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Artículo Revista En Obra de la APPCU

PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS EN EL SECTOR NO FINANCIERO: EVOLUCIÓN RECIENTE Y CONTEXTO ACTUAL

Dr. Leonardo Costa

Dr. Juan Diana

Brum Costa Abogados

 

Si bien la prevención del delito de lavado de activos no es un tema que haya cobrado relevancia únicamente en este 2018, es a partir de este año que se produce un punto importante de inflexión en la materia, esto es, la entrada entrada en vigencia de la Ley N°19.574, del 20 de diciembre de 2017, “Ley Integral Contra el Lavado de Activos”.

Dicha ley es el resultado de una labor de reordenamiento, sistematización y actualización del marco normativo que hasta entonces era de aplicación en estas cuestiones, tanto para el sector financiero (bancos, casas de cambio, empresas de transferencias de fondos, etc.) como para el no financiero (escribanos, rematadores, intermediarios en inmuebles, entre otros).

La principal desventaja de la regulación anterior era que la misma había sido pensada, básicamente, para el sector financiero. Esto se debió a razones contextuales: en sus inicios el compliance era asociado únicamente a dicho sector, y sus instituciones contaron desde mucho tiempo atrás con la estructura y herramientas necesarias para la implantación de un “sistema de prevención” (muchas veces en aplicación de políticas y procedimientos provenientes de sus casas matrices).

Con el tiempo la comunidad internacional fue tomando conciencia de la importancia de que el sector no financiero colaborara activamente en la prevención del lavado de activos, debido a que  muchas veces estas operativas delictivas se suscitaban por fuera del sector financiero y por importantes montos, tal el caso de la compra y -posterior- venta de inmuebles de elevado valor, con el único objetivo de insertar en la economía legal fondos de origen ilícito.

El cambio de paradigma que se viene de mencionar tuvo sus repercusiones en el ámbito nacional, y poco a poco el sector no financiero (y dentro de este el sector inmobiliario) de nuestro país fue ganando terreno en lo referido a la aplicación de controles, pero con las dificultades prácticas generadas por un marco jurídico cuya lógica no respondía en su totalidad a las necesidades específicas del sector, tal el caso de la anterior Ley N°17.835 y su reglamentación.

A ello se le sumó la creciente preocupación por parte de los organismos internacionales dedicados a estos temas, en relación a la efectividad de los sistemas nacionales de prevención de los países bajo su supervisión, dado que se detectaron casos en donde si bien existían una serie de leyes y reglamentaciones en la materia, las mismas no tenían aplicación real, perdiéndose de vista de esta manera el objetivo buscado (esto es, el combate y la represión de la actividad criminal).

En este sentido -y en base al principio de efectividad antes mencionado-, es que nuestro país enfrentará una evaluación nacional de riesgo por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (“GAFILAT”), organismo dedicado al diseño e implantación de medidas de combate contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en la región, a cuyos efectos debe analizar y evaluar la calidad de los sistemas preventivos.

En consecuencia de lo antes mencionado, y de cara a la evaluación de GAFILAT, se entendió necesario proceder a una revisión y actualización de la normativa vigente en nuestro país, lo cual trajo como resultado la aprobación de la Ley 19.574, la cual si bien tomó muchos elementos de la ley anterior posee una lógica mucho más omnicomprensiva de ambos sectores (financiero y no financiero).

Como principales aspectos de la citada ley y que apuntan a una mayor efectividad de nuestro sistema de prevención, en primer lugar cabe destacar la inoponibilidad de las normas en materia de secreto profesional o reserva, respecto de todos aquellos pedidos de información que realice la Secretaria Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT), tanto a los sujetos obligados como a los organismos públicos.

Por su parte la ley incluye nuevos sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas de lavado a la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay, así como también aumenta el listado de las actividades por las cuales éstos se encuentran comprendidos en dicha obligación.

En este sentido se destaca la inclusión de los abogados y contadores en ciertas actividades -con exclusión del asesoramiento  o la defensa en procesos judiciales y/o administrativos-, así como también de las fundaciones, asociaciones civiles y otras organizaciones sin fines de lucro.

En cuanto al ensanchamiento de las actividades bajo la obligación de reporte, a partir de la nueva ley cabe afirmarse que cualquier acto o negocio jurídico que implique actuación por cuenta y orden de clientes se encuentra bajo dicha obligación, incluyendo operaciones de administración de activos, creación y gestión de sociedades,  fideicomisos o entidades jurídicas, transacciones bancarias y operaciones inmobiliarias.

En el caso de las inmobiliarias, promotores, constructoras y otros intermediarios en transacciones que involucren inmuebles (los cuales conforman una categoría específica de sujetos obligados dentro del sector no financiero, tal el caso de los promotores), la ley 19.574 bajo análisis no especifica las actividades por las cuales éstos se encuentran obligados, sino que se limita a establecer una excepción para los arrendamientos.

En consecuencia cabe concluir que, salvo en el caso de arrendamientos de inmuebles, los intermediarios en inmuebles estarían obligados por todas las actividades inherentes a su giro, lo que incluye (por ejemplo) la necesidad de realización de los procedimientos de debida diligencia de clientes en oportunidad de la firma de los boletos de reserva de bienes inmuebles.

Otra de las modificaciones de especial relevancia introducidas por la ley (y que se vinculan con la efectividad del sistema) es la inclusión del delito fiscal en la lista de actividades delictivas precedentes al lavado de activos. Esto implica que las sumas defraudadas por los contribuyentes (tanto en el exterior como en el país) a partir de la entrada en vigencia de la ley pasan a ser parte de la lista de bienes cuya tenencia, conversión o transferencia es castigada por nuestra norma penal bajo la figura del lavado de activos, siempre que dichas sumas sean superiores a 2.500.000 de U.I. (USD 320.000 aprox.) para los ejercicios iniciados a partir del 1º de enero de 2018; y superiores a 1.000.000 de UI (USD 128.000 aprox.) para aquellos ejercicios iniciados a partir del 1º de enero de 2019.

Sin perjuicio de esto hay que tener presente que los citados umbrales mínimos no son exigibles en los casos de utilización total o parcial de facturas o cualquier otro documento ideológica o materialmente falso, con la finalidad de disminuir el monto imponible u obtener devoluciones indebidas de impuestos, tal es el caso de la compra de facturas apócrifas.

Cabe aclarar que dentro de la excepción que se viene de mencionar no quedan comprendidas las hipótesis en donde el contribuyente manejó un criterio distinto al de la Administración en la liquidación de sus tributos, por lo que en tales casos se mantendrán los umbrales mínimos antes indicados.

En cuanto a la reglamentación de la citada ley -y siempre dentro del sector no financiero-, es importante destacar que la misma se encuentra próxima a su aprobación. Dicha reglamentación contendrá un capítulo específico por sector de actividad (siendo uno de ellos el sector inmobiliario), y surge como resultado del trabajo conjunto de la Secretaria Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) y las asociaciones representativas de cada sector de actividad, dentro de las cuales se encuentra la APPCU.

El objetivo de la reglamentación es adecuar -de forma más específica aun que la propia ley- las exigencias en materia de debida diligencia de clientes, cubriendo aspectos tales como el conocimiento y documentación del origen de los fondos implementados en la operación de la que se trate, el conocimiento de sus beneficiarios finales, el monitoreo de la relación comercial con los clientes, la actualización de la documentación e información presentada, entre otros aspectos de especial interés para cada sector de actividad que se reglamenta.

En el caso del sector inmobiliario, se destaca primordialmente la adecuación de las exigencias para todas aquellas operaciones donde no existen fondos (como por ejemplo las escrituras de re-adjudicación de inmuebles, o bien el caso de las permutas), así como el tratamiento diferencial en aquellos casos donde intervienen organismos públicos, sea en calidad de clientes del sujeto obligado o bien como financiadores de éstos en determinada operación.

A modo de conclusión, puede decirse que la evolución reciente del sector no financiero en materia de prevención del lavado de activos en nuestro país, ha tenido -y tiene- como eje central la adecuación de la normativa y la efectividad de los controles, lo que genera un contexto actual de creciente necesidad de profesionalización de las empresas y profesionales de los distintos sectores de actividad en materia de compliance, y, en especial, de aquellos pertenecientes al sector inmobiliario dado su calificación internacional como actividad de riesgo.