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PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO EN EL SECTOR NO FINANCIERO CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN DE SANCIONES Comentarios a Resolución SENACLAFT N°016/2017

Octubre, 2017

 

PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO EN EL SECTOR NO FINANCIERO

CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN DE SANCIONES

Comentarios a Resolución SENACLAFT N°016/2017

El pasado martes 24 de octubre la Secretaría Nacional para la lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (“SENACLAFT”), adoptó la Resolución N° 016/2017 (en adelante la “Resolución”), por intermedio de la cual se dictan una serie de criterios rectores en materia de aplicación de sanciones, respecto de todas aquellas Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (“APNFD”) mencionadas en el artículo 2 de la Ley N°17.835, del 23 de setiembre de 2004, que incumplan la normativa vigente en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (“LA/FT”).

Seguidamente haremos algunos comentarios acerca de la Resolución:

Introducción

El art. 2 de la Ley 17.835 dispone la obligación de efectuar Reportes de Operaciones Sospechosas de LA/FT a la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay, para todas las APNFD mencionadas en dicha norma, dentro de las cuales se encuentran las inmobiliarias, constructoras, escribanos, rematadores y administradores de sociedades (entre otros).

Por mandato legal el incumplimiento por parte de las APNFD de las obligaciones dispuestas a su cargo en materia de prevención de LA/FT, determinará la aplicación de sanciones por parte de la SENACLAFT. Dichas sanciones deberán aplicarse apreciando la entidad de la infracción y los antecedentes del infractor, y son las que se mencionan a continuación:

  • Apercibimiento;
  • Observación;
  • Multa;
  • Suspensión temporaria del sujeto obligado (máximo 3 meses), o con previa autorización judicial, en forma definitiva.

De forma tal de establecer parámetros objetivos a la hora de aplicar estas sanciones es se crea la Resolución cuyo contenido se analizará seguidamente.

Tipos de infracciones (nivel de gravedad)

En lo que respecta a los tipos de infracciones de acuerdo a su nivel de gravedad, se establecen las categorías de graves, severas y leves, fijándose una lista de incumplimientos por cada categoría.

En síntesis, los incumplimientos calificados como graves consisten en la omisión de efectuar ROS en los casos en que existen indicios claros y manifiestos de que la operación es sospechosa de LA/FT, la no aplicación de medidas de debida diligencia intensificada en las situaciones que prevé la norma (no residentes, jurisdicciones de riesgo, PEPs, etc.), la no conservación de la documentación por el plazo legal (5 años), así como en todas aquellas acciones u omisiones del sujeto obligado tendientes a obstruir los poderes inspectivos, de solicitud de información y/o correctivos de la SENACLAFT.

Por su parte, dentro de las infracciones severas se establecen como tales la omisión de efectuar ROS ante la negativa del cliente a proporcionar la información solicitada en el marco de los procedimientos de debida diligencia de clientes (art. 11 BIS del Decreto 355/010), la omisión –“no deliberada”- de efectuar ROS cuando corresponda, la no inscripción en el Registro de Sujetos Obligados de la SENACLAFT “en los plazos que establezca la reglamentación para cada sector de sujetos obligados”, así como en los casos en donde se detecten carencias en la implementación del sistema de prevención de LA/FT por parte del sujeto obligado, que no hayan sido previstas como infracciones graves, y siempre y cuando no sean ocasionales o aislados en cuyo caso serán considerados como leves.

En esta instancia caben destacarse dos aspectos importantes: en primer lugar, la mención al Registro de Sujetos Obligados de la SENACLAFT; a la fecha dicho Registro no ha sido creado y tampoco lo crea la propia Resolución, por lo que es de esperarse que a la brevedad la SENACLAFT dicte otra resolución en este sentido, fijando asimismo los plazos de inscripción.

En segundo término, cabe destacarse la diferencia que existiría entre la omisión de efectuar ROS calificada como infracción grave, de la omisión de efectuar dicho reporte calificada como infracción severa (en tanto ello repercutirá en los topes máximo de las multas): tal diferencia parecería estar en la aparición o no de indicios claros y manifiestos de LA/FT de la operación no reportada. Sin perjuicio de ello, el carácter de “no deliberada” de la omisión calificada infracción severa no favorece a la claridad del asunto, sobre todo teniendo en cuenta que (como se analizará oportunamente) la intervención deliberada del sujeto obligado en una operación de LA/FT es objeto de regulación específica dentro de la sección “situaciones especiales”, lo que podría generar una inconsistencia en la norma.

Finalmente dentro de los incumplimientos calificados como leves, encontramos la no aplicación de procedimientos de debida diligencia de clientes común o simplificada -según corresponda-, la omisión de los Escribanos de dejar constancia de la realización de la debida diligencia en las escrituras en las que intervienen, así como cualquier infracción a la normativa vigente en materia de prevención de LA/FT, que no haya sido calificada como infracción grave o severa.

Respecto de esta última categoría de infracciones, la Resolución pareciera crear de forma indirecta una obligación hasta ahora no prevista por la normativa legal y reglamentaria en cabeza de los Escribanos, debido a que si bien éstos ya se encontraban obligados a implementar procedimientos de debida diligencia de clientes, no existe ninguna norma que los obligara a dejar constancia expresa de su realización en las escrituras.

Criterios de graduación y aplicación de sanciones.

La Resolución dispone que los criterios a ser utilizados para la imposición de sanciones serán la naturaleza de la obligación infringida, magnitud, cuantía de la operación, existencia o no de intencionalidad del sujeto obligado, perfil y capacidad económica del mismo, así como también se considerarán las circunstancias atenuantes y agravantes que rodean la infracción.

En cuanto a estas circunstancias, como atenuantes se establecen la colaboración del sujeto obligado con la SENACLAFT en el esclarecimiento posterior de la situación, y la ocasionalidad de la infracción. Por su parte, como agravantes se disponen el ocultamiento de la infracción por parte del sujeto obligado, beneficios obtenidos por dicho sujeto obligado para sí mismo o para terceros a partir de la comisión de la infracción, la reincidencia y los antecedentes del infractor en los últimos 5 años.

Por su parte y en lo vinculado a la aplicación de sanciones, la Resolución fija la forma en que la SENACLAFT deberá sancionar en función del tipo de infracción (nivel de gravedad) del que se trate, de la siguiente manera:

  • Infracciones leves: apercibimiento, observación o multa según la escala aplicable a este tipo de infracción, fijada de acuerdo a la categoría en la que se encuentre el sujeto obligado infractor en base a sus ingresos brutos anuales, a cuyos efectos deberá presentar su última declaración jurada de impuestos (IRPF o IRAE, según corresponda) realizada ante la Dirección General Impositiva (ver recuadros debajo). En caso de que el infractor no esté inscripto en DGI, sus ingresos se determinarán en base a las operaciones en las que intervino como tal en el período fiscalizado, y si esto no fuera posible de determinar (por ej. por falta de documentación), se aplicará un ficto de entre el 1 y el 5% sobre el volumen de las transacciones no declaradas que puedan llegar a ser detectadas por los supervisores;
  • Infracciones severas: observación o multa según la escala aplicable a este tipo de infracción, de acuerdo a la categoría en base a ingresos en la que se encuentre el infractor (ver recuadros debajo);
  • Infracciones graves: multa según la escala aplicable a este tipo de infracción, de acuerdo a la categoría en base a ingresos en la que se encuentre el infractor (ver recuadros debajo), suspensión temporaria o suspensión definitiva del sujeto obligado.

Asimismo se deberán tener en cuenta las situaciones especiales reguladas por el numeral 3 de la Resolución, las que se mencionarán más adelante.

Sin perjuicio de las escalas de multas por categoría en base a ingresos que se expondrán en los recuadros siguientes, es importante tener presente que en todos los casos las multas tendrán un mínimo de 1.000 UI (mil unidades indexadas) y un máximo de 20.000.000 UI (veinte millones de unidades indexadas)  

Escalas de multas por categoría en base a ingresos del sujeto obligado

A continuación se transcribirán los recuadros explicativos que adjunta la Resolución, en función de los cuales se determinan las escalas de multas aplicables a los sujetos obligados infractores, según la categoría de ingresos en la que se ubiquen:

 

 

 

 

 

 

Las atenuantes o agravantes podrán reducir o aumentar la cuantía de la multa hasta en un 50%.

Situaciones especiales

Finalmente la Resolución regula las “situaciones especiales” que se pueden suscitar a la hora de evaluar los incumplimientos, las cuales en definitiva operan como circunstancias agravantes de la infracción.

El efecto práctico que tienen estas situaciones es la posibilidad de aplicar la suspensión temporal del sujeto obligado o la aplicación de la multa máxima (es decir 20.000.000 de UI).

Dichas situaciones son la habitualidad de las infracciones cometidas por el sujeto obligado (3 sanciones en un período de 10 años), y  cuando existen “razones comprobables” de que el sujeto obligado intervino consciente y deliberadamente en una operación de LA/FT respecto de la cual omitió efectuar el ROS correspondiente.

 

 

Comentarios Res SENACLAFT 016-2017 (002)