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Proyecto Normativo BCU cambios en la RNMV – Asesor de Inversión

NORMATIVA DE PREVENCION DEL USO DE LAS INSTITUCIONES SUPERVISADAS PARA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.

 

Recopilación de Normas de Mercado de Valores.

 

Por Victoria Notari Ehlers.

 

Asesores de Inversión.

Gestor de Portafolios.

 

  1. Introducción.

 

Días atrás el Banco Central del Uruguay (“BCU”) circularizó un proyecto normativo por intermedio del cual se pretende introducir modificaciones al régimen de prevención del uso de las instituciones supervisadas para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, con el objetivo de adecuar la normativa en consonancia con las disposiciones contenidas en la nueva Ley Integral de Lavado de Activos Nro. 19.574 de 20 de diciembre de 2017, (en adelante el “Proyecto”).

 

Se incluye una modificación a las normas de prevención que serán aplicables a la nueva figura de gestores de portafolios, cuya reglamentación se encuentra en trámite.

 

El BCU otorgó plazo hasta el 31 de agosto de 2018 para recibir comentarios por parte de las instituciones comprendidas en el Proyecto.

En la RNMV el sistema de prevención para los asesores de inversión se regula en el ARTÍCULO 207, el cual contempla las obligaciones de éstos en prevención. El Proyecto establece un capitulo especifico para asesores de inversión y gestores de portafolios, que cuenta con 14 artículos que definen un sistema de prevención especifico, estableciendo procedimientos de debida diligencia determinadas en función del riesgo de cliente.

Se introducen cambios vinculados con la definición de personas políticamente expuestas y de beneficiario final, los procedimientos de debida diligencia de clientes y la obligación de conservación de los registros, así como informes anual y diario al BCU por parte de los intermediarios de valores.

Los asesores de inversión contaran con un plazo de 120 días para adecuarse a las modificaciones dispuestas en el proyecto.

Seguidamente haremos algunos comentarios sobre las principales modificaciones que pretende introducir el Proyecto en relación a Intermediarios de Valores y Administradoras de Fondos de Inversión.

  1. Prevención del uso de los Asesores de Inversión y Gestores de Portafolios para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

 

 

Artículo 207. Sistema integral de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

 

Se incluye al Gestor de Portafolios en las obligaciones de prevención ya establecidas para los asesores de inversión.

 

Los asesores de inversión y los gestores de portafolios deberán:

 

  1. Establecer políticas y procedimientos que les permitan prevenir, detector y a las autoridades competentes las transacciones que puedan estar relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
  2. Establecer políticas y procedimientos con respecto al personal (requisitos de integridad del personal y permanente capacitación).
  3. Designar un Oficial de Cumplimiento responsable de la implementación, seguimiento y control del adecuado funcionamiento del sistema preventivo y servirá como enlace con los organismos competentes.

 

Artículo 207.1. Código de Conducta.

 

Se incorpora el ARTÍCULO 207.1 que establece la obligación para los asesores de inversión y los gestores de portafolios de contar con un Código de Conducta, aprobado por el máximo órgano ejecutivo con notificación a sus propietarios, que refleje el compromiso institucional asumido a efectos de evitar el uso del mercado de valores para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo[1].

 

ARTÍCULO 207.2. Oficial de Cumplimiento.

 

El Proyecto incorpora el ARTÍCULO 207.2 referente al Oficial de Cumplimiento.

 

El Oficial de Cumplimiento será un funcionario comprendido en la categoría de personal superior, pudiendo ser desempeñada la función por uno de los propietarios de la empresa.

 

El mismo deberá estar radicado en el país y contar con la capacitación, jerarquía dentro de la organización y los recursos humanos y materiales necesarios para desempeñar su tarea en forma autónoma y eficiente.

 

ARTÍCULO 207.3. Políticas y Procedimientos de debida diligencia.

 

El Proyecto incorpora el ARTÍCULO 207.3 dedicado específicamente a los procedimientos de debida diligencia a aplicar a los clientes por parte de los asesores de inversión y los gestores de portafolios.

 

Los mismos deberán ser aplicables a todos los clientes, de modo que les permitan tener un adecuado conocimiento de los mismos, así como el beneficiario final de la transacción.

 

Los asesores de inversión y los gestores de portafolios no establecerán relaciones de negocios cuando no puedan aplicar los procedimientos de debida diligencia. Cuando se aprecie esta imposibilidad en el curso de las relaciones de negocios, se deberá poner fin a la misma y considerar la pertinencia de realizar un reporte de operaciones sospechosas a la UIAF.

 

Las políticas y procedimientos de prevención deberán contener como mínimo:

  1. Medidas para obtener, verificar, registrar, actualizar y conservar información de la identidad del cliente, así como la del beneficiario final.
  2. Procedimientos para obtener, verificar, registrar, actualizar y conservera información relativa a la actividad económica del cliente, que permita justificar el origen de fondos.
  3. Reglas de aceptación de clientes definidas en función de factores de riesgo.
  4. Sistemas de monitoreo de transacciones que permitan detectar patrones inusuales o sospechosos en el comportamiento de los clientes.

Se exceptúa de la obligación de identificar al beneficiario final en los siguientes casos:

 

  • Títulos de participación patrimonial coticen a través de bolsas de valores nacionales o de bolsas internacionales de reconocido prestigio.

 

  • Título de participación patrimonial sean de propiedad, directa o indirectamente, de sociedades cuyos títulos de participación coticen a través de bolsas de valores nacionales o de bolsas internacionales de reconocido prestigio.

 

Para la aplicación de la excepción los títulos deberán estar siempre a disposición inmediata para su venta o adquisición en los referidos mercados. La excepción aplica únicamente respecto de los títulos que coticen en bolsa.

 

Cuando se brinden servicios de asesoramiento y gestor de portafolios a clientes de instituciones financieras del exterior que estén sujetas a regulación supervisión, y cuyas políticas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo hayan sido evaluadas favorablemente por el asesor o gestor, y cuando además, los servicios sean prestados en el marco de contratos en los que se establezca en forma clara la responsabilidad por la aplicación de los procedimientos de debida diligencia, se podrán limitar a identificar adecuadamente a los mismos.

 

ARTÍCULO 207.4. Definición de beneficiario final.

 

Se incorpora la definición de Beneficiario Final, en virtud de la definición establecida en el ARTÍCULO 15 inc. B de la Ley Nro. 19.574.

 

Dentro del concepto de Beneficiario Final, quedan comprendidas, la/s persona/s física/s que, directa o indirectamente, posean como mínimo un 15% del capital o su equivalente, o de los derechos de voto, o que por otros medios ejerza el control final sobre una entidad, considerándose tal una persona jurídica, un fideicomiso, un fondo de inversión o cualquier otro patrimonio de afectación o estructura jurídica.

 

Se entenderá como control final el ejercido directa o indirectamente a través de una cadena de titularidad o a través de cualquier otro medio de control.

 

Asimismo, se considerará Beneficiario Final a la/s persona/s física/s que aporten fondos para realizar una operación o en cuya representación se lleva a cabo la operación.

 

En el caso de los fideicomisos, la obligación de identificación del Beneficiario Final alcanza a las personas físicas relacionadas al fideicomitente, fiduciario y beneficiario.

 

Artículo 207.5. Información mínima.

 

Se incorpora el ARTÍCULO 207.5, que establece que los asesores de inversión y los gestores de portafolios deberán obtener, como mínimo, la siguiente información de sus clientes:

 

Personas físicas:

  1. a) nombre y apellido completo;
  2. b) fecha y lugar de nacimiento;
  3. c) copia del documento de identidad;
  4. d) número de inscripción en el Registro Único Tributario o en el organismo tributario correspondiente;
  5. e) estado civil (si es casado, nombre y número del documento de identidad del cónyuge); f) domicilio y número de teléfono;
  6. g) profesión, oficio o actividad principal;
  7. h) volumen de ingresos.

 

Se deberá hacer constar expresamente si el cliente está actuando por cuenta propia o en nombre de un tercero y, en este último caso, obtener los mencionados datos respecto del beneficiario final de la transacción.

 

Asimismo, deberán obtenerse dichos datos respecto de los apoderados del cliente, con excepción de lo dispuesto en el profesión, oficio o actividad principal. En lo que refiere al dato sobre volumen de ingresos de las referidas personas, se solicitará cuando éstos constituyan una fuente de los fondos manejados por el cliente.

 

Personas jurídicas:

 

  1. a) denominación;
  2. b) fecha de constitución;
  3. c) domicilio y número de teléfono;
  4. e) número de inscripción en el organismo de seguridad social respectivo;
  5. f) documentación de práctica (testimonio notarial del contrato o estatuto social, constancia de la inscripción en el registro, documentación que acredite la calidad de autoridad, representante, apoderado, etc.);
  6. g) actividad principal;
  7. h) volumen de ingresos;
  8. i) estructura de propiedad y control de la sociedad, estableciendo quiénes son sus accionistas o propietarios y dejando constancia de quién es el beneficiario final o controlante de la sociedad, si fuera otra persona distinta de las anteriores. La identificación de los accionistas o propietarios corresponderá toda vez que los mismos posean un porcentaje del capital superior al 15%.
  9. j) constancia de inscripción en el Registro de beneficiarios finales (Ley Nro. 19.484 del 5 de enero de 2017).

 

Sobre los beneficiarios finales de las persas jurídicas, deberá solicitarse, todos los datos referidos a personas físicas (y beneficiarios finales de personas físicas).

Los mismos datos deberán obtenerse de las personas físicas que actúen en representación del cliente persona jurídica, así como para apoderados y autorizados para operar en su nombre del cliente frente la institución (salvo la profesión, oficio o actividad principal).  El volumen de ingresos solo se solicitará en los casos, que las referidas personas constituyan una fuente de ingresos de la cuenta o de los fondos manejados por el cliente.

 

Artículo 207.6. Conservación de la documentación.

 

El proyecto incorpora el artículo 207.6. sobre la conservación de la información, acorde al plazo establecido en el ARTÍCULO 21 de la Ley Nro. 19.575, de cinco años después de terminada la relación comercial.

 

Artículo 207.7. Procedimientos de Debida Diligencia Intensificada.

 

En el Proyecto el artículo establece los procedimientos de debida diligencia intensificada. Los mismos se aplicarán a las categorías de clientes, relaciones comerciales y operaciones consideradas de alto riesgo.

 

Independientemente de la evaluación de riesgo realizada por la institución, establece que se consideraran de alto riesgo las siguientes situaciones:

 

  1. Relaciones comerciales y operaciones con clientes no residentes que provengan de países que no cumplen con los estándares internacionales en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
  2. Personas políticamente expuestas (PEPs), así como sus familiar y asociados cercanos.
  3. Operaciones que se realizan en circunstancias inusuales conforme a los usos y costumbres de la respectiva actividad.

Procedimiento de Debida Diligencia Intensificada (DDI).

 

Dentro del procedimiento de DDI, las instituciones deberán:

 

  1. Obtener aprobación de los principales niveles jerárquicos de la institución al establecer o continuar una relación con cliente de alto riesgo.
  2. Informe circunstanciado.

Elaborar un informe circunstanciado donde se explicitarán los elementos que fueron considerados para elaborar el perfil de actividad del cliente, adjuntando la documentación de respaldo que permita establecer la situación patrimonial, económica y financiera o justificar el origen de los fondos manejados por el cliente.

El Proyecto especifica la documentación de respaldo con la cual necesariamente deberá contar el informe circunstanciado.

La institución deberá contar con copias de las declaraciones juradas o documentación equivalente presentadas ante la administración tributaria correspondiente; y, estados contables con informe de Contador Público, estados de responsabilidad, actas de distribución de utilidades, contratos de compraventa u otra documentación alternativa. En el caso de PEPs cuyas transacciones anuales (de acuerdo a su perfil de actividad) alcancen importes menores a USD 120.000 o realicen transacciones por hasta dicho monto en el transcurso de un año calendario, sólo se requerirá la documentación que permita establecer la situación patrimonial, económica y financiera o justificar el origen de fondos manejados.

  • Aumentar la frecuencia de actualización de la información del cliente (1 año).
  1. Monitoreo más intense de la relación comercial.
  2. Incrementar cantidad y la duración de los controles aplicados.

 

 

 

 

Artículo 207.8. Transacciones con países o territorios que no aplican las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional.

 

Se definen los países o territorios que no aplican las recomendaciones GAFI y se establece que los análisis efectuados para determinar el carácter legitimo de las transacciones con personas y empresas (incluidas transacciones financieras) residentes en los países en dichos países, deberán plasmarse por escrito y mantenerse a disposición de la SSF.

 

Artículo 208. Reporte de Operaciones Sospechosas.

 

Se define que se entiende por Personas Políticamente Expuestas, modificando el tiempo a tener en cuenta para la aplicación de las medidas de DDI una vez la PEP ha dejado de desempeñar la función respectiva, de dos años a cinco.

 

Se establece que los asesores de inversión y los gestores de portafolio deberán contar con procedimientos que permitan determinar cuando un cliente o beneficiario final es persona políticamente expuesta, familiar o asociado cercano a una.

 

Artículo 281.1 Confidencialidad.

 

Se establece que los asesores de inversión y los gestores de portafolios no podrán poner en conocimiento de las personas involucradas ni de terceros, las actualizaciones o informes que ellas realicen o produzcan en cumplimiento de su deber de informar o en respuesta de una solicitud de información que le haya formulado la UIAF.

 

Artículo 208.2. Examen de Operaciones.

 

Los asesores de inversión y los gestores de portafolios deberán prestar atención a aquellas transacciones que resulten inusuales o complejas o de gran magnitud y dejar constancia escrita de los controles y verificaciones que realicen para determinar el fin y los antecedentes, así como las conclusiones del examen realizado para confirmar o descartar la insualidad, debiendo estar a disposición del BCU y los auditores externos de la institución.

 

ARTÍCULO 208.3. Deber de informar operaciones sospechosas o inusuales.

 

Lo asesores de inversión y los gestores de portafolios estarán obligados a informar a la UIAF las transacciones, realizadas o no, que, en los usos y costumbres de la respectiva actividad, resulten inusuales, se presenten sin justificación económica o legal evidente, o se planteen con una complejidad inusitada o injustificada, así como también las transacciones financieras que involucren activos sobre cuya procedencia existan sospechas de ilicitud, a efectos de prevenir el delito de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

 

La información deberá comunicarse en forma inmediata a ser calificadas como tales, aun cuando las operaciones no hayan sido efectivamente concretadas por la institución, ya sea porque el cliente desistió de realizarla o porque la institución resolvió no dar curso a la misma. La comunicación se realizará de acuerdo con las instrucciones impartidas por la Unidad de Información y Análisis Financiero a esos efectos.

 

 

REGIMEN INFORMATIVO.

 

Asesores de Inversión.

 

ARTÍCULO 308.1.2. Información sobre transacciones y servicios.

 

Los asesores de inversión y los gestores de portafolios deberán presentar a la UIAF dentro de los 30 días siguientes al cierre de ejercicio del año civil, información sobre transacciones y servicios, agrupados según factores de riesgo para el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

 

Artículo 310.9.1. Información sobre transacciones y servicios.

 

Los asesores de inversión y los gestores de portafolios deberán presentar a la UIAF dentro de los 30 días siguientes al cierre de ejercicio del año civil, información sobre transacciones y servicios, agrupados según factores de riesgo para el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

 

 

[1] Se aplicará los dispuesto en los arts. 252 a 253.1, Código de Ética, notificación al personal y difusión, respectivamente.