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Prevencion de lavado de activos

Entre la solidaridad y el Cumplimiento. Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en Organizaciones sin fines de lucro

Dra. Inés Filippelli

Gastón Chiquiar

Abril 2020

 

A raíz de la llegada del Coronavirus (COVID – 19) a Uruguay, y con el objetivo de combatir esta pandemia, se han organizado distintas campañas para recolectar fondos y donaciones de diferente tipo para ayudar a los más necesitados y colaborar con el sistema de salud de nuestro país.

 

Las Organizaciones Sin Fines de Lucro (en adelante OSFL), muchas veces no conocen su calidad de sujetos obligados en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT) establecido en el artículo 12 y 13 de la Ley N° 19.574, es por ello que desarrollaremos a continuación algunos aspectos importantes.

 

¿Por qué las OSFL son Sujetos Obligados?

 

La Ley Integral contra el Lavado de Activos N° 19.574, en su artículo 13 literal I, las incluye como sujeto obligado, y posteriormente la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (en adelante SENACLAFT) emitió en julio de 2019, una guía de mejores prácticas para la Prevención del LAFT, la cual nos permite responder a esta interrogante bastante recurrente.

 

Teniendo en cuenta la naturaleza y el objeto de las OSFL, las mismas son vulnerables a ser utilizadas como medio para el Lavado de Activos, pero en especial suelen ser utilizadas en esquemas de Financiamiento del Terrorismo. Según lo establecido por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), existen tres factores principales que atraen a las organizaciones terroristas a utilizar estas estructuras.

 

La globalización es el principal atractivo, debido a los cambios que generó sobre las OSFL. Este proceso llevó a que estas asociaciones alcancen áreas en donde se mueven habitualmente las organizaciones terroristas, generando redes financieras y logísticas que favorecen el FT.

 

En segundo lugar, encontramos como factor atractivo, la fuerza laboral con la que cuentan las OSFL. Dada la gran cantidad de voluntarios y la alta rotación de personal que existe en este tipo de organizaciones, se genera una gran dificultad para atraer y retener personal capacitado para mitigar los riesgos asociados al LAFT.

 

Por último, la alta confianza que se le tiene a las organizaciones con funciones sociales lleva a que no se le realice el debido procedimiento a este tipo de instituciones, o que no se aplique con la misma rigurosidad que a otras.

 

Es por ello que las organizaciones terroristas tienden a contemplar estos escenarios intentando aprovechar las vulnerabilidades del sistema. Actualmente, es necesario extremar esfuerzos ya que nos encontramos ante un crecimiento atípico en la cantidad de OSFL y ante un entorno más vulnerable que el habitual.

 

Finalmente, la mencionada guía en su Anexo II, establece ciertas situaciones especiales o señales de alerta para que las OSFL puedan detectar alertas vinculadas con sus asociados, con las transacciones y con el financiamiento del terrorismo, con el objetivo de detectar operaciones inusuales o sospechosas.

 

Las OSFL deberán prestar especial atención cuando un asociado o donante intente ocultar, o se rehúse a dar información acerca de los beneficiarios finales u origen de fondos. Adicionalmente, se deberán tener especial cuidado con los asociados o donantes que trabajen con jurisdicciones de alto riesgo o cuya operativa o estructura no resulte habitual.

 

Finalmente, en virtud de cumplir con lo dispuesto para la prevención del Financiamiento del terrorismo, teniendo en cuenta la normativa vigente en la materia (Ley N°19.749) junto con las recomendaciones mencionadas previamente, la SENACLAFT propone también incluir en este análisis, las guías y señales de alerta vinculadas con el Financiamiento del Terrorismo, emitidas por el Banco Central del Uruguay en su Comunicación N°2012/091.

 

¿Que OSFL se encuentran comprendidas como Sujetos Obligados?

 

El Decreto N° 379/018 (en adelante el “Decreto”) acota el universo de OSFL obligadas, ya que solo quedarán comprendidas aquellas que tengan ingresos de cualquier naturaleza al cierre del ejercicio anual por un importe superior a UI 4.000.000 (USD 400.000 aproximadamente) o activos por un valor superior a UI 2.500.000 (USD 250.000 aproximadamente), valuados de acuerdo a las normas del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas.

 

Una particularidad de este tipo de sujetos obligados, es que no se requiere ninguna estructura formal ni jurídica, cuestión que muchas de las OSFL creadas a raíz de esta pandemia pasan por alto.  Es decir, con el solo hecho de ser una organización que supere los umbrales anteriormente mencionados, quedarían obligados a cumplir con la normativa de PLAFT que mencionaremos a continuación.

 

¿Qué controles deben realizar las OSFL consideradas como Sujetos Obligados?

 

La normativa antes mencionada, establece una serie de obligaciones en materia de PLAFT a las OSFL que queden abarcadas dentro de los umbrales. Entre ellas, se encuentra la obligación principal que tienen todos los sujetos obligados, que es la de reportar operaciones inusuales o sospechosas (ROS) a la Unidad de Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central del Uruguay (BCU).

 

Pero para poder cumplir con esta obligación, es menester tomar una serie de medidas previas tendientes a evitar que la organización sea utilizada como medio para lavar activos o financiar el terrorismo.

 

La primera medida refiere a la designación de un Oficial de Cumplimiento, que será la persona encargada de impulsar la implementación de las obligaciones establecidas por la normativa vigente y actuará como enlace con la SENACLAFT, la UIAF y otras autoridades competentes. Dicha persona deberá tener especial conocimiento en los aspectos económicos y financieros de la organización y una noción básica de la normativa de PLAFT que le es aplicable a su organización.

 

En segundo lugar, la organización deberá realizar un análisis documentado del riesgo de las actividades que desarrolla, debiendo establecer cuáles son las áreas de mayor riesgo para las actividades de LAFT. Este análisis consta principalmente del estudio de las relaciones con terceros, como son los donantes, clientes, proveedores, asociados, y la manera en que la organización maneja los fondos que ingresan o egresan.

 

A partir de los resultados del análisis anterior, las organizaciones deberán elaborar políticas para la administración del riesgo de LAFT, como son los procedimientos de debida diligencia que permiten conocer a las personas físicas o jurídicas que aporten o reciban dinero de la OSFL, o que trabajen conjuntamente con ella. Dichos procedimientos deberán generar que la OSFL pueda confiar razonablemente en que conoce el origen de los fondos que recibe y las personas o entidades con las que se relaciona, así como los riesgos asociados a sus transacciones son lícitos.

 

Por último, las OSFL deberán conservar los registros y la documentación de respaldo de todas las operaciones realizadas, las evaluaciones de riesgo de lavado de activos, así como los procesos de debida diligencia por un plazo mínimo de cinco años después de terminada la relación o de concretada la operación ocasional, a fin de permitir su reconstrucción y constituir elementos de prueba en sede jurisdiccional.

 

¿Qué sucede con las donaciones en especie?

 

Muchas de las campañas que han surgido a raíz de esta pandemia, tienen como fuente de ingreso donaciones en especie, como son alimentos, insumos médicos, productos de higiene, etc. Entonces nos preguntamos si las mismas deben ser contabilizadas como ingresos que tiene la organización, y la respuesta es afirmativa, ya que el decreto establece “ingresos de cualquier naturaleza”.

 

Es por ello que entendemos que el mayor desafío se encuentra en valuar dichas donaciones para poder determinar que monto de ingresos representan, y así determinar si la organización queda comprendida dentro de la calidad de Sujeto Obligado.

 

¿Qué sucede con las donaciones anónimas?

 

Otro punto importante que afecta el normal funcionamiento de las OSFL se trata de las donaciones anónimas. Este tipo de mecanismo es muy común en la operativa habitual de las mismas, pero a su vez, es el que implica un mayor riesgo, ya que la organización no toma conocimiento de quién es el propietario de los fondos que están ingresando a la organización, y en materia de PLAFT es de vital importancia.

 

La normativa en esta materia, prohíbe específicamente las «cuentas anónimas o cuentas con nombres ficticios», por lo que en una interpretación extensiva de la misma podría entenderse que se debe identificar a los donantes en todos los casos, debiendo utilizar lo menos posible este tipo de operativa en caso de existir y de ser ello posible. De todas maneras, es importante destacar lo manifestado recientemente por el GAFI en su declaración sobre medidas para combatir el financiamiento ilícito en el marco del COVID-19, en el cual reconoce que sus Recomendaciones no requieren que las OSFL sean necesariamente consideradas como de “alto riesgo” de LAFT.

 

Por tales motivos, encomienda a las autoridades e instituciones financieras, a aplicar correctamente un enfoque basado en riesgos, de modo tal de no desalentar la formación y desempeño de este tipo de organizaciones.

 

Teniendo en cuenta la normativa aplicable y las disposiciones del GAFI (a las cuales nuestro país se encuentra adherido como miembro de GAFILAT), en tanto dure la Emergencia Sanitaria Nacional por el virus COVID-19, se debería evaluar el impacto, la frecuencia, el monto, y otros factores asociados a las donaciones anónimas, con la finalidad de definir qué tan determinante es tomar esta medida en la organización. Una vez finalizada dicha situación, es esperable que desde la SENACLAFT prime la interpretación extensiva de la ley referida al anonimato antes mencionada.

 

 

¿Qué sanciones podrían tener en caso de incumplimiento?

 

En caso de que las OSFL que se encuentren dentro de la definición de Sujeto Obligado, e incumplan con las obligaciones detalladas precedentemente, la SENACLAFT podrá sancionarlos con apercibimiento, observación, multa o suspensión del sujeto obligado (temporalmente o de forma definitiva). Dichas sanciones serán fijadas de acuerdo a la entidad de la infracción y a los antecedentes del infractor.

 

En caso de multa, el monto de las mismas se graduará entre un mínimo de 1.000 UI y un máximo de 20.000.000 UI, según las circunstancias del caso, la conducta y el volumen de negocios habituales del infractor.

 

Adicionalmente, la SENACLAFT ha emitido una serie de pautas para la aplicación de sanciones (Resolución 016/2017), donde se establecen criterios para la fijación de multas por tipo de infracción, categorizándolas como infracciones leves, severas y graves.

 

Cada categoría se encuentra subdividida según el nivel de ingresos del infractor, y el monto de la multa se aplicará en función de los mencionados niveles.

 

Cabe destacar que también existen atenuantes a las infracciones, como pueden ser la colaboración del sujeto obligado en el esclarecimiento de los hechos enviando la información en tiempo y forma. Adicionalmente, pueden existir agravantes tales como el ocultamiento de la infracción, reincidencia o antecedentes del infractor, entre otros.

 

Como medida máxima la SENACLAFT puede disponer de la suspensión de actividades del Sujeto Obligado de forma temporal o permanente, siendo la primera por un máximo de 3 meses. En cuanto a la suspensión de actividades permanente, la misma se debe realizar mediante orden judicial.

 

Al día de hoy no se registran resoluciones de la SENACLAFT que dispongan la suspensión de actividades para Sujetos Obligados no financieros.

 

Descargue el archivo en formato .pdf: BC – Entre la solidaridad y el Cumplimiento