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COMENTARIO DE LA LEY DE EMPRENDEDURISMO, CREACIÓN DE SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS (SAS) Y SISTEMA DE FINANCIAMIENTO COLECTIVO

Dra. Dayana Brites

Dra. Sofía Milsev

Dra. Stephanie Da Rosa

Proc. Emiliano Lencina

 

Con fecha 11 de setiembre de 2019 el Poder Legislativo sancionó la Ley de Emprendedurismo (en adelante la “Ley”). En la misma se regulan varios temas de interés, como es la protección y fomento de los emprendimientos, la creación de un nuevo tipo social cuya regulación se aparta significativamente de la de los tipos sociales previstos en la Ley 16.060 (en adelante “LSC”), y la introducción de modificaciones a la Ley N° 18.627 de regulación del mercado de valores, con especial énfasis en el Crowdfunding (acceso al financiamiento colectivo).

La Ley se divide en los siguientes cuatro títulos:

  • Título I (arts. 1 a 7): Fomento del emprendedurismo
  • Título II (arts. 8 al 48): Sociedad por acciones simplificadas (SAS)
  • Título III (arts. 49 y 50): Sistema de Financiamiento Colectivo, más conocido como “Crowdfunding”
  •  Título IV (arts. 51 al 54): Otras disposiciones

En esta instancia realizaremos un breve comentario, sistematizando los puntos centrales que regula la Ley, prescindiendo de un análisis en mayor detalle que se llevará a cabo en futuras publicaciones, en las que se realizará un comparativo entre las SAS y los diferentes tipos sociales regulados por la LSC, y se abordarán sus ventajas y desventajas.

La norma tiene por objetivo favorecer la innovación, el espíritu emprendedor, el fomento en la densidad de los fondos de capital de riesgo. Busca apoyar el talento técnico nacional y que Uruguay vuelva a ser elegido como un destino apto para emprendedores extranjeros. Es una herramienta que brinda el Estado para “apoyar y catalizar tendencias incipientes que existen en la sociedad civil, así como para remover las dificultades u obstáculos que artificialmente crea la regulación”. Asimismo, busca resolver problemas de costos, formalidades estrictas, tiempos extensos de creación, de los cuales tanto las pymes, startups y empresas en general son rehenes, brindando mayor celeridad en el proceso, facilidades o incentivos tributarios, adaptación del sistema a las nuevas tecnologías, entre otros.

 

Título I: Fomento del emprendedurismo

El art. 1 declara de interés nacional el fomento de los emprendimientos, a través de la difusión de la cultura emprendedora, la promoción y desarrollo tanto de los emprendimientos como de los emprendedores, tendiente a la consolidación de un ecosistema emprendedor del país en general.

El Sistema Nacional de Transformación Productiva y Competitividad, creado por la Ley N° 19.472 apoyará en la coordinación y articulación de las iniciativas y acciones de instituciones públicas y privadas, otorgándole al Gabinete Ministerial de este instituto una serie de atribuciones, tendientes al fomento de los emprendimientos, como son: la proposición de lineamientos, prioridades, metas, políticas, estrategias, entre otros.

A su vez, se generará un Plan Nacional de Emprendimientos que incluirá un Plan Integral para el Desarrollo y Difusión de una Cultura Emprendedora.

Por medio del art. 6 de la presente Ley, se crea el Consejo Consultivo de Emprendimientos, el cual tendrá a su cargo el asesoramiento, colaboración y seguimiento conjunto de los emprendimientos, brindándole una serie de cometidos y encargando al Poder Ejecutivo la reglamentación de la integración y funcionamiento del mismo.

Se declara el Día Nacional de la Cultura Emprendedora (tercer jueves de noviembre de cada año), y se indica que cada Ministerio e Intendencia deberá difundir en su página web un reporte del cumplimiento anual de fomento de la cultura y las actividades.

Por intermedio de esta sección de la Ley, lo que se busca es brindar políticas públicas tendientes al fomento de la cultura del emprendedurismo, y poner al país en competitividad con el resto.

Título II : Sociedades por Acciones Simplificada (SAS)

Disposiciones Generales

El art. 8 conceptúa a las SAS como un nuevo tipo de sociedad comercial en el cual: a) su capital está integrado por acciones; y b) sus accionistas sólo serán responsables hasta tanto el monto de sus aportes, y no responden como tales por deudas en las que haya incurrido la sociedad, obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra naturaleza, excepto en caso de que se declare inoponible la personalidad jurídica de la sociedad según el procedimiento establecido por la LSC.

En caso de pretender emitir obligaciones negociables, deberán cumplir con las disposiciones específicas de la LSC respecto a las sociedades anónimas abiertas.

Se imposibilita adoptar este tipo social a:

  • las sociedades que hagan oferta pública de sus acciones;
  • aquellas en las que al menos un accionista sea -directa o indirectamente- el Estado, un Gobierno Departamental, un Ente Autónomo, un Servicio Descentralizado o una persona pública no estatal;
  • aquellas en la que una ley les establezca preceptivamente la adopción de un tipo social específico;
  • sociedades anónimas constituidas con anterioridad a la vigencia de la presente ley, que, con posterioridad a su sanción, que se transformen en otro tipo social.

Se consagra específicamente la autonomía de la voluntad, y se establece que, en lo no previsto por la presente Ley, se seguirá primeramente lo dispuesto en el contrato o estatuto social y, en segundo orden, las normas legales de las sociedades anónimas.

Se establece que será de aplicación preceptiva lo establecido en los artículos 298 (certificados provisorios), 300 (menciones requeridas en títulos accionarios y certificados provisorios), 301 (numeración), inciso tercero y cuarto del artículo 305 (transmisión de acciones), 332 a 337 (libros sociales), 362 (supuestos especiales) y 363 (receso en caso de supuestos especiales) de la LSC.

El art. 10 de la Ley, refiere a la fiscalización del órgano estatal de control e indica que van a ser sometidas a su control aquellas SAS que al cierre de ejercicio tuvieran ingresos anuales que superen las 37.500.000 UI (aprox. USD 4.500.000). La constitución y modificación de estatutos no requiere intervención de AIN. Sin perjuicio de ello, el Poder Ejecutivo podrá crear reglamentación que prevea algún tipo de fiscalización para las SAS que no cumplan con el requisito anterior.

De este Capítulo de la Ley podemos extraer como conclusión que se otorga un amplio margen de libertad a la autonomía de la voluntad, y se le da vital importancia al contrato o estatuto social.

Constitución de una SAS

Uno de los mayores cambios respecto de la LSC, es que las SAS pueden ser constituidas por una persona física o jurídica (excepto una sociedad anónima). Es decir que puede ser una sociedad unipersonal desde su origen.

También es importante destacar que las SAS quedan regularmente constituidas con la inscripción del documento en el Registro Nacional de Comercio (RNC), por lo que no se requieren publicaciones.

El procedimiento para su constitución resulta novedoso, ya que podrá ser realizado a través de medios digitales y con firma electrónica avanzada u otro mecanismo de autenticación, según lo que prevea la reglamentación. Una vez remitido el archivo al Registro Nacional de Comercio, la Ley le establece un plazo de 24 horas desde el día hábil siguiente para realizar la calificación registral (evaluación del documento por parte del registrador a efectos de determinar si cumple o no con los requisitos legales).

La Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y Conocimiento (AGESIC), será la encargada de determinar los procedimientos necesarios para la instrumentación digital.

El art. 11 de la Ley establece en su último inciso que, tanto en el acto de constitución como en sus posteriores reformas y cambios en el capital, se deberán cumplir con los controles exigidos por la Leyes N° 19.210 (Ley de Inclusión Financiera) y N° 19.574 (Ley Integral contra el Lavado de Activos) y sus modificativas.

Se regula el contenido del instrumento de constitución (art. 12). En cuanto al plazo de las SAS, se dispone expresamente que no regirá el límite de 30 años impuesto por el art. 16 de la LSC y respecto al objeto señala simplemente que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil lícita, no siendo imprescindible detallar cada una de las actividades que se llevarán a cabo. En este punto, no obstante, y por otras normas aplicables, determinadas actividades pueden tener requerimientos específicos.

Por otro lado, se establece que se podrán aprobar modelos tipos de estatutos cuyo contenido no será vinculante, a efectos de agilizar el procedimiento de constitución de la sociedad. Este punto será precisado luego por la reglamentación.

Capital social y acciones

En cuanto a la suscripción e integración de acciones (art. 15), se dispone que el capital deberá ser íntegramente suscrito o integrado al momento de constituir la sociedad. Deberá integrarse un mínimo del 10% del capital social si la integración se realiza en dinero, o el 100% si se realiza en especie, pero con la novedad de que se contará con un un plazo máximo de 24 meses para integrar la totalidad del capital suscrito.

Otro aspecto novedoso es la posibilidad de prever en el estatuto de la sociedad porcentajes o montos mínimos o máximos de capital que podrán ser controlados por uno o más accionistas, en cuyo caso deberán incluirse también disposiciones que regulen las consecuencias en caso de incumplimiento de dichos límites.

En lo que a las acciones respecta, hay varios aspectos a destacar:

  1. Se podrán emitir acciones con primas de emisión diferenciadas.
  2. Podrán ser nominativas o escriturales de igual valor nominal e indivisibles. Se excluye la posibilidad de que las acciones sean al portador.
  3. Podrán crearse clases y series de acciones, estableciendo en los estatutos los derechos que les correspondan.
  4. Se deberá cumplir con la normativa que exige la identificación y comunicación al Banco Central del Uruguay de los titulares y beneficiarios finales.
  5. Las acciones podrán dar derecho a voto singular o múltiple, e incluso se puede prever la existencia de acciones sin derecho a voto.
  6. Los estatutos podrán restringir y hasta prohibir la negociación de las acciones (en este último caso por un plazo de 10 años). La restricción deberá constar al dorso de los títulos accionarios nominativos y en el Libro de Registro de Títulos Nominativos o en el Libro de Registro de Acciones Escriturales. Toda negociación o transferencia de acciones que incumpla lo previsto en los estatutos será inoponible a la sociedad.

El art. 18 de la Ley regula, por primera vez en nuestra legislación societaria, los aportes irrevocables que la sociedad reciba a cuenta de futuras integraciones de capital. En este sentido, dispone que podrán mantener tal carácter por un plazo de 24 meses desde la aceptación por el órgano de administración. La reglamentación establecerá las condiciones y requisitos para su instrumentación.

Organización de la sociedad

Este es uno de los capítulos de la Ley con mayores novedades y diferencias respecto a la LSC, ya que otorga amplias libertades en relación a la organización de la sociedad a diferencia de lo que ocurre en la LSC que es estricta al respecto.

El art. 21 de la Ley dispone que en el estatuto de la SAS se determinará libremente la estructura orgánica de la sociedad y demás normas que rijan su funcionamiento. Esto implica que podrá haber un administrador, un directorio, adoptarse una estructura que prescinda de asambleas, etc.

El único aspecto de la estructura societaria que por disposición del art. 29 resulta de carácter preceptivo refiere a la representación legal. La misma podrá ser ejercida por una o más personas físicas o jurídicas y su designación puede ser estatutaria o resolverse por la asamblea o el accionista único (arts. 29 y 30). Cuando la designación no sea estatutaria el nombramiento del representante legal deberá inscribirse en el RNC.

En cuanto a las facultades de quien ejerce la representación legal, el art. 29 prevé que, a falta de disposición contraria, le corresponden a él todas las funciones de administración y representación legal. Por su parte, el art. 30 estatuye que, salvo previsión en contrario, quien ejerce la representación puede realizar todos los negocios sociales, actos y contratos que no sean notoriamente extraños al objeto social.

Con relación a la reunión de los órganos sociales en el subsistema de las SAS se incorporan importantes modificaciones que acompasan el funcionamiento societario al reclamo doctrinario de modernización, fundado en las necesidades y posibilidades de la era digital.

En primer lugar, se quita el requisito de que las reuniones del órgano de gobierno se lleven adelante en el domicilio social, en tanto el art. 22 determina que todos los órganos sociales pueden reunirse en el domicilio o en cualquier otro lugar que le permita a sus integrantes participar y deliberar.

Pero además, y en segundo término, el art. 23 permite que la reunión de todos los órganos sociales se realice en forma presencial, por videoconferencia o por cualquier otro medio de comunicación simultánea, debiendo dejar constancia del medio de comunicación empleado en el acta correspondiente. La Ley pone fin, de este modo y para este tipo societario, a las discusiones respecto de la posibilidad de sesionar por tecnologías de comunicación a distancia, admitiendo que los órganos sociales se reúnan a través de dichos medios. Especial atención merece la circunstancia de que el art. 23 no distingue los medios que incluyen video de aquellos que solo permiten una comunicación de voz.

El art. 24 permite la adopción de resoluciones de los órganos sociales por consentimiento escrito (que también podrá comunicarse por medios electrónicos) y sin necesidad de celebrar reuniones, en caso de que exista una previsión estatutaria en este sentido.

Otra de las grandes diferencias con lo estipulado respecto a las SA de la LSC es en relación a la convocatoria de asambleas, ya que se establece que salvo estipulación en contrario (realizada por estatuto o contrato social), las asambleas serán convocadas por el representante legal, por cualquier medio fehaciente, con una antelación de diez días hábiles. Se podrá dar la auto convocación, sin convocatoria previa, cuando se encuentre presente la totalidad del capital integrado con derecho a voto. La segunda convocatoria podrá realizarse: a) en cualquier caso, para una fecha entre los diez y treinta días hábiles a contar desde la primera reunión; b) para el mismo día, una hora después, si el estatuto lo autoriza.

Al otorgarle las más amplias libertades de organización social, la Ley indica expresamente que la sociedad podrá no contar con un administrador, directorio u órgano de administración colegiado. Todo ello estará a cargo, (salvo disposición en contrario) del representante legal, como se mencionó precedentemente.

Se deberán llevar estados contables de acuerdo a lo establecido en la LSC y su reglamentación.

El art. 34 prevé que en caso de que la SAS posea ingresos por un valor superior a 4.000.000 UI al cierre de cada ejercicio anual, o sean titulares de activos dentro del territorio por más de 2.500.000 UI de acuerdo a las reglas de valuación del IRAE, los ingresos no dinerarios en la sociedad serán sometidos al control estatal según lo establezca la reglamentación posterior.

 

Responsabilidad de los administradores y del representante legal

El art. 31 establece una responsabilidad personal frente a la sociedad en aquellos casos en que el representante legal y/o los administradores (estos últimos, de haber sido designados) actúen violando con dolo o culpa grave las normas legales o estatutarias y sus deberes fiduciarios de lealtad y diligencia.

En caso de que la sociedad cuente con un órgano colegiado, la responsabilidad será solidaria, pudiendo eximirse de la misma por el procedimiento previsto en el art. 391 de la LSC, o por extinción de la responsabilidad según el art. 392 de dicho texto legal. La norma aclara que los administradores y/o representante legal en ningún caso serán responsables por perjuicios a la sociedad que no respondan a su actuación personal o que no hubieran causado perjuicio.

Por otro lado, el inciso segundo del mismo artículo, incorpora la acción individual de responsabilidad de administradores y/o representante legal frente a accionistas y a terceros, la cual no se encuentra consagrada expresamente en la LSC.

Asimismo, es novedosa la referencia que el artículo hace a los administradores o representantes de hecho, estableciendo que incurrirán en las mismas responsabilidades que los administradores y que el representante legal.

Reformas estatutarias y reorganización de la sociedad  

Las reformas de los estatutos deberán ser aprobadas por el voto favorable de accionistas que representen la mayoría del capital integrado con derecho a voto, exceptuándose los casos de restricciones a la negociación de acciones, receso o exclusión de accionistas y resolución de conflictos societarios, en los que se requiere el voto unánime del 100% del capital integrado.

Es importante destacar que la reforma es oponible a los accionistas y a la sociedad desde el momento que se adopta la decisión y no desde que se culmina el proceso de reforma (en el caso de la SAS se deberá inscribir la misma en el Registro Nacional de Comercio), como lo establece el art. 10 de la LSC. Este requisito se exige únicamente para la oponibilidad frente a terceros.

El art. 36 establece que los accionistas disidentes tendrán derecho de receso en caso de que la transformación, fusión o escisión causen un perjuicio en sus derechos patrimoniales (cuando se disminuya notoriamente el porcentaje de su participación o el valor patrimonial de la misma, cuando se limite o disminuya la negociabilidad de la acción y cuando se agrave la responsabilidad del accionista frente a terceros).

En cuanto a la posibilidad de transformación, cualquier sociedad comercial se podrá convertir en una SAS cumpliendo con los requisitos del art. 37 para la adopción de dicha resolución. Sin embargo y de acuerdo a lo ya mencionado, no podrán transformarse en una SAS las sociedades comerciales que en la actualidad son sociedades anónimas, ni aquellas que lo fueron con anterioridad a la vigencia de la presente ley y se transformaron en otro tipo social con posterioridad a su sanción.

Asimismo, una SAS se podrá transformar en cualquiera de los tipos sociales previstos en la LSC (con el voto de accionistas que representen la mayoría del capital integrado con derecho de voto).

Disolución y liquidación

Se aplican a las SAS las mismas causales de disolución previstas en el art. 159 de la LSC (excepto cuando se reduce a uno el número de socios) y la liquidación deberá seguir el procedimiento establecido en la LSC.

Receso o exclusión de accionistas

Los estatutos pueden prever causales de receso o exclusión de accionistas que tengan una participación no superior al 15%, por resolución de asamblea y con el voto favorable de uno o más accionistas que representen por lo menos el 75% del capital social con derecho de voto.

 

 

Régimen tributario

Se le da a las SAS el mismo tratamiento que a las sociedades personales y, en caso de enajenación de acciones, se tributará igual que una sociedad anónima.  En cuanto a la tributación por IRAE, dado el tratamiento similar a las sociedades personales, se podrá aplicar el régimen de fictos hasta el monto máximo de UI 4.000.000, es decir que estas sociedades, a diferencia de las SA, pueden optar por no tributar con contabilidad suficiente hasta el monto máximo antes indicado.

El administrador, los directores o integrantes del órgano de administración (y en su defecto el representante legal), serán solidariamente responsables con la sociedad por el pago del IRAE, norma similar a la existente para sociedades anónimas y personales.

En lo que refiere a contribuciones a la seguridad social, el administrador o quienes integren el órgano de administración o el representante legal (en tanto no se adopte la forma de Directorio), deberán tributar conforme lo dispuesto en el art. 172 de la Ley 16.713.

Cuando funcione un directorio con remuneración, se aplicará el art. 170 de la Ley 16.713. En caso de que los miembros no perciban remuneración, aportarán en forma ficta patronal, por la base del salario máximo abonado por la empresa o la remuneración real de la persona física correspondiente según cual fuera mayor, sin que pueda ser inferior al equivalente a quince veces el valor de la Base Ficta de Contribución. No aplica la exoneración del art. 171 de la Ley 16.713.

Resolución de conflictos societarios

Las diferencias entre accionistas o entre cualquiera de éstos con la sociedad, administradores, liquidadores o miembros del órgano de control interno, o entre la sociedad y sus administradores, liquidadores o miembros del órgano de control interno que sean consecuencia del negocio constitutivo o de la operativa de la sociedad (incluida la impugnación de resoluciones de asamblea o del órgano de administración), podrán ser sometidas a arbitraje si así se hubiere pactado en el estatuto.

Conversión de empresas unipersonales en SAS

Los titulares de empresas unipersonales podrán resolver su transformación a una SAS, transfiriendo su giro a título universal, continuando con sus derechos y obligaciones. No se aplican las normas sobre enajenación de establecimientos comerciales. No se requerirán certificados especiales para las transferencias y se establecen exoneraciones fiscales.

 

Título III: Sistema de Financiamiento Colectivo

 

En este Título III se incorpora la figura del Crowfunding (arts. 49 y 50). Se trata de un sistema de financiamiento que se desarrolla a través de plataformas de internet. Si bien se trata de inversiones de bajo monto, la posibilidad del acceso directo de inversores con poca o nula experiencia y la consecuente asunción de riesgos determina la necesidad de una regulación que contemple esta nueva realidad y aporte estabilidad al sistema.

Puntualmente la Ley dispone modificaciones a la Ley N 18.627 de Regulación del Mercado de Valores, mediante la sustitución del art. 3 y la inclusión del art. 93 BIS. Este último que define a las plataformas de financiamiento colectivo como “… mercados de negociación de valores de oferta pública abiertos a la participación directa de los inversores y reservados a emisiones de montos reducidos.”

 

Regulación y Fiscalización

Mediante remisión a lo dispuesto en los artículos 88 a 92 de la Ley 18.627 (Ley de Mercado de Valores) se establece que las plataformas de financiamiento colectivo, definidas anteriormente, quedarán sujetas a la regulación y fiscalización por parte de la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay, a la que deberán requerir su autorización previa para funcionar.

Por su parte, la Institución Administradora de la Plataforma será la encargada de registrar ante la Superintendencia de Servicios Financieros tanto a los emisores como a las emisiones de valores realizadas a través de las plataformas de financiación colectiva. La registración se realizará en una sección específica que incorporará el Registro de Valores y será requisito previo a la realización de la oferta de valores. La información necesaria para el mencionado registro será dispuesta por la Superintendencia de Servicios Financieros.

También deberán inscribirse emisores y emisiones ante la propia Institución Administradora, de acuerdo a lo que disponga el Banco Central del Uruguay.

La Administradora será representante de los tenedores, como agente de pago y como entidad registrante de los valores. También será responsable de la divulgación que sobre las emisiones y emisores exija la reglamentación.

Si bien no le será aplicable a las Plataformas de Financiamiento Colectivo lo dispuesto para las bolsas de valores, otras instituciones de negociación de valores y emisores de valores de oferta pública en cuanto a Gobierno Corporativo, sí le será de aplicación la obligación de lealtad de directores mediante la cual se espera que los directores hagan prevalecer el interés social por sobre cualquier otro interés. Tampoco se les exige la designación de auditores externos.

No obstante, y si bien, como se mencionó, la Ley no dispone la aplicación de las normas de Gobierno Corporativo y de Auditoría Externa que se requieren en el ámbito del Mercado de Valores para estas Plataformas, deja igualmente abierta la posibilidad de que el Banco Central del Uruguay, mediante reglamentación, pueda requerirles informes profesionales sobre sus estados financieros y pueda establecer exigencias en materia de Gobierno Corporativo.

El Banco Central del Uruguay será también quien determine los límites máximos de emisión por emisor, y quien defina al inversor pequeño y los límites máximos de participación que, en cada emisión, podrán realizar.

Las personas jurídicas cuyas ventas anuales superen el valor que determinará la Superintendencia de Servicios Financieros no podrán efectuar emisiones en las plataformas de financiamiento colectivo.

 

Descargue el archivo .pdf: BC – Comentarios Ley SAS y Crowdfunding-1