificarse a la o las personas físicas que cumplan con las condiciones dispuestas en el artículo 22 de la Ley. Cuando los beneficiarios del fideicomiso estén aún por designarse, deberán indicarse las características o categoría de las personas en beneficio del cual se ha creado o en cuyo interés principal esté constituido o funcione.

B) Capital integrado o su equivalente, derechos de voto, u otro medio de control:

  1. Porcentaje de los que cumplen las condiciones de beneficiarios finales (art. 1);
  2. Porcentaje de los que no las cumplen;
  3. Porcentaje de los que desconocen a su beneficiario final;
  4. Porcentaje de capital integrado o su equivalente cuyos titulares sean sociedades que coticen a través de bolsas de valores nacionales, de bolsas internacionales de reconocido prestigio o de otros procedimientos de oferta pública, siempre que dichos títulos estén a disposición inmediata para su venta o adquisición en los referidos mercados.

Asimismo, para el caso de las sociedades anónimas, las sociedades en comandita por acciones, las sociedades y asociaciones agrarias reguladas por la ley 17.777, los fideicomisos y fondos de inversión, o cualquier otra persona jurídica o entidad habilitada a emitir participaciones o títulos nominativos deberán comunicar, además de la información relativa al beneficiario final, lo siguiente:

  1. Personas físicas: nombre del titular, estado civil con identificación del cónyuge, naturaleza jurídica propia o ganancial de los títulos declarados, domicilio real, y en su caso, fiscal y constituido ante la Dirección General Impositiva, nacionalidad, aportando según corresponda, número de cédula de identidad expedida por la Dirección Nacional de Identificación Civil, número de identificación expedido por el Registro Único Tributario (RUT) de la Dirección General Impositiva, o documento identificatorio expedido por otro Estado.Si se tratase de sucesiones indivisas y no hubiese aún declaratoria judicial de herederos, la declaración podrá ser formulada por cualquiera de los herederos presuntos con calidad acreditada mediante certificado notarial, a nombre de la sucesión indivisa. Una vez declarados judicialmente los herederos corresponderá efectuar nueva declaración indicando el porcentaje que le corresponde a cada heredero en el acervo sucesorio.
  2. Personas jurídicas u otras entidades: razón social y nombre de fantasía de la persona jurídica o entidad titular, lugar y fecha de constitución, domicilio, sede, domicilio fiscal y constituido ante el organismo fiscal, número de identificación expedido por el Registro Único Tributario (RUT) de la Dirección General Impositiva, en su caso, así como nombre, domicilio y documento identificatorio del representante.

En ambos casos deberá indicarse también el porcentaje de participación, el valor nominal total de las participaciones patrimoniales emitidas por la entidad, la identificación del depositario o custodio y el lugar donde las participaciones se encuentran depositadas o en custodia.

  1. Presentación de declaraciones juradas

El Banco Central del Uruguay deberá poner a disposición un formulario de declaración a ser utilizado por las entidades que deben efectuar la misma. Dicho formulario deberá ser suscrito por quienes representen debidamente a la respectiva entidad.

 El otorgamiento y suscripción, así como la personería jurídica y la representación de los firmantes llevará certificación notarial por parte de un Escribano Público, quien será el encargado de remitir a la Superintendencia de Servicios Financieros el formulario y la certificación notarial referidos a través de firma electrónica avanzada, previamente registrada ante el Banco Central del Uruguay.

  1. Plazos

Las entidades deberán enviar por medios informáticos las declaraciones juradas, dentro del plazo de 60 (sesenta) días corridos a partir de:

1° de agosto de 2017, en el caso de las entidades obligadas a informar por la Ley 18.930 (identificación de titulares de participaciones al portador).

1° de mayo de 2018, en el caso de las entidades emisoras de acciones nominativas, sociedades personales y demás entidades[1].

Por su parte, las nuevas entidades que se constituyan deberán cumplir con la obligación de presentar la declaración jurada dentro de los 30 días a partir de la fecha de la efectiva formalización de la entidad o de los supuestos por los cuales devinieren obligadas.

  1. Modificación de los datos de la declaración jurada

Toda modificación de los datos contenidos en la declaración, excepto la variación del valor nominal que no altere el porcentaje de participación, deberá ser comunicada:

a) Dentro de los 30 días de su verificación para el caso de residentes.

b) Dentro de los 90 días de su verificación para el caso de que los beneficiarios finales o los titulares de participaciones o títulos nominativos sean no residentes.

En el caso de que se altere el porcentaje de participaciones de los accionistas, socios o partícipes en el capital integrado o su equivalente o en el patrimonio según corresponda, como consecuencia de la modificación del contrato social o instrumento equivalente, el plazo referido en el inciso anterior se computará desde la fecha del acto correspondiente o de la resolución del órgano societario competente, que determine la modificación en las participaciones de los titulares o beneficiarios finales.

  1. Conservación de registros

Los sujetos obligados deberán conservar en su domicilio los registros y la documentación respaldante obtenida para la identificación en las mismas condiciones que las establecidas para los libros sociales obligatorios para las sociedades comerciales y por un plazo mínimo de cinco años contados a partir de su obtención.

     9. Acceso a la Información del Registro

Los datos de los que disponga el BCU, serán restringidos y únicamente podrán ser remitidos a:

a) La Dirección General Impositiva siempre que tal información se solicite una vez que se haya iniciado formalmente una actuación inspectiva vinculada a sujetos pasivos determinados, o para el cumplimiento de solicitudes expresas y fundadas por parte de la autoridad competente de un Estado extranjero, exclusivamente en el marco de convenios internacionales ratificados por la República en materia de intercambio de información o para evitar la doble imposición, que se encuentren vigentes.

b) La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Unidad de Información y Análisis Financiero del BCU, en el desarrollo de sus cometidos.

c) El Poder Judicial, cuando mediare resolución fundada únicamente de las Sedes Penales o de la Justicia competente si estuviera en juego una obligación alimentaria.

d) La Junta de Transparencia y Ética Pública, siempre que tal información se solicite una vez que se haya iniciado formalmente una actuación vinculada al ámbito de su competencia.

e) Otros organismos, siempre que cuenten con la autorización expresa y por escrito de los sujetos cuyos datos estén consignados en el Registro.

  1. Sanciones

Como se expresó anteriormente en el informe referido a la Ley, el control del cumplimiento de las obligaciones, así como la imposición de las sanciones, está a cargo de la Auditoría Interna de la Nación, previéndose que el Banco Central otorgue la información pertinente.

El Decreto confiere potestades a la Auditoría Interna de la Nación, las que si bien tienen una redacción amplia, deben interpretarse en el marco de la Ley y para el único cometido de fiscalización del cumplimiento de estas obligaciones.

Asimismo, los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas conforme a la Ley 17.835 y modificativas (Ley del Fortalecimiento del Sistema de Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo), están obligados a exigir a sus clientes, cuando corresponda, como parte de sus procedimientos de debida diligencia, la información resultante del cumplimiento del reporte al BCU.

Al igual que ocurre con la Ley 18.930, las sanciones por incumplimiento son cuantiosas y diversas, las cuales fueron dispuestas expresamente por la Ley.

El Decreto agrega que las multas establecidas por la Ley se graduarán en función de la dimensión económica de las entidades y del plazo del incumplimiento, considerando el valor de la multa máxima por contravención establecida por el art. 95 del Código Tributario[2], y previendo multas de hasta 100 veces dicho valor (aproximadamente US$ 25.750)

El sistema es similar al ya regulado en el Decreto 247/012 (reglamentario de la Ley 18.930), el que puede cuestionarse. En efecto, las sanciones no se gradúan por la entidad de la infracción, sino por la dimensión del incumplidor, lo que no se condice con varios derechos y principios aplicables.

En relación a la dimensión económica, se establece que la misma será definida tomando en consideración el Activo y los Ingresos que consten en los Estados contables correspondientes al cierre del último ejercicio económico.

Se dispone también que se entenderá por entidad de pequeña y mediana dimensión económica a aquellas cuyos activos no superen las 7.500.000 unidades indexadas o cuyos ingresos no superen las 24.000.000 unidades indexadas. Aquellas entidades que superen cualquiera de dichos montos, serán consideradas de gran dimensión económica.

Finalmente, se determinan los siguientes criterios para la graduación de las multas:

a) Incumplimiento de la obligación de identificar e informar el beneficiario final– se graduará entre un mínimo de 2 y un máximo de 100 veces la multa máxima por contravención establecida en el artículo 95 del Código Tributario.

Se tomará en consideración para la graduación de la multa el porcentaje de participación respecto del cual se desconoce su beneficiario final.

b) Incumplimiento de las obligaciones de identificar e informar la titularidad de acciones o partes sociales nominativas– se graduará entre un mínimo de 20 y un máximo de 100 veces la multa máxima por contravención establecida en el artículo 95 del Código Tributario.

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[1] Se establece que dicho plazo también  será  aplicable a las entidades obligadas a informar por la Ley 18.930 que  tengan  presencia real en nuestro país y que, aun habiendo adoptado todas las medidas razonables para conocer su estructura de propiedad y control, no hubieran podido determinar la identidad de su o sus beneficiarios finales, en razón de la existencia de entidades residentes en terceras jurisdicciones siempre que cumplan con una serie de requisitos que enumera el art 26 del Decreto.

[2] El valor de la multa por contravención para el año 2017 fue fijado por el Decreto 396/016, del 19 de diciembre de 2016, en un mínimo de $ 360 y un máximo de $ 7.210.

** Comentario realizado por la Dra. Paula Garat y la Dra. Macarena Lapido.