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IMPORTANTES MODIFICACIONES A LA LEY DE ZONAS FRANCAS

IMPORTANTES MODIFICACIONES A LA LEY DE ZONAS FRANCAS

1.- APROBACIÓN DEL PROYECTO

Hace ya mucho tiempo se venía discutiendo un Proyecto de Ley que introducía cambios al régimen de zonas francas, hasta ahora regulado por la Ley 15.921, del 17 de diciembre de 1987, y modificativas. Este Proyecto fue aprobado, finalmente, por la Cámara de Senadores el 21 de marzo de 2017, y se le introdujeron cambios en la Cámara de Representantes, aprobándose el 14 de noviembre de 2017.

El Proyecto volvió, entonces, a la primera Cámara. Si bien no se pudo corroborar el acta del Diario de Sesiones, la ficha parlamentaria indica que las modificaciones se aceptaron con fecha 29 de noviembre de 2017[1].

El Proyecto habría sido, entonces, sancionado, habiendo sido promulgado en forma tácita -luego del transcurso de 10 días-, y estando aún pendiente su publicación[2].

No obstante lo anterior, el artículo 31 del mismo prevé que estas normas entrarán en vigencia a los 90 días desde su promulgación, por lo que aún falta el transcurso de dicho plazo para que comience su aplicación.

2.- LOS CAMBIOS Y SU VÍNCULO CON EL LISTADO DE LA UNIÓN EUROPEA

Los cambios que se introducen al régimen de zonas francas son sustanciales, y poseen relación con la elaboración y posterior publicación, por la Unión Europea, de un listado de países cooperantes con el estándar internacional en relación a lo fiscal.

En efecto, el pasado 5 de diciembre la Unión Europea publicó dicha lista[3] -lo que se conoce comúnmente como “paraísos fiscales”-, entre los que están, por ejemplo, Panamá o Barbados.

La clasificación supuso un extenso análisis sobre cada régimen, y diálogo con los correspondientes Estados. Para ello, se tomaron en cuenta tres criterios:

  1. La transparencia, para lo que se pregunta si el país cumple con los estándares internacionales de intercambio de información.
  2. La competencia fiscal perjudicial, en lo que cuestiona si tiene normas fiscales perjudiciales y si aplica las reglas BEPS; y
  3. La actividad económica real, en la que analiza si la tasa impositiva del país alienta la creación de estructuras impositivas artificiales.

Uruguay fue contemplado como uno de los países que poseen regímenes perjudiciales en lo que hace a la competencia fiscal perjudicial (punto 2), pero que se comprometieron a modificarlo en el año 2018[4].

Justamente, uno de los puntos a ser modificados es el referido a las zonas francas, el que ya había sido observado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en el marco de la aplicación del plan BEPS, pues calificaba a Uruguay como un país “con incentivos fiscales dañinos”[5].

Se trata, entonces, de otro aspecto de nuestra normativa que debió acompasarse a estándares internacionales. A la flexibilización del secreto bancario, el intercambio automático, el régimen BONT, entre otros, se le adicionan estos cambios. Analizaremos los más importantes a continuación.

3.- CAMBIOS INTRODUCIDOS A LA LEY DE ZONAS FRANCAS

Agruparemos los principales cambios en cuatro grupos: a) las modificaciones a las exigencias para poder operar en la zona franca, lo que se relaciona con la necesidad de acreditar una real actividad sustancial en las mismas; b) los cambios relativos a la actividad que los usuarios pueden realizar; c) modificaciones tributarias y d) otros aspectos de relevancia.

3.1.- MODIFICACIONES A LAS EXIGENCIAS PARA PODER OPERAR EN LA ZONA FRANCA. LA NECESARIA ACTIVIDAD SUSTANCIAL.

La zona franca implica un régimen impositivo excepcional desde el punto de vista tributario. Por tanto, la exigencia internacional en este punto -y derivada del plan BEPS- es que no se trate de meras empresas vehículo o sin actividad, que se benefician de dicho régimen erosionando las bases impositivas del otro país, y perjudicando a la fiscalidad del mismo. Se exige que sean empresas reales contando con una real actividad sustancial.

Para asegurar esto, la nueva ley incrementa los requisitos para autorizar a las empresas en zona franca:

a) Las personas jurídicas que se instalen en calidad de usuarios deberán tener como objeto exclusivo la realización de alguna de las actividades previstas en esta regulación.

b) Se prevé que el Poder Ejecutivo establecerá requisitos en términos de niveles mínimos de personal ocupado o activos fijos, u otros que entienda pertinentes.

c) A los efectos de ser autorizado como usuario, se debe presentar información sobre la empresa y el proyecto de inversión (incluido el plan de negocios), a los efectos de que se evalúe su viabilidad económica y financiera, y su contribución a los objetivos. Además de promover las inversiones -objetivo que ya estaba contemplado en la anterior legislación- se agregan como objetivos de las zonas francas: diversificar la matriz productiva, generar empleo, incrementar las capacidades de la mano de obra nacional, aumentar el valor agregado nacional, impulsar las actividades de alto contenido tecnológico e innovación, promover la descentralización de las actividades económicas y el desarrollo regional, y favorecer la inserción del país en la dinámica del comercio internacional de bienes y servicios, y los flujos internacionales de inversiones. Estos objetivos serán analizados al momento de aprobar o desaprobar a un usuario y a su proyecto.

Asimismo, se limitan los plazos de autorización. Los contratos de usuario directo, o sus respectivas prórrogas, tienen un plazo máximo 15 años para la realización de actividades industriales; y 10 años para las comerciales o de servicios. Para los usuarios indirectos el plazo máximo es de 5 años. Se prohíben las prórrogas automáticas.

Para los actuales usuarios directos e indirectos, y para el caso de que sus contratos carecieran de plazo, cuyo plazo excediere el anterior, o que tuvieren prórrogas automáticas, se debe presentar para su aprobación por el Área Zonas Francas de la Dirección General de Comercio, dentro de un año desde la reglamentación de la ley. Corresponderá agregar información actualizada sobre la empresa y el plan de negocios en curso, que permita evaluar la viabilidad económica y financiera y su contribución al cumplimiento de los objetivos antes detallados.

3.2.- CAMBIOS EN LA ACTIVIDAD QUE SE PUEDE REALIZAR EN LAS ZONAS FRANCAS

Hasta el momento, los usuarios de zona franca podían prestar actividad dentro de la zona franca, como desde ella a terceros países. Excepcionalmente, ciertos servicios podrían ser dados a territorio nacional no franco.

Los cambios introducidos se enfocan a la actividad que se puede realizar hacia territorio nacional no franco:

a) Se puede realizar compraventa de bienes o mercaderías que ingresan a la zona franca en que se realiza la actividad o a otra zona franca, y que tengan por origen y destino el territorio nacional -y no exclusivamente el exterior, como era la anterior regulación-.

b) Se pueden prestar servicios desde zona franca, a territorio nacional no franco, a empresas que sean contribuyentes de IRAE.

c) Se pueden prestar, -entendemos nosotros a clientes finales personas físicas no contribuyentes de IRAE-, los siguientes servicios a territorio nacional no franco:

1) centro internacional de llamadas, excluyéndose a aquellos que tengan como único o principal destino el resto del territorio nacional.

2) Casillas de correo electrónico

3) Educación a distancia

4) Emisión de certificados de firma electrónica.

5) Asimismo, el Poder Ejecutivo puede habilitar otros servicios.

Hacemos esta interpretación sobre la prestación de los servicios incluidos en el literal c) anterior, pues creemos que es la única que armoniza con el hecho de que a partir de la nueva ley se pueden prestar servicios desde zona franca a zona no franca, a contribuyentes de IRAE, como se vio en el literal b) anterior.

Por otra parte, la actividad sustancial del usuario de la zona franca, se debe realizar en la zona franca. Al igual que la regulación hoy vigente, el usuario no puede realizar por sí o a través de terceros actividades como: enajenación, promoción, exhibición, entrega de mercaderías, etc.

No obstante, y excepcionalmente, se autoriza a que pueda desarrollar, en territorio nacional no franco: a) la actividad de cobranza de carteras morosas, a través de terceros; y b) la de exhibición de mercaderías.

En esta última se modifica lo anterior, puesto que para posibilitarse la exhibición debe tratarse de empresas que tengan desventajas de localización. Se autorizará un único lugar de exhibición por desarrollador, en Montevideo. La duración deberá ser inferior a 7 días y no podrán superar de 4 por año.

Para realizar estas actividades, u otras de carácter auxiliar, se debe tener autorización previa. Incluso se prevé que, con autorización, se puede desarrollar actividad fuera de las zonas francas, en oficinas administrativas proporcionadas por los desarrolladores de las zonas francas, siempre que éstas tengan una naturaleza complementaria de la actividad sustantiva.

Por otra parte, el comercio al por menor dentro de las zonas francas continúa prohibido, aunque se especifica que esta prohibición no comprende la provisión de bienes y servicios entre usuarios o entre usuarios y desarrolladores de las zonas francas. Asimismo, las actividades comerciales o de servicios destinadas a satisfacer el consumo final de bienes y servicios por parte del personal de las zonas en oportunidad de realizar su actividad laboral dentro de las mismas, que realice el desarrollador o contrate con terceros no usuarios y que resulten necesarias para la realización de las actividades de la zona, tampoco se encuentran alcanzadas por la prohibición.

3.3.- MODIFICACIONES TRIBUTARIAS

 a) Exoneración tributaria y limites

Continúa aplicándose la exoneración tributaria ya prevista para las zonas francas en materia de IRAE e IVA.

Esta exoneración no aplica para las actividades previstas en el literal c de la sección anterior, estando alcanzadas por el régimen general de tributación y pudiendo establecerse el mismo en base a regímenes de retención.

Para el caso de las zonas temáticas de servicios, esta exoneración se aplica exclusivamente con relación a los servicios prestados a consumidores finales que no tengan residencia fiscal en el territorio nacional.

b) Rentas de explotación de derechos de propiedad intelectual y bienes intangibles

Se incluye una previsión específica para las rentas derivadas de la explotación de derechos de propiedad intelectual y otros bienes intangibles, las cuales estarán exentas siempre que provengan de actividades de investigación y desarrollo realizadas dentro de las zonas francas. Este es otro de los aspectos en los que la norma se acompasa con el régimen de BEPS.

Se agrega que cuando los referidos bienes se encuentren amparados por la normativa de protección y registro de los derechos de propiedad intelectual, las rentas derivadas de los mismos estarán exoneradas exclusivamente por el monto correspondiente a la relación que guarden los gastos o costos directos incurridos para desarrollar dichos activos, incrementados en un 30%, sobre los gastos o costos totales incurridos para desarrollarlos.

 

c) Régimen de Precios de Transferencia

Se agrega una norma específica sobre precios de transferencia. Los usuarios de zona franca serán solidariamente responsables por las obligaciones tributarias que les correspondan a los sujetos pasivos de IRAE -que no sean usuarios- y que se deriven de un ajuste por el régimen de precios de transferencia.

Esto ocurrirá cuando: a) estas dos partes estén vinculadas, esto es, estén sujetas a una misma dirección o control, sea por su participación en el capital, el nivel de sus derechos de crédito, sus influencias funcionales o de cualquier otra índole, contractuales o no, teniendo poder de decisión para orientar y definir a o las actividades; y b) cuando las prestaciones y condiciones de las operaciones efectuadas entre estas dos partes no se ajusten a las prácticas normales del mercado, entre entidades independientes.

 

3.4.- OTRAS MODIFICACIONES DE RELEVANCIA

(a) Reporte de información: El usuario, sea directo o indirecto, tiene que presentar, cada dos años, una declaración jurada al Área Zonas Francas de la Dirección General de Comercio, con información relativa al cumplimiento del proyecto de inversión aprobado, en la forma y condiciones que establezca el Poder Ejecutivo.

(b) Contratación de personal uruguayo. Según ya se encuentra en aplicación, los usuarios de zona franca tienen que emplear un mínimo del 75% de personal ciudadano uruguayo, naturales o legales. Se agrega que el porcentaje: (i) podrá ser reducido contemplando situaciones especiales, de inicio o ampliación de actividades, o razones de interés general. En estos casos, igualmente, el Poder Ejecutivo podrá requerir a los usuarios la implementación de planes de capacitación de trabajadores con el objeto de alcanzar el porcentaje mínimo respectivo; y (ii) en las actividades de servicios, el mínimo podrá ser del 50% por hasta el plazo del contrato del usuario respectivo, cuando la naturaleza del negocio desarrollado así lo requiera y procurando siempre los mayores niveles de participación factibles de ciudadanos uruguayos.

(c) Zonas temáticas de servicios. Se faculta al Poder ejecutivo a autorizar la explotación de zonas temáticas de servicios, para la prestación de servicios audiovisuales, esparcimiento y entretenimiento, con excepción de juegos de azar y apuestas, así como sus actividades complementarias. Se prevé que los usuarios de las zonas temáticas de servicios audiovisuales podrán realizar actividades de filmaciones en el resto del territorio nacional, en las condiciones que determine el Poder Ejecutivo, y siempre que los costos de las mismas no excedan del 25% de los costos totales anuales del usuario correspondiente.

(d) Texto Ordenado. El Poder Ejecutivo está facultado para elaborar un texto ordenado a los efectos de recopilar las disposiciones vigentes de fuente legal, aplicables a las zonas francas, lo que será de mucha utilidad dada la dispersión normativa generada.

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[1] La información se encuentra en: https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/ficha-asunto/125035/ficha_completa

[2] Ello se deduce de la información disponible a la fecha, aunque no se conoce con exactitud el estado actual del trámite, o si tuvo alguna variación no publicada en las fuentes consultadas.

[3] Al respecto: https://ec.europa.eu/taxation_customs/tax-common-eu-list_en

[4] Al respecto: http://www.consilium.europa.eu/media/31945/st15429en17.pdf (página 15).

[5] Al respecto véase informe de OCDE en el siguiente enlace: http://www.oecd.org/tax/beps/harmful-tax-practices-2017-progress-report-on-preferential-regimes-9789264283954-en.htm