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PROYECTO NORMATIVO BCU Recopilación de Normas del Mercado de Valores

Diciembre de 2017

 

PROYECTO NORMATIVO BCU

Recopilación de Normas del Mercado de Valores 

Intermediarios de Valores, Asesores de Inversión, Gestor de Portafolios

  1. Introducción

Días atrás el Banco Central del Uruguay (“BCU”) circularizó un proyecto normativo por intermedio del cual se pretende introducir modificaciones al régimen de los Intermediarios de Valores y de los Asesores de Inversión, creando asimismo una nueva figura denominada “Gestor de Portafolios” (en adelante el “Proyecto”).

El BCU otorgó plazo hasta el 15 de marzo de 2018 para recibir comentarios por parte de las instituciones comprendidas en el Proyecto.

Asimismo, el Proyecto prevé que el plazo de adecuación al nuevo régimen normativo por parte de las instituciones será de 180 días contados a partir de la aprobación de las modificaciones, lo que se espera se lleve a cabo a mediados del próximo año.

Seguidamente haremos algunos comentarios sobre las principales modificaciones que pretende introducir el Proyecto.

  1. Intermediarios de Valores

En lo que respecta a los Intermediarios de Valores (en adelante los “Intermediarios”), en primer lugar el Proyecto se ocupa de delimitar el alcance del objeto exclusivo dentro del cual éstos pueden operar. Con ello se apunta a despejar algunas dificultades interpretativas generadas por el régimen actual, en tanto la norma vigente no incluye mayores precisiones acerca de los límites de actuación de los Intermediarios.

En este sentido el Proyecto distingue el “objeto principal” y las “actividades complementarias” al mismo. El objeto principal se compone de las actividades de intermediación en valores por cuenta de los clientes, y también de todas aquellas relacionadas a la anotación en cuenta de valores escriturales (el Intermediario actuando como entidad registrante o bien como anotador en los registros de dichas entidades -por cuenta de clientes-).

Por su parte las actividades complementarias solo podrán realizarse en auxilio del objeto principal, y las mismas surgen de un listado taxativamente previsto por el Proyecto. Dicho listado incluye -entre otras actividades- las operaciones sobre posición propia, el asesoramiento en inversiones (incluyendo canalización de órdenes), referenciamiento a otras instituciones financieras, gestión de portafolios (ver apartado IV del presente), servicios de estructuración de emisiones y servicios de Underwriting en emisiones de valores de oferta pública. En cuanto a este último contrato no se prevé la modalidad de pre-financiamiento de la emisión (Underwriting “en firme”), ni tampoco su realización en emisiones de valores de oferta privada, por lo que bajo el régimen del Proyecto estas serían prácticas prohibidas para los Intermediarios.

El Proyecto se propone regular asimismo las operaciones sobre posición propia que realizan los Intermediarios, estableciendo que las mismas deberán realizarse con fondos propios o por créditos conferidos por sus accionistas o directores, por entidades financieras o fondos financieros locales o del exterior, y en este último caso con limitaciones en el porcentaje de financiamiento (hasta el 20% del patrimonio del fondo). Con esto se busca limitar la actuación por cuenta propia de los Intermediarios, de forma tal de acotar los riesgos y preservar la solvencia y estabilidad del sistema.

También en relación con las operaciones sobre posición propia que realizan los Intermediarios, cabe destacar que el Proyecto prevé que si la compra de valores (para cartera propia) y posterior venta de los mismos a los clientes se efectúa en el mismo día, se deberá informar al cliente el precio al cual el Intermediario adquirió dichos valores, y el precio de ingreso de éstos al patrimonio del Intermediario. Esto se prevé en forma adicional a las informaciones que el Intermediario debe proporcionar al cliente bajo el régimen actual (comisiones, costos, gastos, etc.).

Otra de las novedades que incluye el Proyecto es la exigencia a los Intermediarios de obtener autorización previa del BCU tanto para abrir dependencias en el exterior como para actuar fuera del país mediante empleados, apoderados o directores. Esto último podría llegar a generar algunas dudas interpretativas respecto del alcance de las figuras mencionadas por la norma, por lo que sería conveniente que el Proyecto efectuara algunas precisiones en este sentido.

Finalmente el Proyecto aumenta las exigencias en cuanto a la documentación e información a presentar al BCU en el marco de la solicitud de la autorización para operar, así como en las garantías a constituirse y mantenerse en favor del BCU. Respecto de lo primero, merece destacar la presentación de constancias de apertura de cuentas bancarias, y la obligación de dar comienzo de las actividades dentro de los 180 días de otorgada la mencionada autorización. En cuanto a lo segundo, el Proyecto dispone que en caso de que los Intermediarios realicen actividades de gestión de portafolios de inversiones (ver apartado IV del presente), la garantía de UI 2.000.000 prevista en el régimen actual aumentará en un 0,05% del portafolio gestionado.

  • Asesores de Inversión 

En cuanto a los Asesores de Inversión (“AI”), primeramente el Proyecto incluye ajustes en la definición de lo que debe entenderse por tales. En este sentido se aclara que el régimen de AI es aplicable cuando la entidad regulada no se encuentre bajo otra figura prevista en la normativa BCU, como por ej. instituciones de intermediación financiera o Intermediarios, quienes tienen permitido brindar asesoramiento en inversiones pero el mismo no constituye su giro característico.

El Proyecto también aclara que las órdenes a ser canalizadas son aquellas que los AI “reciban de sus clientes”, “hacia” los Intermediarios. Con esto se busca prohibir que el AI cree las órdenes de sus clientes (por cuenta de estos) que serán luego canalizadas por él mismo, dado que esta práctica según el proyecto desnaturaliza la figura y podría llegar a generar una especie de competencia desleal con los Intermediarios (sobre todo en los casos donde el Intermediario mantiene un convenio de libre administración con el cliente).

Al igual que en el caso de los Intermediarios, el Proyecto se ocupa de definir el objeto principal y las actividades complementarias que les son permitidas a los AI. Dentro del objeto principal se encuentra el asesoramiento en inversiones respecto de valores de oferta pública, y la canalización de órdenes de clientes (con las precisiones que se vienen de mencionar). Respecto de estas actividades -y al igual que la debida diligencia y la aceptación de clientes- el Proyecto prohíbe expresamente su tercerización. Por su parte dentro de las actividades complementarias (las que solo se pueden ejecutar en auxilio del objeto principal) se encuentran el referenciamiento de clientes a otras instituciones financieras, el asesoramiento en inversiones respecto de valores de oferta privada y la elaboración de informes o recomendaciones vinculadas a inversiones financieras.

En lo que respecta al referenciamiento, el Proyecto lo define como la tarea de contacto que el AI hace entre el cliente y la institución financiera, brindándole a dicho cliente la “asistencia necesaria para la apertura de una cuenta” en la misma. el Proyecto no menciona la posibilidad de los AI de operar como apoderados en las cuentas abiertas por los clientes en las instituciones financieras referenciadas (“gestión de portafolios”), como sí lo hace en el caso de los Intermediarios. Esta omisión del Proyecto abre la duda de si dichas actividades quedarían dentro del giro de los AI, sobre todo a la luz de la nueva figura del Gestor de Portafolios cuyo objeto -tal y como se analizará más adelante- es realizar habitual y profesionalmente las referidas actividades en las cuentas de sus clientes. La interpretacion contextual indica que la actividad de gestión de portafolios queda fuera del giro de actividades de los AI.

En lo vinculado al asesoramiento en inversiones respecto de valores de oferta privada, no parece quedar clara la intención del regulador al colocarlo como actividad complementaria, ni tampoco se logra visualizar con claridad cuándo un asesoramiento de este tipo viene es instrumental o complementario a un asesoramiento respecto de valores de oferta pública (lo que constituye el objeto principal y por ende carece de restricciones cuali-cuantitativas).

Por último y en síntesis, puede decirse que el Proyecto en cierto modo busca equiparar la carga reglamentaria de los AI con la de los Intermediarios. En este sentido el Proyecto obliga a los AI a adoptar un Código de Ética y un Código de Buenas Prácticas, a formalizar las relaciones con sus clientes mediante la firma contratos escritos (cuyo contenido mínimo se prevé expresamente en la norma), a comunicar al BCU horarios,  días de atención y aperturas de nuevas dependencias, a comunicar asimismo nuevas actuaciones en el exterior a través de empleados, apoderados o directores, así como también a constituir y mantener dos tipos de garantía en favor del BCU: una garantía real equivalente a UI 250.000 (que podrá consistir en prenda sobre efectivo o sobre valores públicos nacionales cotizables), y un depósito a la vista en garantía por el equivalente a UI 50.000.

Por su parte la obligatoriedad de dar comienzo de actividades dentro de los 180 días de efectuada la inscripción en el registro BCU, también es aplicable para los AI.

  1. Gestores de Portafolios

Finalmente el Proyecto crea una nueva figura denominada “Gestores de Portafolios” (en adelante los “Gestores”), definidas como aquellas “personas jurídicas que, en forma profesional y habitual, administran las inversiones de terceros con arreglo a poderes de administración provistos por éstos y que no se encuentran alcanzados por otra figura supervisada por la Superintendencia de Servicios Financieros”.

Básicamente esta nueva figura abarca a quienes en forma habitual y profesional se dedican a realizar parte de las actividades que hoy en día llevan a cabo los AI, esto es actuar como apoderados en las cuentas abiertas por los clientes en diversas instituciones financieras, siempre y cuando no se encuentren bajo otra figura prevista en la normativa BCU. Esta última condición que impone la norma abre la duda que planteábamos en el apartado anterior, acerca de si en definitiva (y a partir de la aprobación del Proyecto) los AI podrían seguir realizando estas actividades.

En forma complementaria, los Gestores tienen permitido realizar las actividades propias de los AI: en consecuencia, puede decirse que a grandes rasgos la diferencia entre un AI y un Gestor radica en cuál es el objeto principal y cuáles son las actividades complementarias. Ello dado que a la luz del Proyecto un AI principalmente asesora/canaliza órdenes y -presumiblemente- en forma complementaria gestiona portafolios; mientras que, a la inversa, un Gestor principalmente gestiona portafolios y en forma complementaria asesora/canaliza órdenes.

Como consecuencia de la estrecha relación que los Gestores tienen con las actividades de los AI, es que el Proyecto prevé una carga regulatoria muy similar. En efecto y a grandes rasgos, puede decirse que las normas que rigen a los Gestores en las principales materias (autorizaciones, registros, ética y buenas prácticas, información al cliente, prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, tercerizaciones, garantías, etc.) son un duplicado del -nuevo- régimen previsto para los AI.

Sin perjuicio de esto, cabe destacar la diferencia existente en la garantía exigida a los Gestores, la cual deberá ser una garantía inicial equivalente a UI 500.000 (que podrá consistir en prenda sobre efectivo o sobre valores públicos nacionales cotizables), y una garantía adicional del 0,05% del portafolio gestionado, hasta un monto máximo equivalente a la Responsabilidad Patrimonial Básica fijada para los Bancos.

 

 

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