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Proyecto BCU cambios en la RNRCSF

PROYECTO NORMATIVO BCU.

NORMATIVA DE PREVENCION DEL USO DE LAS INSTITUCIONES SUPERVISADAS PARA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.

 

Por Victoria Notari Ehlers.

 

Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. 

Instituciones de Intermediación Financiera.

Casas de Cambio.

Empresas de Servicios Financieros.

  1. Introducción.

Días atrás el Banco Central del Uruguay (“BCU”) circularizó un Proyecto normativo por intermedio del cual se pretende introducir modificaciones al régimen de prevención del uso de las instituciones supervisadas para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, con el objetivo de adecuar la normativa en consonancia con las disposiciones contenidas en la nueva Ley Integral de Lavado de Activos Nro. 19.574 de 20 de diciembre de 2017, (en adelante el “Proyecto”).

El BCU otorgó plazo hasta el 31 de agosto de 2018 para recibir comentarios por parte de las instituciones comprendidas en el Proyecto.

Se introducen cambios vinculados con la definición de personas políticamente expuestas y de beneficiario final, los procedimientos de debida diligencia de clientes y la obligación de conservación de los registros.

Se modifica la definición de Beneficiario Final, en virtud de la definición establecida en el art. 15 inc. B de la Ley Nro. 19.574, estableciendo el parámetro del 15% del capital para la aplicación de los procedimientos de debida diligencia al beneficiario final.

Dentro de las modificaciones mas significativas se encuentra la información y documentación a obtener de los beneficiarios finales, pasando de un régimen que disponía la “identificación”, al deber de obtener y verificar la información requerida en los procedimientos de debida diligencia persona física.

Con respecto al procedimiento de debida diligencia de personas jurídicas, se agrega obtener la constancia de inscripción en el Registro de beneficiarios finales (Ley Nro. 19.484 del 5 de enero de 2017) y se modifica del 10% al 15 % el porcentaje de capital de referencia para la identificación de accionistas o propietarios.

En cuanto a la definición de las Personas Políticamente Expuestas, se especifica el tiempo que se deben aplicar los procedimientos de debida diligencia una vez que el cliente haya dejado de desempeñar el cargo, en cinco años. Este resulta en un cambio importante pues hasta el momento eran dos años.

Se incorpora la obligación para las instituciones de envíos de información al BCU anual y diarios, de clientes y operaciones.

Particularmente para las Casas de Cambio se agrega la obligación de presentar un informe de auditoría externo de evaluación del sistema de prevención, exigiéndose el primero para el ejercicio finalizado al 30 de junio del 2019. Esta exigencia no era aplicable hasta el presente, solo lo era para Empresas de Servicios Financieros.

Seguidamente se realizan comentarios sobre las modificaciones que pretende introducir el Proyecto en la RNRCSF para las Instituciones de Intermediación Financiera, Casas de Cambio, Empresas de Servicios Financieros y Empresas de Transferencias de Fondos.

Artículo 290. Sistema integral de prevención para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

En el marco de la aplicación del sistema integral de prevención en LA y FT de las subsidiarias o sucursales en el exterior, se incorpora un inciso, que establece que en el caso que los requisitos mínimos en materia de prevención de LA y FT del país sede de la sucursal o subsidiaria sean menos estrictos que los de nuestro país, las instituciones deben asegurarse que de igual forma, implementen los requisitos de Uruguay, en la medida que lo permita la normativa del país sede.

En el caso de que el país sede no permita la implementación de las medidas de prevención de Uruguay, las instituciones deberán aplicar medidas adicionales apropiadas para manejar los riesgos de LA y FTT e informar a la Unidad de Análisis e Información Financiera (UIAF).

En la actual redacción, cuando en el país sede existan leyes o reglamentaciones que impidan la implementación del sistema de prevención, se debe informar a la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF).

Artículo 291. Componentes del sistema.

Se especifica que, dentro de las políticas y procedimientos de prevención, la institución debe identificar factores de riesgo, especificando los mismos: productos, clientes, zonas geográficas y canales de distribución, asociados a sus distintas líneas de actividad[1].

Se agrega en el lit. v)., estableciendo el deber de la institución a documentar las evaluaciones de riesgo realizadas, de modo que se pueda demostrar sus bases, mantenerlas actualizadas y contar con mecanismos apropiados para suministrar información acerca de la evaluación de riesgo cuando le sea requerida.

Artículo 293. Políticas y Procedimientos de Debida Diligencia.

Sobre las aplicaciones de las políticas de debida diligencia, la redacción actual refiere a los clientes con los que opere la institución, pasando a especificar en el Proyecto, que se aplicara a todos los nuevos clientes y, asimismo, a los clientes existentes.

A su vez, establece que además de tener un adecuado conocimiento del cliente, se debe contar, con el adecuado conocimiento del beneficiario final (BF) de la cuenta o transacción. 

El Proyecto incorpora un segundo inciso, que establece que las instituciones no establecerán relaciones de negocios ni ejecutarán operaciones cuando no puedan aplicar los procedimientos de debida diligencia.

Cuando se aprecie esta imposibilidad de la realización de la debida diligencia en el curso de la relación, las instituciones deben poner fin a la relación, procediendo a considerar la pertinencia de realizar un reporte de operación sospechosa (ROS) a la UIAF. Este requisto tambien se encuentra en la ley de lavado de activos en el art. 16 inciso final.

Sobre la identidad del cliente, se incluye a las medidas de identificación, la verificación y registro, que se suman a la actualización y conservación establecidas en la redacción actual.

Las medidas de prevención deberán considerar la categorización de riesgo del cliente, así como las situaciones especiales que requieran una debida diligencia intensificada.

El Proyecto incorpora un inciso final al artículo, que establece que las políticas y procedimientos podrán prever para casos excepcionales, que la institución no complete la debida diligencia cuando advierten que, de hacerlo, se estaría alertando al cliente. Dicha situación se deberá reportar a la UIAF en forma inmediata.

Artículo 294. Identificación de clientes.

El Proyecto elimina la referencia a que el alcance de la información a solicitar y los procedimientos para su verificación, dependerá del tipo de cuenta o transacción a realizar, el volumen de los fondos involucrados y la evaluación de riesgo que realice la institución.

El Proyecto no condiciona el alcance de la información a solicitar a estos factores, por lo que independientemente de los mismos, en todos los casos se procederá a la identificación del cliente, ocasionales o habituales. 

241.1. Procedimientos de identificación de la identidad de los clientes. 

Se incorpora el artículo 241.1. sobre el procedimiento de identificación de identidad de los clientes.

Se establece que la institución deberá instrumentar los procedimientos que estime mas eficaz para verificar la identidad de sus clientes antes de establecer una relación definitiva, considerando la evaluación de riesgo realizada.

La identidad del cliente se deberá verificar mediante contacto personal[2] en los siguientes casos:

  • Cliente que realiza actividad económica[3].
  1. Cliente que realiza transacciones anuales (de acuerdo a su perfil de actividad), que alcancen importes superiores a USD 1.500.000.
  2. Cliente que realiza transacciones por un monto de USD 1.500.000 en el transcurso de un año calendario.
  • Clientes que no realizan una actividad económica[4].
  1. Transacciones anuales (de acuerdo con su perfil de actividad) que alcanzan importes superiores a USD 500.000.
  1. No residentes o importes superiores a USD 1.000.000 en residentes, o realicen transacciones por dicho monto en el transcurso de un año calendario, la identidad debe verificarse mediante el contacto personal con alguno de los beneficiarios finales.

En caso de clientes que sus transacciones anuales alcancen (de acuerdo con su perfil de actividad) importes superiores a USD 120.000 o realicen transacciones por dicho monto en el transcurso de un año calendario, la verificación por contacto personal, podrá ser realizada también, por otra entidad financiera local o del exterior, inscripta en el organismo de contralor de su país para realizar actividades financieras, o por un escribano o quien cumpla esta función en el exterior, debiéndose obtener la correspondiente certificación de que dicho contacto fue realizado.

A los efectos de determinar los umbrales establecidos, se considerará el monto total a ingresar o ingresado a la cuenta y, en el caso de transacciones no asociadas a una cuenta, su volumen acumulado excluyendo aquellas relacionadas a otra operación, tal como una compraventa de moneda seguida de transferencia.

En todos los casos, cuando se trate de personas físicas residentes, la verificación de la identidad mediante contacto personal, podrá ser realizada por un Prestador de Servicios de Confianza[5] (Unidad de Certificación Electrónica el Registro de Prestadores de Servicios de Confianza), de acuerdo a instrucciones que se impartirán por parte del BCU.

Una vez entrado en vigencia el Proyecto, las instituciones dispondrán de un plazo de 12 meses para adecuar la verificación de identidad, únicamente de los clientes residentes que tengan una antigüedad menos a tres años y transacciones mayores a USD 1.500.000 y clientes no residentes que tengan antigüedad menos a tres años y transacciones mayores a USD 1.000.000.

Artículo 295. Identificación y verificación de la identidad del beneficiario final. 

Se modifica la definición de Beneficiario Final, en virtud de la definición establecida en el art. 15 inc. B de la Ley Nro. 19.574.

Dentro del concepto de Beneficiario Final, quedan comprendidas, las personas físicas que, directa o indirectamente, posean como mínimo un 15% del capital o su equivalente, o de los derechos de voto, o que por otros medios ejerza el control final sobre una entidad, considerándose tal una persona jurídica, un fideicomiso, un fondo de inversión o cualquier otro patrimonio de afectación o estructura jurídica.

Asimismo, se considerará Beneficiario Final a las personas físicas que aporten fondos para realizar una operación o en cuya representación se lleva a cabo la operación.

Las instituciones deberán recabar información para establecer y registrar por medios eficaces la identidad del beneficiario final de la cuenta o de la transacción, así como verificar su identidad.

Los procedimientos de verificación de identidad deberán considerar el resultado de la evaluación de riesgo y contemplar el contacto personal cuando corresponda.

En el caso de los fideicomisos, la obligación de identificación del Beneficiario Final alcanza a las personas físicas relacionadas al fideicomitente, fiduciario y beneficiario.

Se exceptúa de la obligación de identificar al beneficiario final en los siguientes casos:

  • Títulos de participación patrimonial coticen a través de bolsas de valores nacionales o de bolsas internacionales de reconocido prestigio.
  • Título de participación patrimonial sean de propiedad, directa o indirectamente, de sociedades cuyos títulos de participación coticen a través de bolsas de valores nacionales o de bolsas internacionales de reconocido prestigio.

Para la aplicación de la excepción los títulos deberán estar siempre a disposición inmediata para su venta o adquisición en los referidos mercados. La excepción aplica únicamente respecto de los títulos que coticen en bolsa.

Artículo 296. Excepción a la obligación de identificar. 

El Proyecto agrega a la excepción de identificación de cliente, la de identificación de beneficiario final para operaciones realizadas con clientes ocasionales cuyo importe individual no supere USD 3.000 o su equivalente en otras monedas.

Artículo 297. Información Mínima. 

  • Clientes habituales.

Actualmente para clientes personas físicas, se debe hacer constar si el cliente actúa por cuenta propia o de un tercero y, en caso de actuar por un tercero, “identificar” al beneficiario final.

En el Proyecto se establece que además de la identificación del beneficiario final, se deberá obtener como mínimo, los siguientes datos del beneficiario final:

  • Nombre completo.
  • Fecha y lugar de Nacimiento.
  • Copia de documento de identidad.
  • Numero de inscripción en el Registro Tributario o en el organismo tributario correspondiente.
  • Estado civil (si es Casado, nombre y número del documento de identidad del cónyuge).
  • Domicilio y numero de teléfono.
  • Profesión, oficio o actividad personal.
  • Volumen de ingresos.

Los mismos datos deberán obtenerse de los titulares de la cuenta, apoderados y autorizados para operar en nombre del cliente frente la institución (salvo la profesión, oficio o actividad principal).  El volumen de ingresos solo se solicitará en los casos, que las referidas personas constituyan una fuente de ingresos de la cuenta o de los fondos manejados por el cliente.

Con respecto a las personas jurídicas, se agrega obtener la constancia de inscripción en el Registro de beneficiarios finales (Ley Nro. 19.484 del 5 de enero de 2017) y se modifica del 10 al 15 % el porcentaje de capital de referencia para la identificación de accionistas o propietarios.

Sobre los beneficiarios finales de las persas jurídicas, deberá solicitarse, todos los datos referidos a personas físicas (y beneficiarios finales de personas físicas).

Los mismos datos deberán obtenerse de las personas físicas que actúen en representación del cliente persona jurídica, así como para apoderados y autorizados para operar en su nombre del cliente frente la institución (salvo la profesión, oficio o actividad principal).  El volumen de ingresos solo se solicitará en los casos, que las referidas personas constituyan una fuente de ingresos de la cuenta o de los fondos manejados por el cliente.

  • Clientes ocasionales.

Se modifica el monto a tener en cuenta para determinar si la transacción que efectúa el cliente (de carácter no permanente) lo categoriza como cliente ocasional, pasando de ser

UI 305.000[6] a USD 15.000.

Plazos de regularización para los clientes existentes a contar desde la entrada en vigencia del Proyecto:

  • Riesgo Alto o que opere por montos significativos tendrán un plazo de 6 meses.
  • Riego Medio tendrán un plazo de 1 año.
  • Riesgo Bajo tendrán un plazo de 2 años.

Artículo 297.1. Actualización de información sobre clientes.

El Proyecto incorpora el artículo 297.1. sobre la actualización de la información de clientes.

Dentro de las políticas de actualización periódica de la información de clientes con las que debe contar la institución, se establecen los siguientes plazos mínimos de actualización:

  • Riesgo bajo: 5 años.
  • Riesgo medio: no mayor a 2 años.
  • Riesgo alto o que operen por montos significativos: no mayor a 1 años.

Plazos de regularización para los clientes existentes a contar desde la entrada en vigencia del Proyecto:

  • Riesgo Alto o que opere por montos significativos tendrán un plazo de 6 meses.
  • Riego Medio tendrán un plazo de 1 año.
  • Riesgo Bajo tendrán un plazo de 2 años.

Artículo 297.2.  Conservación de la información. 

El Proyecto incorpora el artículo 297.2. sobre la conservación de la información, acorde al plazo establecido en el art. 21 de la Ley Nro. 19.575, de cinco años después de terminada la relación comercial.

Artículo 298.  Perfil de actividad del cliente. 

En el Proyecto se eliminan el segundo y tercer incisos del artículo, referidos al informe circunstanciado para clientes de alto riesgo y que operen por montos significativos, la forma en que surgen las categorías de cliente de mayor riesgo y los umbrales para determinar que clientes operan por montos significativos. Dichos extremos pasan a estar regulados en el artículo siguiente, que establece los procedimientos de debida diligencia intensificada.

Solo se establecerá que las instituciones deberán determinar el perfil de actividad del cliente a efectos de monitorear adecuadamente sus transacciones.

Artículo 299.  Procedimientos de debida diligencia intensificada. 

Actualmente el artículo refiere a los procedimientos de identificación y control, estableciendo que las instituciones deben instrumentar procedimientos para verificar la identidad y controlar determinadas transacciones[7] .

En el Proyecto el artículo establece los procedimientos de debida diligencia intensificada. Los mismos se aplicarán a las categorías de clientes, relaciones comerciales y operaciones consideradas de alto riesgo.

Independientemente de la evaluación de riesgo realizada por la institución, establece que se consideraran de alto riesgo las siguientes situaciones:

  1. Relaciones comerciales y operaciones con clientes no residentes que provengan de países que no cumplen con los estándares internacionales en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
  2. Transacciones de aquellas personas que se vinculan con la entidad a través de operativas que no sea habitual el contacto personal como en el caso de clientes que realizan operaciones a través de modalidades operativas que, utilizando tecnologías nuevas o en Desarrollo, pueda favorecer el anonimato de los clientes.
  3. Personas políticamente expuestas (PEPs), así como sus familiar y asociados cercanos.
  4. Operaciones que se realizan en circunstancias inusuales conforme a los usos y costumbres de la respectiva actividad.

Procedimiento de Debida Diligencia Intensificada (DDI).

Dentro del procedimiento de DDI, las instituciones deberán:

  1. Obtener aprobación de los principales niveles jerárquicos de la institución al establecer o continuar una relación con cliente de alto riesgo.
  2. Informe circunstanciado.

Elaborar un informe circunstanciado donde se explicitarán los elementos que fueron considerados para elaborar el perfil de actividad del cliente, adjuntando la documentación de respaldo que permita establecer la situación patrimonial, económica y financiera o justificar el origen de los fondos manejados por el cliente.

El Proyecto especifica la documentación de respaldo con la cual necesariamente deberá contar el informe circunstanciado.

La institución deberá contar con copias de las declaraciones juradas o documentación equivalente presentadas ante la administración tributaria correspondiente; y, estados contables con informe de Contador Público, estados de responsabilidad, actas de distribución de utilidades, contratos de compraventa u otra documentación alternativa. En el caso de PEPs cuyas transacciones anuales (de acuerdo a su perfil de actividad) alcancen importes menores a USD 120.000 o realicen transacciones por hasta dicho monto en el transcurso de un año calendario, sólo se requerirá la documentación que permita establecer la situación patrimonial, económica y financiera o justificar el origen de fondos manejados.

  • Aumentar la frecuencia de actualización de la información del cliente (1 año).
  1. Monitoreo más intense de la relación comercial.
  2. Incrementar cantidad y la duración de los controles aplicados.

Para los clientes que operen por montos significativos deberá realizarse el informe circunstanciado y aumentar la frecuencia de actualización de la información del cliente. Los criterios para determinar umbrales para determinar los clientes que operan por montos significativos se mantienen iguales (actual redacción art. 298 RNMRSF / art. 299 del Proyecto).

Artículo 301. Personas Políticamente Expuestas. (PEP)

Se modifica el tiempo a tener en cuenta para la aplicación de las medidas de DDI una vez la PEP ha dejado de desempeñar la función respectiva, de dos años a cinco.

De la definición se sustituye el termino “empleados importantes” por “dirigentes destacados” de partidos políticos; así como “altos funcionarios” por “altos ejecutivos” de empresas estatales.

Se eliminan el segundo y tercer inciso, referentes a los procedimientos de DDI que se debe aplicar a los PEP, ya que se estableció en el art. 299 del Proyecto. Estableciendo solamente que las instituciones deben contar con procedimientos que les permitan determinar cuando un cliente o beneficiario final es PEP, familiar o asociado cercano de una PEP.

Artículo 303. Instituciones financieras corresponsales.

El Proyecto incorpora requisitos a solicitar a las instituciones financieras corresponsales, tales como el propósito de la transacción (que se suma al propósito de la cuenta), y si ha sido objeto o no de una investigación sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo o de acción regulatoria (que se suma al conocimiento de la regulación y supervisión de su país).

Artículo 304. Servicios provistos por terceros para procedimientos de debida diligencia. 

El Proyecto establece que los servicios de terceros para realizar los procedimientos de debida diligencia deberán cumplir con los siguientes requisitos, más allá de la autorización de la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF):

  • Aplicar los procedimientos de DD de clientes establecidos por la institución.
  • La institución deberá obtener y conservar la información y documentación relativa a la identificación y conocimiento de clientes.
  • La institución deberá verificar la adecuada aplicación de los procedimientos a los clientes cuya DD sea realizada por un tercero.
  • No se podrá utilizar los servicios de terceros para la realización de monitoreos de cuentas y transacciones a los efectos de detector patrones inusuales o sospechosos en el comportamiento de los clientes.

Artículo 305. Funciones de Representación, Asesoramiento y Gestión de Portafolios.

El Proyecto agrega a las funciones de “Representación” las de “Asesoramiento” y “Gestión de Portafolios”, incorporando a las instituciones de intermediación financiera que brinden servicios de referenciamiento, asesoramiento en valores o instrumentos financieros emitidos por terceros o servicios de gestión de portafolios a clientes de otras instituciones financieras del exterior que estén sujetas a regulación y supervisión, podrán limitarse a identificar adecuadamente a los mismos, debiendo mantener los registros requeridos por la normativa, siempre que:

  • Las políticas de prevención de la institución financiera del exterior hayan sido evaluadas favorablemente por la institución de plaza, y
  • Los servicios sean prestados en el marco de contratos en los que se establezca de forma clara la responsabilidad de tales instituciones por la aplicación de los procedimientos de DD.

Artículo 305.1. Servicios de arrendamiento y custodia de cofres de seguridad.

El Proyecto incorpora el artículo 305.1. los servicios de arrendamiento y custodia de cofres de seguridad por parte de las instituciones de intermediación financiera, empresas de servicios financieros y las casas de cambio. El mismo establece que las referidas instituciones deberán cumplir con los requisitos de debida diligencia de clientes y contratos y registros, establecidos para las Empresas Prestadoras de Servicios de Arrendamiento y Custodia de Cofres de Seguridad (artículos 316.51 y 316.58 del Proyecto).

Artículo 311.1. Cuentas básicas de ahorro. 

El Proyecto incorpora a las operaciones admitidas para las cuentas básicas de ahorro las transferencias domésticas, que se suman a retiros, depósitos en efectivos y pagos mediante debito a cuenta.

Artículo 311.3. Procedimientos de debida diligencia aplicables a cuentas básicas de ahorro. 

El Proyecto incorpora un segundo inciso que establece el contenido de los procedimientos de identificación de los titulares de las cuentas básicas de ahorro, así como de monitoreo de su actividad, debiendo:

  • Recabar datos básicos (nombre complete, fecha y lugar de nacimiento, copia de documento de identidad, domicilio y número de teléfono).
  • Determinar si el cliente es PEP.
  • Verificar los titulares de las cuentas no se encuentre en la lista anti clientes ONU.
  • Controlar la cuenta sea básica de ahorro y el titular no mantenga más de una cuenta básica de ahorro en el Sistema financiero.

Artículo 311.8. Datos mínimos – cuentas simplificadas para empresas de reducida dimensión económica. 

Se modifica el porcentaje mínimo de capital para la identificación de los socios, pasando de 10% a 15%.

Artículo 311.9. Procedimientos de debida diligencia aplicables a cuentas simplificadas para empresas de reducida dimensión económica. 

El Proyecto incorpora como requisito de cumplimiento de los procedimientos de identificación y monitoreo, la determinación de si el cliente es PEP, familiar o asociado cercano de una PEP. 

Artículo 311.11. Procedimientos de debida diligencia aplicables a cuentas e instrumentos de dinero electrónico para pago de nómina, honorarios profesionales, pasividades y beneficios sociales y otras prestaciones. 

El Proyecto incorpora como requisito de cumplimiento de los procedimientos de identificación de titulares y monitoreo, la determinación de si el cliente es PEP, familiar o asociado cercano de una PEP. 

Artículo 313. Deber de informar operaciones sospechosas o inusuales. 

El Proyecto incorporara la aclaración que serán reportables las operaciones que efectivamente se realicen y las que siendo tentadas no se hayan realizado (“…realizadas o no…”), ya sea porque el cliente desistió de realizarlas o porque la institución resolvió no dar curso a la misma.

A su vez, se establece que la obligación de informar, alcanza incluso aquellas operaciones que, aun involucrando activos de origen licito, se sospeche que están vinculadas a personas comprendidas dentro del delito de lavado de activos o destinados a financiar cualquier actividad terrorista.

INFORMACION Y DOCUMENTACION. 

Instituciones de intermediación financiera.

Artículo 549.2. Información sobre transacciones y servicios.

El Proyecto incorpora el artículo 549.2., que establece que las instituciones de intermediación financiera (con excepción de las administradoras de grupos de ahorro previo) deberán proporcionar información anual a la UIAF, sobre las transacciones y servicios, agrupados en factores de riesgo para el lavado de activo y el financiamiento del terrorismo, dentro de los 30 días siguientes al cierre de ejercicio.

Artículo 550.2. Reportes de cuentas de depósitos y custodia, instrumentos de dinero electrónico y otros productos o servicios. 

El Proyecto incorpora el deber a las instituciones de intermediación financiera de informar diariamente a la SSF las altas y bajas (incluyendo datos de titulares, apoderados y autorizados para operar) de las siguientes cuentas, productos o servicios vinculados a clientes:

  • Cuentas de depósitos e instrumentos de dinero electrónico[8].
  • Certificados de depósitos u otros instrumentos de deuda emitidos.
  • Cuentas de custodia.
  • Servicios de arrendamientos de cofres de seguridad.
  • Otros productos o servicios vinculados a activos de los clientes.

Casas de Cambio.

Artículo 605.1. Informe de auditores externos – Casas de Cambio. 

El Proyecto incorpora el artículo 605.1 que establece que las casas de cambio deberán presentar un informe anual de evaluación del sistema de prevención dentro de los tres meses contados desde el cierre de ejercicio, exigiéndose el primero para el ejercicio finalizado del 30 de junio de 2019.

Casas de Cambio y Empresas de Servicios financieros.

Artículo 613.3 Información sobre transacciones y servicios.

El Proyecto incorpora el artículo 613.3 que incorpora la obligación de las empresas de servicios financieros y las casas de cambio, de enviar un informe anual a la UIAF sobre transacciones y servicios, agrupados según factores de riesgo para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, dentro de los 30 días al cierre de ejercicio.

Artículo 613.4. Reporte de servicios de arrendamiento de cofres de seguridad.

El Proyecto incorpora el artículo 613.4 que incorpora la obligación de las empresas de servicios financieros y las casas de cambio, de enviar un informe diario a la SSF, de las altas y bajas (incluyendo datos de los titulares, apoderados y autorizados para operar) de servicios de arrendamiento de cofres de seguridad.

[1] Modificación al lit. i del inc. a del art. 291 de la RNRCSF.

[3] Personas físicas y jurídicas que realizan actividades comerciales, industriales, agrícolas, financieras, profesionales, etc.

[4] Personas físicas y jurídicas que no realicen actividades económicas (comerciales, industriales, agrícolas, financieras, profesionales, etc.), incluyendo las sociedades que se utilicen como vehículo de inversión, sociedades cuya principal o única función es la de tener o administrar la propiedad de otras sociedades o compañías, los fideicomisos, entre otros.

[5] Art. 31 de la Ley Nro. 18.600 en la redacción dada por el art. 31 de la Ley Nro. 19.535. Prestadores de Servicios de Confianza. – Créase en la Unidad de Certificación Electrónica el Registro de Prestadores de Servicios de Confianza. A estos prestadores les compete prestar servicios de confianza que brinden seguridad jurídica y  los hechos, actos y negocios realizados o registrados por medios electrónicos, entre ellos, la creación, verificación y validación de firmas electrónicas avanzadas con custodia centralizada, la  identificación digital y el sellado de tiempo, debiendo cumplir  con las siguientes obligaciones específicas:   A)   Custodiar diligentemente la clave del firmante o signatario    asegurar los medios para su generación, protección y destrucción.  B)   Establecer mecanismos seguros para realizar firmas electrónicas   por orden del firmante o signatario de acuerdo con lo que determine la Unidad de Certificación Electrónica.  C)   Disponer de mecanismos seguros para el registro y autenticación    de personas para su identificación digital.    Los prestadores de servicios de confianza deberán cumplir con el procedimiento de acreditación y con las políticas determinadas por la Unidad de Certificación Electrónica.

[6] A la fecha $ 1.202.706 (valor UI $ 3,9433 agosto 2018).

[7] Transacciones de aquellas personas que se vinculen con la entidad a través de operativas en las que no sea habitual el contacto directo y personal, como en el caso de los clientes no residentes, en las operaciones por internet o a través de cualquier otra modalidad operativa que, utilizando tecnologías nuevas o en desarrollo, pueda favorecer el anonimato de los clientes.

[8] Con excepción del reporte de cuentas básicas de ahorro, cuantas implicadas para empresas de reducida dimensión económica y cuentas e instrumentos de dinero electrónico para el pago de nómina, honorarios profesionales, pasividades y beneficios sociales y otras prestaciones.

Proyecto Normativo BCU cambios en la RNRCSF.