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Proyecto Normativo BCU. Régimen de autorizaciones para la tercerización de servicios

Dr. Juan Diana

Inés Filippelli

Magdalena Gortari

 

  • INTRODUCCIÓN

El pasado 7 de octubre de 2019 el Banco Central del Uruguay (en adelante “BCU”) comunicó a las instituciones sujetas a supervisión y al público en general, un proyecto normativo por medio del cual se pretende modificar las distintas recopilaciones de normas, aplicables a las entidades del mercado de valores, sistema financiero, seguros y AFAPs, en relación al régimen de autorizaciones para la tercerización de servicios. Esta propuesta normativa refleja el propósito de simplificar y homogenizar la regulación para todos los sujetos bajo supervisión del BCU.

El plazo para recibir comentarios vencerá el próximo 30 de octubre.

Seguidamente comentaremos las principales generalidades del proyecto, aplicables en igual forma a todos los sujetos supervisados, con especial énfasis en las entidades del mercado de valores y el sistema financiero.

  • AUTORIZACIÓN DE TERCERIZACIONES

Como primera novedad a destacar del proyecto, se dispone que quien tercerice el servicio deberá contar con políticas y procedimientos por escrito, para la identificación, medición, control y monitoreo de los riesgos asociados a la tercerización de la que se trate.

En segundo término, se facilita la contratación de proveedores locales de servicios tercerizados. En este sentido, se prevé un régimen de autorización tácita, sujeto a determinadas condiciones, para todas aquellas tercerizaciones cuyos servicios sean prestados en Uruguay.  Dichas condiciones implican la celebración de un contrato escrito con el contenido mínimo exigido en la norma (similar al hoy vigente), y la realización de un informe de evaluación de riesgos asociados a la tercerización, el cual deberá incluir la valoración de la solvencia patrimonial y técnica del tercero contratado, y deberá ser actualizado “periódicamente”.

Respecto de las tercerizaciones de servicios parcial o totalmente prestados desde el exterior, se dispone un régimen de autorización previa y expresa por parte del BCU. A estos efectos se deberá presentar el texto del contrato a ser suscrito y el informe de evaluación de riesgos asociados a la tercerización mencionado anteriormente, con igual obligación de actualización periódica una vez otorgada la autorización.

No obstante lo anterior, cabe mencionar que se deja abierta la posibilidad de que la Superintendencia de Servicios Financieros (“SSF”) pueda establecer determinados servicios que NO requieran ningún tipo de autorización para su contratación.

  • TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS VINCULADOS A LA INTERMEDIACIÓN EN VALORES, GESTIÓN DE PORTAFOLIOS Y ASESORAMIENTO EN INVERSIONES.

Respecto de la tercerización de servicios que impliquen trato directo con clientes por servicios de intermediación en valores, gestión de portafolios o asesoramiento en inversiones, sean éstos prestados en el país o desde el exterior, se consideran autorizadas (régimen de autorización tácita) siempre que se cumplan los requisitos establecidos para las tercerizaciones locales, salvo en cuanto al informe de evaluación de riesgos (el cual no es exigido), y debiendo cumplir asimismo algunos requisitos especiales, vinculados al carácter de sujeto regulado del tercerizado, capacitación del personal asignado a la tercerización, evaluación del régimen jurídico y político de la jurisdicción desde donde se presta el servicio, la prohibición de subcontratación, entre otros.

  • CONTRATACIÓN DE CORRESPONSALES FINANCIEROS

Específicamente respecto del sistema financiero, y si bien en estos casos se establece el régimen de autorización tácita, se fijan algunos requisitos adicionales para considerar autorizada la contratación de corresponsales (lo que en definitiva implica un sub tipo de tercerización).

En este sentido, los contratos a ser suscritos deberán incluir (adicionalmente a lo previsto para el régimen general de tercerizaciones) cláusulas referidas a los límites por persona, por tipo de transacción, por cantidad de operaciones u otros, así como las demás condiciones para la prestación del servicio. Esto es sin perjuicio de otros requisitos operativos fijados tanto para el contratante como para el contratado.

  • TERCERIZACIÓN DEL PROCESAMIENTO DE DATOS

Como novedades en materia de tercerización del procesamiento de datos, en primer lugar se introduce una definición de este concepto. Los artículos que refieren a esta materia expresamente establecen que: “Se entiende por procesamiento de datos la ejecución de cualquier acción sobre los datos que logre una transformación en ellos, incluido el cambio de medio en el que están soportados.”

En segundo lugar, se incorpora como exigencia la obligación de contar con “una modalidad de operación y un equipamiento tales que permitan en todo momento el acceso en línea a toda la información desde las terminales instaladas en la empresa supervisada”.

Cuando el procesamiento de datos se realice en el país, se dispone que la tercerización deberá cumplir con los requisitos hoy vigentes en materia de resguardo de datos y software, seguridad de la infraestructura tecnológica y continuidad operacional. Por su parte, en caso de que este servicio se preste total o parcialmente desde el exterior, se fijan requisitos adicionales a los hoy vigentes: una de las copias respecto de toda la información de clientes y operaciones deberá radicarse físicamente en Uruguay, y el plan de continuidad operacional deberá probarse con resultados exitosos en forma previa a la prestación del servicio, y posteriormente con una periodicidad mínima anual.

  • TERCERIZACIÓN DE DEBIDA DILIGENCIA DE CLIENTES

En los casos en que, de acuerdo a la figura de la que se trate, se permita la tercerización de debida diligencia de clientes, como principal novedad del proyecto cabe mencionarse la prohibición de subcontratación por parte del tercerizado. Esto implica que el tercero contratado deberá prestar “personalmente” los servicios de realización de debida diligencia.

Cabe destacar aquí que el proyecto mantiene la prohibición de tercerización de este servicio en Asesores de Inversión y Gestores de Portafolios, incorporada por la Circular BCU Nro. 2.320, de enero de 2019.

  • INFORMACIÓN SOBRE TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS

Como contrapartida al nuevo régimen (más flexible) que se propone de autorizaciones tácitas bajo ciertas condiciones, el proyecto prevé la incorporación de un artículo denominado “INFORMACIÓN SOBRE TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS”. En dicho artículo se dispone que se deberá proporcionar a la SSF información sobre las tercerizaciones de servicios contratadas, “de acuerdo con las instrucciones que se impartirán” (lo que anticipa una futura comunicación reglamentaria de este punto), en el plazo de 10 días hábiles contados a partir de la fecha de firma del contrato.

  • RÉGIMEN SANCIONATORIO Y PROCESAL

Con respecto a las sanciones que se aplicarán a las instituciones en caso de incumplimiento de las normas sobre tercerización de servicios, el proyecto propone un aumento de la sanción económica básica prevista para cada tipo de institución.

No obstante, en caso de que la infracción refiera a la contratación de terceros sin autorización (es decir, incumplimiento de tercerizaciones bajo el régimen previo y expreso), dicho aumento podrá ir hasta el doble del inicialmente previsto.

 

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