info@brumcosta.com

EL COVID-19 Y EL PAGO DE OBLIGACIONES A DGI A PROPÓSITO DEL RÉGIMEN DE FACILIDADES DE PAGO ACTUALMENTE VIGENTE

El pasado 19 de marzo publicamos un informe sobre algunas medidas fiscales que podría adoptar el Gobierno uruguayo para hacer frente a los efectos adversos que la emergencia sanitaria y las medidas por el Coronavirus COVID-19 están ocasionando en las empresas y en los mercados[1].

Si bien el día 20 de marzo se anunciaron algunas medidas económicas que se relacionan con la financiación y crédito, e incluso algunas fiscales, sobre todo destinadas a pequeñas empresas (literal E, monotributo, determinadas unipersonales), existen muchas situaciones complejas, con falta de liquidez y con dificultades que, al menos, requerirán de facilidades de pago.

Ante ello, y conforme a lo que ya analizamos con anterioridad, una de las medidas que podría adoptar el Gobierno sería la sanción de un régimen especial de facilidades de pago para las obligaciones tributarias acaecidas en este período. No obstante, y si ello no ocurre, entendemos oportuno y pertinente analizar el régimen actual de facilidades de pago en materia tributaria que aplica la Dirección General Impositiva (DGI), para que los contribuyentes puedan tenerlo en cuenta y acudir a él si les fuera necesario.

 

¿Qué es el régimen de facilidades de pago en materia tributaria?

Las facilidades de pago suponen el diferimiento del pago de las obligaciones tributarias en hasta 36 cuotas, lo que conllevará intereses, pero lo que permitirá al contribuyente ir abonando y cancelando su obligación.

Este régimen sirve tanto en el supuesto en el que el contribuyente tiene una obligación aún no vencida, pero que conoce no va a poder cancelar (supuesto al que cierta doctrina refiere como de “prórroga”); como también para cuando posee una obligación ya incumplida y que necesita financiar para poder abonarla.

 

¿Cuál es su regulación?

El artículo 32 del Código Tributario prevé que el organismo recaudador, por ejemplo, la DGI, puede conceder un régimen de facilidades cuando entienda que existen causas que impidan el normal cumplimiento de la obligación.

Asimismo, el Código Tributario también diferencia según se solicite antes al vencimiento de la obligación, o posteriormente.

Son de interés y pueden ser de aplicación también el artículo 94 del Código Tributario que regula la mora y recargos aplicables, el Decreto 182/006 y el Decreto 274/008, este último en redacción dada por el Decreto 23/020.

 

¿Qué implicancias posee?

Tal como anticipábamos, con este régimen se permite al contribuyente ir cumpliendo con la cancelación de sus obligaciones, hasta en 36 cuotas consecutivas.

Si la solicitud se presenta con anterioridad al vencimiento del plazo para el pago, el artículo 33 del Código Tributario, establece que únicamente se devengará un interés, según la tasa fijada por el Poder Ejecutivo por Decreto 274/008, en redacción dada por el Decreto 23/020, que es inferior al recargo por mora. A ello igualmente se le adicionará una mora del 10%[2].

Si la solicitud se presenta con posterioridad al vencimiento del plazo para el pago, se devengará el interés antes mencionado, y además corresponderá abonar la multa por mora (20%) y los recargos que fueren aplicables.

 

¿Qué se requiere para solicitarlo en DGI?

Para solicitarlo será necesario haber abonado (como entrega inicial) el 20% del impuesto adeudado. Asimismo, el contribuyente debe estar al día en la presentación de declaraciones juradas y en los pagos de impuestos, multas y recargos que no se incluyan en la solicitud. Se le puede requerir, asimismo, actualizar alguna información que no tenga al día.

Se requiere:

  • Formulario 2/015 (que se obtiene en la página web de DGI), completo y firmado por el titular o representante. En este formulario se incluyen los impuestos a financiar, desglosados por impuesto y mes de cargo.
  • Copia del boleto de pago de la entrega inicial
  • Copia de la cédula de identidad del firmante.

Para el caso de una SRL se le solicitará, además, y para la firma, el contrato social (con cesiones de cuotas y/o modificaciones si las hubiere), o bien certificado notarial vigente. Si se trata de una SA se requerirán los estatutos y sus modificaciones, el libro de actas de asamblea y directorio, o bien certificado notarial vigente.

 

¿Cómo se realiza el trámite en DGI?

Por la situación de la emergencia sanitaria la DGI ha habilitado más servicios en línea[3] y, entre ellos, la solicitud de facilidades de pago.

Por tanto, y si bien lo habitual es presentarse en forma presencial en DGI para solicitar este régimen, en esta situación se habilitó la solicitud online.

Para ello, se deben enviar escaneados los formularios y demás documentación requerida para la solicitud a la dirección: convenio@dgi.gub.uy si el domicilio constituido del contribuyente es en Montevideo, o a través de distintos correos electrónicos si reside en el interior[4].

 

¿Cómo es el procedimiento?

Luego que DGI recibe la solicitud, la analizará y en caso de aceptar otorgar las facilidades de pago se comunicará con el contribuyente a los efectos de firmar el Convenio.

El Convenio es un acuerdo entre el contribuyente y la Administración, en el que establecen las cuotas, plazos y demás aspectos den el pago de los tributos y sanciones, si corresponden.

La DGI podría, eventualmente, exigir garantías previo al otorgamiento de Convenio en caso de que considerase que hay riesgo en el cobro.

 

¿Qué ocurre si se incumple el pago de las cuotas?

En ese caso la DGI puede dejar sin efecto el convenio y recalcular nuevamente el adeudo. Asimismo, los firmantes son responsables solidarios por el cumplimiento del adeudo.

 

¿Cabe algún régimen especial de facilidades de pago por esta situación de emergencia sanitaria?

Aún no se ha sancionado un régimen especial de facilidades de pago, por lo que aplica el régimen general antes comentado, sin perjuicio de las medidas ya adoptadas y antes comentadas[5]. Sin embargo, y como anticipábamos, el establecimiento de disposiciones especiales en materia de facilidades de pago (remisiones de multas o recargos, previsiones especiales sobre intereses, cuotas, entre otros) es una medida que eventualmente el Gobierno podría adoptar para paliar los efectos económicos de la emergencia sanitaria.

Ello, tomando en cuenta que con anterioridad en Uruguay se ha recurrido al establecimiento de regímenes especiales de facilidades de pago para afrontar situaciones económicas problemáticas, sancionado leyes al efecto. Ello ha ocurrido, por ejemplo, con la Ley 17.555 del año 2002; con la Ley 18.788 y el Decreto 342/011 -que extendió el régimen especial de la Ley 17.555 para obligaciones con DGI hasta el 31/12/2006-; o bien, más recientemente, con el artículo 173 de la Ley 19.438 del año 2016, esto último para determinadas rentas.

[1] El informe está disponible en nuestra página web: www.brumcosta.com

[2] Artículo 94 del Código Tributario en redacción dada por el artículo 470 de la Ley 17.930. Dicho artículo establece que el 10% es aplicable también si las facilidades se solicitan dentro de los cinco días hábiles siguientes al vencimiento.

[3] Ello puede consultarse en: https://www.dgi.gub.uy/wdgi/page?2,principal,_Ampliacion,O,es,0,PAG;CONC;381;1;D;nuevos-servicios-en-linea;1;PAG;

[4] Los correos electrónicos se encuentran en la siguiente página de DGI: https://www.dgi.gub.uy/wdgi/page?2,principal,_Ampliacion,O,es,0,PAG;CONC;381;1;D;correos-electronicos-de-oficinas-del-interior-del-pais;1;PAG;

[5] El detalle de las medidas anunciadas por el Gobierno el pasado 20 de marzo puede consultarse en nuestra página web: www.brumcosta.com.

 

Descargue el archivo en formato .pdf: BC – Régimen facilidades de pago