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NUEVA LEY INTEGRAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS

Diciembre 2017

 

NUEVA LEY INTEGRAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS 

Por Juan Diana Romero

  • Introducción

Días pasados el Parlamento aprobó la nueva “Ley Integral contra el Lavado de Activos” (en adelante la “Ley”), cuya promulgación por parte del Poder Ejecutivo se hará efectiva en los próximos días.

A continuación haremos algunos comentarios acerca de los aspectos más importantes de la Ley:

  • Objetivo de la Ley

Tal y como lo anuncia en su exposición de motivos, la Ley refleja principalmente una tarea de ordenamiento, sistematización y actualización de la normativa vigente en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (en adelante “LA/FT”).

En este sentido la Ley reproduce los lineamientos generales del marco normativo anterior, pero adjudicando rango legal a una serie de requerimientos que hasta ahora eran exigencias reglamentarias. Asimismo incluye disposiciones en materia penal y procesal-penal, de forma tal de unificar y comprimir en un solo texto normativo las cuestiones que se vinculan directa o indirectamente con la prevención de los delitos de LA/FT.

En efecto, puede decirse la Ley surge como respuesta a una necesidad identificada por el Legislador de concretar una actualización y armonización jurídica en la materia de referencia.

  • Organización institucional y colaboración del sector público

En lo que refiere a este punto, como aspecto importante cabe destacar en primer lugar la consagración legal de la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (actualmente regida por el Decreto N° 245/007, de fecha 02/07/2007), a cuya integración actual se le adiciona el Presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública. Asimismo, como competencias legalmente asignadas y que merecen destaque, la referida Comisión tendrá la posibilidad de proponer al Poder Ejecutivo la aplicación de sanciones y contramedidas financieras, a aquellos países “que supongan riesgos más elevados de lavado de activos”, a cuyos efectos se estará a los lineamientos del Grupo de Acción Financiera Internacional (listas GAFI).

Por su parte, en lo que respecta exclusivamente a la Secretaría Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (en adelante “SENACLAFT”) y a la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay (“UIAF”), la Ley establece la inoponibilidad de las normas en materia de secreto profesional o reserva, respecto de todos aquellos pedidos de información que las mismas realicen “a los obligados por esta ley y a todos los organismos públicos”, lo que representa un fortalecimiento considerable en materia de eficacia del sistema.

Finalmente el art. 8 de la Ley obliga a todos los organismos públicos a adoptar políticas y procedimientos en materia de prevención de LA/FT, lo que implica una equiparación parcial con las obligaciones del sector privado. Esto debido a que si bien la norma obliga a dichos organismos a implementar medidas tendientes a mitigar los riesgos de LA/FT inherentes a sus actividades, no los transforma en sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas de LA/FT a la UIAF (en adelante “Sujetos Obligados”). De forma tal de aclarar el rol del sector público bajo el nuevo régimen de la Ley, sería oportuno que la futura reglamentación determinase el alcance de la “colaboración” debida por éste, así como también las medidas concretas que deberán implementarse.

  • Nuevos Sujetos Obligados

Dentro del conjunto de disposiciones que apuntan a mejorar la eficacia del sistema de prevención, la Ley extiende la lista de Sujetos Obligados del sector no financiero.

En este sentido el art. 13 de la Ley incluye como Sujetos Obligados a las “asociaciones civiles, fundaciones, partidos políticos, agrupaciones y en general, cualquier organización sin fines de lucro con o sin personería jurídica”. Si bien la intención de este inciso parecería quedar clara -esto es abarcar a las denominadas “ONG”-, cabe advertirse que la redacción genera algún tipo de dudas respecto de su alcance, sobre todo a partir del giro final referido a “cualquier organización sin fines de lucro”. Esto debería ser uno de los aspectos a tratarse en la futura reglamentación de la Ley.

La Ley también designa como -nuevos- Sujetos Obligados a los Abogados y Contadores, ampliando asimismo la actuación de los Escribanos (quienes ya se encontraban previstos como Sujetos Obligados en el régimen anterior). En todos los casos la obligaciones en materia de prevención de LA/FT recaerán únicamente cuando dichos profesionales actúen por cuenta y orden del cliente en tareas vinculadas a la administración de activos, creación y gestión de sociedades o fideicomisos (incluyendo servicios tales como Accionista nominal, Director y domicilio social), transacciones financieras y operaciones inmobiliarias -entre otras actividades de similar índole-, quedando expresamente excluidas aquellas tareas que impliquen asesoramiento de clientes. Respecto de los Contadores se adicionan las tareas de confección de informes de revisión limitada y de auditoría de estados contables.

Sin perjuicio de lo que se viene de decir, los referidos profesionales que desarrollen las actividades antes descritas se encuentran exceptuados de reportar operaciones sospechosas de LA/FT, “si la información que reciben de uno de sus clientes o a través de uno de sus clientes, se obtuvo para verificar el estatus legal de su cliente o en el marco del ejercicio del derecho de defensa en asuntos judiciales, administrativos, arbitrales o de mediación”.  Esta excepción fue prevista con el objetivo de preservar el derecho a la legítima defensa, el cual se encuentra previsto en nuestra Constitución y configura uno de los pilares básicos del Estado de Derecho.

También hay que advertir que la Ley designa como Sujetos Obligados -independientemente de su profesión u oficio- a todas aquellas personas físicas o jurídicas que realicen, por cuenta y orden de sus clientes, cualesquiera de las actividades antes mencionadas, lo que implica un fuerte ensanchamiento de la lista de Sujetos Obligados del sector no financiero.

Finalmente en cuanto a este punto, resta mencionar las modificaciones que la Ley introduce en relación al alcance de ciertos Sujetos Obligados que ya se encontraban previstos como tales en el régimen anterior. En este sentido la Ley excluye los arrendamientos como actividad obligada en el caso de los intermediarios de inmuebles (inmobiliarias, promotores, constructoras, etc.); incluye expresamente a los Usuarios Indirectos de Zonas Francas; y por último, en cuanto a las personas físicas o jurídicas dedicadas a la compra y venta de antigüedades, obras de arte, metales y piedras preciosas, se especifica que también son Sujetos Obligados quienes se dediquen únicamente a poner en contacto a las partes intervinientes en la comercialización de dichos objetos (mediación).

  • Nuevo delito precedente: Defraudación Tributaria

Otra de las modificaciones de especial relevancia introducidas por la Ley, es la inclusión del “delito fiscal” en la lista de delitos precedentes al lavado de activos. A tales efectos, la Ley remite directamente a la figura penal prevista en el artículo 110 del Código Tributario Uruguayo (“C.T.U.”) -delito de “defraudación tributaria”-.

Esto implica que las sumas defraudadas por los contribuyentes (tanto en el exterior como en el país) pasarán a ser parte de la lista de bienes cuya tenencia, conversión o transferencia es castigada por nuestra ley penal como lavado de activos, siempre que dichas sumas sean superiores a 2.500.000 de U.I. (USD 320.000 aprox.) para los ejercicios iniciados a partir del 1º de enero de 2018; y superiores a 1.000.000 de UI (USD 128.000 aprox.) para aquellos ejercicios iniciados a partir del 1º de enero de 2019. Tales umbrales mínimos “no será(n) exigible(s) en los casos de utilización total o parcial de facturas o cualquier otro documento, ideológica o materialmente falsos con la finalidad de disminuir el monto imponible u obtener devoluciones indebidas de impuestos”, giro que prácticamente deja sin aplicabilidad práctica los umbrales antes mencionados. Igualmente cabe aclarar que dentro de esta excepción no quedan comprendidas las hipótesis en donde el contribuyente manejó un criterio distinto al de la Administración en la liquidación de sus tributos, por lo que en tales casos se mantendrán los umbrales mínimos antes indicados.

Otra de las cuestiones que se suscitan en relación al tema bajo análisis es que la Ley dispone que “en las situaciones previstas en el presente numeral (es decir en la defraudación como delito precedente del lavado) el delito de defraudación tributaria podrá perseguirse de oficio” (destacado nuestro). Conforme a lo dispuesto por el art. 110 del C.T.U. -norma a la cual la Ley hace remisión expresa- este delito se perseguirá únicamente mediante denuncia de la Administración Tributaria, por lo que cabría preguntarse si en los casos en donde la investigación penal se abrió a raíz de la presunta existencia de un delito de lavado, la -posterior- denuncia de su antecedente (es decir la defraudación) podría ser realizada por el Fiscal interviniente, sin mediar denuncia de la Administración.

Por último, es de destacar que la inclusión del delito en análisis como precedente al de lavado de activos, aparejará algunos cambios en los procedimientos de debida diligencia de clientes de los Sujetos Obligados. Bajo el régimen de la Ley éstos deberán exigir a sus clientes, documentos que acrediten el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administración correspondiente, a los efectos de prevenirse de ser utilizados en maniobras tendientes al blanqueamiento de capitales obtenidos mediante defraudación tributaria.

  • Decomiso de bienes vinculados a los delitos de LA/FT

Como último punto importante a destacar, cabe mencionar que la Ley dedica un conjunto de disposiciones referidas al decomiso de bienes vinculados a los delitos de  LA/FT, y que son propiedad de los presuntos autores de tales ilícitos. Dichas disposiciones reproducen el régimen legal anterior, consagrando figuras provenientes del Decreto Ley 14.294, de fecha 31 de octubre de 1974 y leyes modificativas, las cuales merecen algunas precisiones al respecto. Estas son el “decomiso por equivalente” (art. 51) y el -decomiso por- “fallecimiento del procesado” (art. 54).

En el “decomiso por equivalente” se dispone que cuando los bienes vinculados al delito de lavado no pudieran ser decomisados, “el tribunal penal competente dispondrá el decomiso de cualquier otro bien del condenado por un valor equivalente o, de no ser ello posible, dispondrá que aquél pague una multa de idéntico valor”. En la primera de las hipótesis referidas por la norma, parecería que estamos ante una expropiación de un bien obtenido lícitamente, sin la justa y previa compensación requerida por nuestra Constitución. En la segunda de las hipótesis, mediante la aplicación de una multa el sujeto estaría siendo castigado por el delito precedente, por el delito de lavado de activos, y además con una multa equivalente a los bienes que no pudieron ser decomisados, lo que plantea algunas incompatibilidades con el principio “non bis in ídem” del Derecho Penal.

Por su parte, el decomiso por fallecimiento del procesado consiste en que en estos casos, “los bienes que hayan sido incautados serán decomisados cuando se pudiera comprobar la ilicitud de su origen o del hecho material al que estuvieran vinculados, sin necesidad de condena penal”, lo que podría llegar a entrar en conflicto con el principio de inocencia, irradiando asimismo efectos expropiatorios a los herederos del procesado.

 

 

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