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SE APRUEBA LEY QUE REDUCE COSTOS DE CANCELACIÓN DE DEUDAS Y SE CONSAGRAN NUEVOS DERECHOS A LOS CONTRIBUYENTES

  • Introducción.

El 13 de junio del corriente, la Cámara de Representantes aprobó el Proyecto de Ley que fuera remitido por el Poder Ejecutivo y que contiene importantes previsiones en materia tributaria, referentes a los derechos de los contribuyentes y la reducción de los costos de cancelación de las deudas.

Si bien la norma fue aprobada por el Parlamento, aún no ha sido promulgada por el Poder Ejecutivo, debiendo adicionalmente tenerse en cuenta que algunas de las previsiones requerirán una posterior reglamentación para su efectiva aplicación.

La mayoría de los cambios introducidos, suponen un avance en determinados aspectos para los contribuyentes, así como también la regularización de determinadas prácticas llevadas adelante por la Administración, que ahora tendrán un marco normativo concreto.

  • Cambios introducidos en materia de Clausura Tributaria de Establecimientos Comerciales.

El Artículo 69 de la Ley Nro. 16.134 – con los cambios introducidos por la Ley 16.170 y 17.930 – consagra la posibilidad de que la Dirección General Impositiva (DGI) solicite ante el Poder Judicial la clausura de establecimientos por un lapso de hasta 6 días hábiles, cuando “se comprobare que se realizaron ventas o prestaron servicios sin emitir factura o documento equivalente, cuando corresponda, o escrituraron facturas por un importe menor al real, o transgredan el régimen general de documentación, de forma tal que hagan presumible la configuración de defraudación”.

La Ley Nro. 17.930 incorpora la necesidad de que se presuma la configuración de defraudación, inclusión que desde su aprobación ha suscitado numerosas interpretaciones considerando la doctrina que la misma debe ser presumible para las tres hipótesis que habilitan la clausura, mientras que la Administración fiscal solo lo hace exigible para la última. A nivel judicial esta discusión tampoco ha tenido una interpretación única.

El Artículo 1 de la norma aprobada, pretende dar por terminada esta discusión, consagrando normativamente la interpretación que desde su aprobación ha realizado la DGI.

De esta forma se modifica el Artículo 69 enunciado, separando claramente las causales de la venta o prestación de servicios sin emisión de facturas y la de subfacturación, en las que no se atiende a la intencionalidad del sujeto; de la última hipótesis, que es la transgresión al régimen general de documentación, única causal que requiere la presunción de la configuración de defraudación.

Asimismo, se aclara en la norma que la DGI efectivizará la clausura decretada judicialmente, dando por saneada cualquier discusión en relación a quien tiene potestades para efectivizarla.

En este sentido, la DGI aplicará la medida y decidirá también el momento en que puede hacerla efectiva, tal como se viene desarrollando en práctica.

 

  • Cambios en el régimen de capitalización de los recargos por mora.

El Artículo 486 de la Ley Nro. 16.320 (recogido en el Artículo 117 del Título 1 del Texto Ordenado) faculta al Poder Ejecutivo a establecer la capitalización cuatrimestral de los recargos por la infracción de mora consagrada en el Artículo 94 del Código Tributario.

El último decreto emitido en este sentido fue el número 274/008, el que consagra que los recargos por mora serán mensuales y capitalizables cuatrimestralmente, calculándose “incrementando en un 10% la última tasa media trimestral del mercado para grandes y medianas empresas, publicado por el Banco Central del Uruguay para operaciones corrientes de crédito bancario, en moneda nacional, concertadas sin cláusula de reajuste para plazos menores de un año”.

La norma aprobada, introduce un agregado permitiendo al Poder Ejecutivo aplicar la tasa en forma lineal a partir de los cinco años de la exigibilidad de la deuda. Esta posibilidad permite la aplicación de un método mixto del cálculo de los recargos por mora, capitalizándose cuatrimestralmente los primeros cinco años y posteriormente aplicando una tasa lineal.

Esta facultad que se otorga al Poder Ejecutivo tiene como finalidad estimular el pago de las deudas, que en virtud del cálculo de los recargos capitalizables en general terminan ascendiendo a cifras que hacen casi imposible su regularización.

Es de suponer que se emita un Decreto por parte del Poder Ejecutivo estableciendo que tipo de deudas podrán ampararse a este cálculo, que sin dudas es más beneficioso que el consagrado en el régimen general.

  • Derogación de la facultad de suspender el Certificado Único ante la adopción de medidas cautelares.

El Artículo 80 del Título 1 del Texto Ordenado en su inciso final consagraba la facultad de la DGI a suspender la vigencia de los certificados únicos anuales pasados los 90 días de la adopción de medidas cautelares (embargos).

De esta forma, automáticamente transcurrido el periodo mencionado, la DGI procedía a suspender la vigencia del certificado del contribuyente, limitando de forma grave el desarrollo de su actividad.

La Ley que comentamos, deroga esta facultad con lo cual si bien la DGI tendrá potestad para suspender los certificados cuando existan deudas, no lo hará de forma automática como sucede en la práctica.

Si bien este cambio supone un avance en materia de derechos de los contribuyentes, hubiera sido conveniente que a esto se agregue también la imposibilidad de limitar las autorizaciones para la emisión de facturas que muchas veces acompañan las medidas de suspensión del certificado único.

Todas estas trabas dificultan el normal desarrollo de la actividad comercial del contribuyente, y tal como se menciona en la exposición de motivos, “no ha demostrado producir efectos decisivos en el procedimiento”.

  • Derogación de la no procesabilidad de la denuncia penal ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

La Sentencia Nro. 314/2012 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo cambió su posición indicando que el acto que dispone la formulación de denuncia penal es procesable ante dicha jurisdicción, y en tanto acto administrativo debe de controlarse su regularidad.

Como forma de neutralizar tal posición se aprobó el Artículo 368 de la Ley Nro. 19.149 consagrándose legalmente la no procesabilidad de tales actos ante la jurisdicción anulatoria.

Recientemente la Suprema Corte de Justicia declaró por Sentencia Nro. 440/2016 la inconstitucionalidad al caso concreto de este artículo, creando una situación de desigualdad entre quienes promueven la inconstitucionalidad y aquellos que no lo hacen.

Por tal razón y a los efectos de que rija una posición única y definitiva en la materia, se decide en la Ley objeto de análisis la derogación de la norma legal que consagraba la no procesabilidad del acto administrativo que decidía la formulación de denuncia penal, correspondiendo al TCA analizar en cada caso planteado si corresponde o no analizar la regularidad de tales actos.

  • Notificación del Acta Final de Inspección.

Se modifica el artículo 6 de la Ley Nro. 18.788 que consagraba la obligación de discriminar en el acta final de inspección los periodos, impuestos y cuantía, agregándose que dichos montos son en vías de determinación.

Asimismo, se introduce un nuevo inciso en el que se consagra la obligación de que el acta final de inspección deba ser notificada personalmente, ello en virtud de los importantes efectos que tiene esta acta, en tanto es una de las causales de interrupción del periodo de prescripción.

  • Suspensión de los recargos por mora en caso de recomposición.

Se aprueba la suspensión de los recargos por mora en los casos en que se anule total o parcialmente los actos de determinación dictados por la DGI y que sea necesaria su recomposición.

Resulta evidente que, ante vicios de procedimiento que son imputables directamente a la Administración los recargos por mora se suspendan, desde el momento en que se produce el vicio hasta la notificación del nuevo acto de determinación.

Hubiera sido conveniente que no se disponga únicamente esta suspensión a los casos en que exista una sentencia del TCA, sino también a todos aquellos casos en que – en virtud de vicios formales – la Administración revoque el acto administrativo.

Muchas veces, se presenta la acción anulatoria y advertido por parte de la Administración la existencia de vicios procede a revocar el acto debiendo el contribuyente soportar los recargos que tal recomposición de oficio supone.

  • Ampliación del plazo para la comunicación de beneficiarios finales de determinados tipos sociales.

La norma aprobada amplia el plazo de comunicación de beneficiarios finales ante el Banco Central del Uruguay, pero solo para determinados tipos sociales.

Se mantiene el plazo para las sociedades anónimas, el que es hasta el 30 de junio, pero se amplia para las sociedades de responsabilidad limitada y fideicomisos no obligados a informar por la Ley Nro. 18.930 hasta el 30 de setiembre de 2018. Adicionalmente, las demás entidades obligadas – que no se encuentren obligadas por la norma de participaciones al portador – tendrán hasta el 30 de noviembre de 2018 para proceder a la comunicación.

 

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