info@brumcosta.com

Comentarios acerca del Proyecto de Ley de Modificación del Sistema de Negociación Colectiva

Dr. Gustavo Gauthier

 

El pasado 29 de octubre de 2019, el Poder Ejecutivo remitió a la Asamblea General un proyecto de ley que modifica parcialmente la Ley Nº 18.566 que establece la regulación del sistema de negociación colectiva, a efectos de cumplir con los plazos establecidos por la OIT para remitir al Parlamento una iniciativa legislativa tendiente a salvar las observaciones que los órganos de control vienen efectuando al Uruguay a partir de la queja presentada por las organizaciones gremiales de empleadores más representativas.

De acuerdo a la exposición de motivos, el proyecto “recoge algunas principales observaciones de la CEACR” (Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones), de donde se deduce que no fueron recogidas todas las observaciones principales, sino solo algunas de ellas.

A continuación corresponde enumerar las modificaciones que plantea el proyecto:

1.- Al agregar un inciso final al artículo 4º de la Ley Nº 18.566, el cual establece que “A los efectos de los dispuesto en el inciso precedente, las organizaciones sindicales deberán contar con personería jurídica reconocida por el organismo competente”, la consecuencia es que las partes estarán obligadas a intercambiar información, en el marco del deber de negociar de buena fe, solo si la contraparte cuenta con personería jurídica.

2.- Al proponer la derogación del literal D del artículo 14 de la Ley Nº 18.566, se le resta al Consejo Superior Tripartito la potestad de “Considerar y pronunciarse sobre cuestiones relacionadas con los niveles de negociación tripartita y bipartita.”, por lo que estos temas quedarían librados a la voluntad de las partes.

3.- Al proponer una nueva redacción al artículo 14 de la Ley Nº 18.566, que elimina la posibilidad de que cuando no existe organización de los trabajadores a nivel de la empresa, la legitimación para negociar la tenga la organización representativa de nivel superior, la negociación colectiva que pueda desarrollarse en la empresa podría desarrollarse con representantes electos por los trabajadores, sin participación del sindicato de rama.

4.- Al proponer derogar el inciso segundo del artículo 17 de la Ley Nº 18.566, el cual prevé que El convenio colectivo cuyo término estuviese vencido, mantendrá la plena vigencia de todas sus cláusulas hasta que un nuevo acuerdo lo sustituya, salvo que las partes hubiesen acordado lo contrario.”, el término de vigencia de los convenios colectivos queda librado completamente a lo que las partes establezcan en el propio convenio, sin que se le otorgue al silencio un efecto específico como hasta ahora.

5.- Finalmente, al aclararse que el registro y publicación de las resoluciones de los consejos de salarios y de los convenios colectivos dispuestos por los artículos 12 y 16 de la Ley Nº 18.566, no constituirán requisito de homologación, autorización o aprobación por el Poder Ejecutivo, de aprobarse la modificación las resoluciones de los consejos de salarios y los convenios colectivos regirán desde el momento en que las partes los suscriben o desde el momento de la vigencia que las propias partes establezcan sin necesidad de un acto ulterior del Poder Ejecutivo.

No obstante, existen algunas observaciones, también principales, efectuadas por los órganos de control de la OIT que el proyecto no aborda. En este sentido pueden señalarse los extremos de que tanto las condiciones de trabajo como los ajustes a las remuneraciones deben ser determinados en instancias bipartitas y no tripartitas.

Si bien como sostienen los órganos de control “la fijación de los salarios mínimos puede ser objeto de decisiones de instancias tripartitas”, en materia de ajustes a las remuneraciones que estén por encima de los mínimos por categoría y de condiciones de trabajo, éstos deberían ser fijados sin injerencia de las autoridades públicas, de forma libre y voluntaria entre las partes.

Y precisamente éste es el aspecto en que la legislación uruguaya se aparta del convenio 98, en opinión de los órganos de control, específicamente del principio de negociación libre y voluntaria consagrado en el artículo 4º, cuando el Gobierno de oficio o a instancia de cualquiera de las partes convoca a negociar en los Consejos de Salarios, no solo salarios mínimos, sino también ajustes de las remuneraciones y otras condiciones de trabajo.

Si bien el Gobierno ha manifestado reiteradamente que las organizaciones profesionales son libres de concurrir a las convocatorias y que acudir a los Consejos de salarios no conlleva la obligación de acordar, desde que éstos órganos pueden resolver de todos modos por mayoría de sus integrantes, donde el número de delegados del Gobierno es mayor al número de cada una de las representaciones de las partes sociales, en los hechos, la no concurrencia de los empleadores a dichos ámbitos, les impide incidir de forma favorable a sus intereses en una decisión que de todos modos se le terminará aplicando de forma obligatoria.

Descargue el archivo .pdf: Comentarios Proyecto de modificación del sistema de negociación colectiva