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A propósito de la Clausura de Empresas o Establecimientos Comerciales

Dra. María Paula Garat

Proc. Florencia Capelli

 

Como todos los años, se aproxima la temporada de verano y, con ello, las inspecciones y la clausura de empresas o establecimientos comerciales que realiza la Dirección General Impositiva.

A los efectos de comprender y entender qué es la clausura, qué implica y cómo es este procedimiento, preparamos un breve resumen con las principales preguntas y cuestiones de esta temática.

 

¿Qué es la clausura de una empresa o de un establecimiento comercial?

 

La clausura de empresas o establecimientos comerciales contribuyentes de impuestos administrados por la DGI es una medida que se prevé como una consecuencia a ser aplicada ante el incumplimiento de cierta normativa. Se trata, a nuestro criterio, de una sanción que es dispuesta por un juez y que es efectivizada por la DGI, y que consiste en la prohibición de realización de la actividad comercial por quienes son sujetos de esta medida.

 

¿En dónde se encuentra prevista y regulada?

 

La clausura está regulada por el artículo 123 del Título 1 del Texto Ordenado de la DGI de 1996.  Tiene su fuente normativa en el artículo 69 Ley 16.134, del 24 de septiembre de 1990, en la redacción dada por el artículo 1 de la Ley 19.631, de fecha 22 de junio de 2018.

 

¿Cuáles son los presupuestos para que opere?

 

La DGI puede solicitar la clausura de las empresas o establecimientos comerciales toda vez que se produzcan hipótesis de no facturación, subfacturación o transgresión del régimen general de documentación, de forma que se haga presumible la configuración de la infracción de defraudación.

 

La no facturación tiene lugar cuando los contribuyentes comercializan bienes o servicios, pero sin emitir facturas o documentos equivalentes, cuando así corresponde según el derecho vigente.

 

Por otra parte, la subfacturación acontece toda vez que se escrituren facturas por un importe menor al real.

 

Y, por último, la transgresión al régimen general de documentación se produce ante cualquier alteración del régimen general de facturación y documentación, el que determina que las operaciones deben documentarse mediante facturas o boletas numeradas con la correcta identificación, tanto del contribuyente, como de los servicios prestados, además de la fecha, monto del impuesto debido, y otros requerimientos. Se añade, además, que esta transgresión tiene que hacer presumible la configuración de la infracción de defraudación para ser un supuesto que pueda ocasionar una clausura.

 

Este último punto -la exigencia de que se haga presumible la configuración de la infracción de defraudación- se discutía si era exigido para las tres hipótesis, o únicamente para la última. Este tema fue resuelto por la Ley 19.631 que especifica que es una exigencia solamente para el último supuesto (transgresión al régimen general de documentación).

 

Igualmente, y pese a ello, entendemos que la clausura se debería reservar para casos graves, aspecto igualmente a ser discutido en el proceso judicial y ante el caso concreto.

 

 

¿Cuál es el período de duración?

 

La clausura puede tener un plazo de duración de hasta 6 días hábiles como máximo, no previéndose un plazo mínimo a tales efectos.

 

No obstante, el plazo puede extenderse hasta por 30 días hábiles cuando los contribuyentes hubieran sido clausurados con anterioridad y el plazo entre la clausura prexistente y la nueva sea inferior al plazo de prescripción de los tributos.

 

En los hechos, la DGI, al solicitar la clausura, solicita al juez la cantidad de días a ser clausurada. Generalmente se requiere la clausura por 6 días. Luego, y dada la defensa del contribuyente, la jurisprudencia la ha reducido, en algunos casos, a un número de días menor, ateniendo a las particularidades del caso.

 

¿Cuál es el procedimiento que debe seguirse para aplicar una clausura?

 

Para clausurar a las empresas o establecimientos comerciales contribuyentes, la DGI debe promover una solicitud a tales efectos ante los Juzgados competentes para ello. Se reitera que la clausura, en estos supuestos, es una medida que ordenará un juez, brindando con ello una garantía adicional al contribuyente.

 

Estos Juzgados cuentan con un plazo de tres días para emitir una resolución, el que debe contarse a partir de la solicitud de la Administración Tributaria. La práctica judicial es que el juez dicte, en dicho plazo, una providencia con citación, accediendo al pedido de clausura y citando a la otra parte para que, en un breve plazo de tres días, pueda oponerse. En ese caso, se seguirá un proceso para confirmar o modificar esa resolución inicial, que incluso podría ser apelado por el contribuyente, y revisado por un Tribunal superior.

 

En los casos en que se dispone una clausura, la DGI procederá a efectivizarlas colocando un cartel a tales efectos en la fachada de la empresa o establecimiento, pudiendo requerir el auxilio de la fuerza pública de ser necesario.

 

Este régimen ha sido discutido y puede ser cuestionado en varios aspectos. Se ha solicitado por distintos contribuyentes su declaración de inconstitucionalidad, no obstante la Suprema Corte de Justicia, en distintas sentencias, ha fallado desestimando estas solicitudes y confirmando su constitucionalidad.

 

Descargue el archivo en formato .pdf: Clausura tributaria – breve informe