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LEY CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA LEY N°19.749 Y SU DECRETO REGLAMENTARIO N°136/019

Junio 2019

LEY CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA 

LEY N°19.749 Y SU DECRETO REGLAMENTARIO N°136/019 

Por Gastón Chiquiar

Juan Diana  

  • Introducción

El pasado 15 de mayo el Poder Ejecutivo promulgó la “Ley Contra el Financiamiento del Terrorismo y Aplicación de Sanciones Financieras contra las Personas y Entidades Vinculadas al Terrorismo, su Financiamiento y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”, por intermedio de la cual se establecen una serie de medidas que apuntan a combatir actividades terroristas y su financiamiento (en adelante la “Ley”).

Adicionalmente, casi en forma simultánea se expidió el Decreto N°136/019, el cual reglamenta las disposiciones de la Ley (en adelante el “Decreto Reglamentario”).

A continuación, haremos breves comentarios acerca de los aspectos más importantes de la Ley y su reglamentación, desde el punto de vista de la operativa de los sujetos obligados:

  • Ley N°19.749

Objetivo y contexto de la regulación

Como principal objetivo la Ley se propone actualizar los aspectos normativos vinculados al financiamiento del terrorismo (en adelante “FT”), anteriormente previstos en la Ley N°17.835, de setiembre de 2004, y que a su vez se mantuvieron vigentes luego de la aprobación de la Ley Integral Contra el Lavado de Activos, N°19.574, de diciembre de 2017 (en adelante la “LICLA”).

A diferencia de la LICLA, la Ley no deroga los artículos correspondientes al FT, sino que le da una nueva redacción a los artículos 14 y 16 de la antes mencionada Ley N°17.835. Tales artículos prevén qué debe entenderse por naturaleza terrorista (de los actos), así como la definición del “Delito de Financiamiento del Terrorismo”, respectivamente, manteniéndose incambiados y vigentes los artículos 15, 17 y 18 del referido cuerpo normativo[1].

Esta actualización normativa surge como respuesta a las recomendaciones 5 y 6 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y su aprobación se da en el marco de la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), bajo la cual se encuentra actualmente el sistema nacional de prevención de nuestro país.

Sanciones financieras

La Ley tiene por objeto la implementación de sanciones financieras por parte de todos los sujetos obligados por la LICLA (sector financiero y no financiero, así como también organismos del sector público), a personas físicas o jurídicas relacionadas con el terrorismo, su financiamiento, así como con el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (en adelante “FPADM”), en virtud de lo establecido en las Resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas -ONU- (en adelante “Resoluciones ONU”). Dichas resoluciones expresan la opinión oficial del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre asuntos específicos de cada jurisdicción, algunos de ellos vinculados a cuestiones de lavado de activos (en adelante “LA”), FT y FPADM.

Concretamente, las sanciones financieras dispuestas por la Ley refieren al congelamiento de los activos involucrados en la operación de la que se trate, tal lo que se analizará seguidamente.

Verificación en listas y congelamiento de activos

Los sujetos obligados por la LICLA (en adelante “Sujetos Obligados”) deberán “controlar permanentemente y verificar” las siguientes listas:

  1. Lista de individuos o entidades asociadas a organizaciones terroristas confeccionadas por la ONU[2]
  2. Lista de individuos o entidades vinculadas al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva[3]
  3. Las designaciones de personas físicas o jurídicas o entidades que implican amenazas a la paz y la seguridad internacionales creadas por actos de terrorismo[4]
  4. La nómina de personas declaradas terroristas por resolución judicial firme nacional o extranjera, de conformidad con lo establecido en el literal b) del artículo 17, de la Ley N°17.835.

La Ley también dispone que, en caso de existir coincidencias de personas físicas o jurídicas con las listas mencionadas, los Sujetos Obligados deberán proceder al congelamiento preventivo inmediato y sin demora, de los fondos o activos financieros del cliente, e impedir el ingreso de nuevos fondos a la institución.

Una vez realizado el congelamiento preventivo, se deberá notificar de inmediato a la Unidad de Información y Análisis Financiero del BCU (en adelante “UIAF”), quien dará traslado a la justicia penal competente o bien dispondrá el levantamiento de la medida homonimia o “falso positivo”.

Con respecto a la duración de las medidas de congelamiento preventivo, la Ley establece que las mismas deberán mantenerse hasta que la persona o entidad sea excluida de la lista a la que pertenezca.

Finalmente en cuanto a este punto, es importante destacar que la aplicabilidad de la medida de congelamiento prevista en la Ley, puede no ser enteramente aplicable a algunos sectores de actividad de Sujetos Obligados (principalmente del sector no financiero), por lo que en un futuro la normativa podría recibir algunos ajustes en este sentido.

  • Decreto N°136/019

Procedimiento de verificación en listas de personas vinculadas al terrorismo

Tal lo mencionado anteriormente, la Ley dispone que los Sujetos Obligados, en el marco del desarrollo de su actividad, deberán controlar “permanentemente” y verificar las listas ONU, con el fin de detectar coincidencias y, en su caso, aplicar el congelamiento de los fondos.

No obstante ello, el Decreto regula el mecanismo de verificaciones en listas, estableciendo que las altas o bajas de las listas ONU, serán recibidas directamente por la UIAF y la SENACLAFT de la misión permanente en Uruguay ante la ONU, y luego estas las remitirán, en forma inmediata mediante comunicación electrónica, a los Sujetos Obligados, quienes deberán verificarlas y cruzarlas contra su base de datos.

Asimismo, las listas de ONU actualizadas estarán disponibles en la pagina web del BCU y de la SENACLAFT.

Procedimiento para el congelamiento de activos solicitado por otros países

Otro de los procedimientos previstos en el Decreto Reglamentario que incide en la operativa diaria de los Sujetos Obligados, es el congelamiento de activos pertenecientes a sujetos vinculados con el terrorismo solicitados por otros países.

En tal sentido, se dispone que cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores reciba una solicitud de congelamiento de una autoridad competente extranjera, se la comunicará de inmediato a la UIAF y a la SENACLAFT, quienes verificarán si cumplen con los criterios definidos por la normativa internacional aplicable, y, en caso afirmativo, comunicarán sin demora los datos de los involucrados a los Sujetos Obligados, quienes deberán actuar inmediatamente. 

Exención de Responsabilidad

Un punto importante a mencionar en el Decreto Reglamentario, es la exoneración de responsabilidad del Sujeto Obligado. En este sentido, se dispone que en caso de que éstos apliquen de buena fe las disposiciones previstas en la reglamentación, éstos quedarán exentos de responsabilidad administrativa, civil y penal, según lo establecido en el artículo 23 de la Ley N° 19.574.

Naturalmente esto puede dar lugar a distintas controversias en el marco de una acción de responsabilidad entablada contra el Sujeto Obligado, sobre todo por el concepto abstracto que implica la “buena fe” exigida por el Decreto Reglamentario.

Sanciones 

Por último, es de destacar que las sanciones por incumplimiento del régimen anteriormente analizado son las mismas que se prevén en la LICLA, y van desde la observación y apercibimiento hasta suspensión temporal o definitiva del Sujeto Obligado.

 

Comentarios a la Ley Contra el Financiamiento del terrorismo N°19.749

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Téngase presente que los restantes artículos de la Ley N°17.835 fueron derogados por la LICLA.

[2] En virtud de las Resoluciones ONU S/RES/1267, S/RES/1988, S/RES/1989 y sucesivas

 

[3] En virtud de las Resoluciones ONU S/RES/1718, S/RES/1737, S/RES/2231 y sucesivas

 

[4] En virtud de la Resolución ONU S/RES/1373