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Resolución de DGI 231/019 – Régimen de Zonas Francas

NUEVA RESOLUCIÓN DE DGI 231/019 RELATIVA AL RÉGIMEN DE ZONAS FRANCAS

Por: Paula Garat

El 15 de enero de 2019 la Dirección General Impositiva (DGI) emitió la Resolución 231/019[1] por la que incorpora regulación especial en atención a los cambios habidos en el régimen normativo de las zonas francas, y se propone incluir al régimen de facturación electrónica, en forma generalizada, a los usuarios, desarrolladores y terceros no usuarios, así como los contribuyentes que realicen la actividad de cobranza de carteras morosas a usuarios de zonas francas.

Realizaremos a continuación un breve comentario, sintetizando el contenido principal de la reciente Resolución, publicada en el Diario Oficial el pasado 16 de enero.

1.- Servicios prestados a contribuyentes gravados por IRAE

Se dispone que los usuarios pueden prestar servicios a contribuyentes de IRAE, que no estén en territorio franco, siempre que los referidos servicios se vinculen a la obtención de rentas gravadas por IRAE para el prestatario. A tales efectos, dispone que estos últimos deben comunicar por escrito a los usuarios, previo a la prestación del servicio, que se verifican las condiciones citadas.

Asimismo, en la declaración jurada informativa anual (regulada por Resolución de DGI 1041/2016) se incluyen algunos datos referidos a esta actividad.

2.- Actividades excepcionales, de carácter auxiliar y complementarias

Si se realizan actividades excepcionales, de carácter auxiliar y/o complementarias (conforme las definen los artículos 15 a 17 del Decreto 309/018) los usuarios deberán comunicar al RUT de la DGI en forma previa a su realización: el inicio o reinicio, el domicilio utilizado y demás información que se les requiera. En este sentido, y dependiendo de la actividad que se realice se especifican los datos a aportar a DGI (a modo de ejemplo: detalle de actividades, del personal ocupado, período, entre otros).

Respecto de las actividades previas a la Resolución, se otorga plazo hasta el 31 de mayo de 2019 para aportar la información requerida.

Asimismo, se prevé que las empresas que realicen la actividad de cobranza de carteras morosas a usuarios de zona franca deben informar mensualmente a la DGI a quiénes le prestan el servicio, identificando el usuario y el número de RUC.

3.- Documentación de operaciones

Se establece que los usuarios de zona franca deben dejar dicha constancia en la documentación de sus operaciones, estableciendo la leyenda “Contribuyente amparado a la Ley Nº 15.921”. En los comprobantes fiscales electrónicos, se lo incluye en la zona de Adenda. Para quienes no hubieren ingresado todavía al sistema de facturación electrónica, se lo consigna en el ángulo superior izquierdo de la documentación.

4.- Actividades de investigación y desarrollo

Se regula especialmente la Declaración Jurada a la que refiere el numeral 2 del artículo 54 del Decreto 309/018, relativo a la exoneración en la exportación de derechos de propiedad intelectual[2]. La misma es anual y con cierto contenido previsto por el numeral 2 de la Resolución comentada. Se regulan los plazos de presentación.

Para tal exoneración también se exige que se deje constancia del número de registro del activo correspondiente y del porcentaje de exoneración que le resulte aplicable, en el documento que respalde la operación, debiéndose emitir un documento separado por cada activo que genere rentas exentas.

Asimismo, se regula la propiedad, a los efectos fiscales, de los activos resultantes de estas actividades.

5.- Comercio al por menor en zona franca

Se prevé que la circulación de bienes y prestación de servicios en zona franca, que realice el desarrollador o terceros no usuarios para la realización de actividades previstas en el inciso primero del artículo 37 de la Ley [3] está exonerada de IVA y de IMESI, siempre que el adquirente sea un usuario de zona franca. Cuando el adquirente no lo sea, las operaciones quedan gravadas.

6.- Introducción de bienes a la zona franca

Por otra parte, y tal como previó la Ley 19.670 en su artículo 324, se agrega que “no se considerará exportación la introducción desde territorio nacional no franco a zonas francas, de bienes destinados a satisfacer el consumo final de bienes y servicios por parte del personal de las zonas en oportunidad de realizar su actividad laboral dentro de las mismas, a que refiere el artículo 37 de la Ley N° 15.921 de 17 de diciembre de 1987”. Se adiciona, no obstante, que cuando los bienes sean adquiridos por desarrolladores o terceros no usuarios que desarrollen actividades destinadas a satisfacer el consumo final de bienes y servicios por parte del personal de las zonas en oportunidad de realizar su actividad laboral, el IVA se incluirá en la factura, pero será devuelto al adquirente, de acuerdo al procedimiento previsto para los exportadores, cuando el efectivo destino de los mismos haya sido la adquisición por usuarios de zonas francas.

7.- Régimen de facturación electrónica

Se establece un plazo de 90 días desde la autorización del Área de Zonas Francas  o del Poder Ejecutivo para que los desarrolladores, usuarios, y terceros no usuarios que realicen las actividades del literal b del artículo 13 del Decreto 309/018 (actividades comerciales o de servicios destinadas a satisfacer el consumo final de bienes y servicios por parte del personal de las zonas en oportunidad de realizar su actividad laboral dentro de las mismas) se postulen al régimen de facturación electrónica (CFE).

Para el caso de las empresas de cobranza de carteras morosas a usuarios de zonas francas, los 90 días se computan desde el inicio de la actividad.

Asimismo, para quienes ya se encuentran realizando cualquiera de las actividades antes mencionadas y no estén en el régimen de facturación electrónica, el plazo es hasta el 1º de abril de 2019.

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[1] El texto puede ser consultado en la página web del Diario Oficial (IMPO) pinchando aquí

[2] El artículo establece: “Para acceder a la exoneración relativa a la explotación de derechos de propiedad intelectual en los términos del presente artículo, los usuarios deberán: presentar ante la Dirección General Impositiva, en los términos y condiciones que ésta determine, una declaración jurada en la que consten los extremos previstos en los incisos segundo y tercero del presente artículo, debiendo informar en la misma la inscripción en los registros a que refieren las Leyes N° 9.739 de 17 de diciembre de 1937, y N° 17.164 de 2 de setiembre de 1999, y en los casos que corresponda la autorización de uso y explotación exclusiva a favor de la entidad a la que el titular del derecho se encuentre vinculado en carácter de beneficiario final”.

[3] Este artículo prevé: “No se permitirá el comercio al por menor dentro de las zonas francas en las actividades a realizar por los usuarios directos e indirectos. Esta prohibición no comprenderá la provisión de bienes y servicios entre usuarios o entre usuarios y desarrolladores de las zonas francas. Asimismo, aquellas actividades comerciales o de servicios destinadas a satisfacer el consumo final de bienes y servicios por parte del personal de las zonas en oportunidad de realizar su actividad laboral dentro de las mismas, que realice el desarrollador o contrate con terceros no usuarios y que resulten necesarias para la realización de las actividades de la zona, no se encuentran comprendidas en la prohibición”.