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FLEXIBILIZACIONES EN LA RESIDENCIA FISCAL DOS NUEVAS HIPÓTESIS PARA SU CONFIGURACIÓN

Dr. Leonardo Costa

Dra. María Paula Garat

 

En el día de hoy se expidió el Decreto 163/020 por el que el Poder Ejecutivo modificó un aspecto del régimen de residencia fiscal, procurando su flexibilización y, con ello, el ingreso a esta categoría de otros extranjeros. Con ello, y tal como se indica en la exposición de motivos, “se impulsa una política de estímulo a la inversión como instrumento idóneo para la generación de empleo y mejora del bienestar general, para que puedan instalarse en el Uruguay todos los extranjeros que deseen elegir al país como destino de sus proyectos personales y económicos”.

Analizaremos seguidamente el cambio habido y los principales impactos que ello apareja en lo interno y en la inversión.

 

  • Requisitos para ser residente fiscal en Uruguay (persona física)

 

La normativa aplicable[1] establece que una persona física será residente fiscal en Uruguay si se dieran cualquiera de las siguientes cuatro hipótesis[2]:

 

1. Que permanezca más de 183 días durante el año civil en territorio uruguayo.

 

2. Que radique en Uruguay:

a) el núcleo principal o la base de sus actividades;

b) o de sus intereses vitales;

c) o de sus intereses económicos.

 

Sin perjuicio de las otras causales y sus particularidades, que no comentaremos especialmente, los intereses económicos fueron objeto de precisión con el Decreto No. 330/2016 del 13 de octubre de 2016. Por esta norma se consideró que salvo que el contribuyente acredite su residencia fiscal en otro país, tendrá sus intereses económicos en Uruguay cuando tenga en el territorio nacional una inversión con alguna de las siguientes características:

a) En bienes inmuebles por un valor superior a 15.000.000 unidades indexadas (aprox. USD 1:500.000); o

b) Participación directa o indirecta en una empresa, por un valor superior a 45.000.000 de unidades indexadas (aprox. USD 5:000.000), que comprenda actividades o proyectos que hayan sido declarados de interés nacional.

En estos casos, y de no acreditarse la residencia fiscal en otro país, se considera que existen intereses económicos en el país y por tanto la persona física será residente fiscal uruguaya.

 

  • Requisitos que se agregan y flexibilizan lo anterior (intereses económicos)

El reciente Decreto agrega, al concepto de intereses económicos, dos hipótesis adicionales:

c) En bienes inmuebles, por un valor superior a 3.500.000 unidades indexadas (aprox. USD 370.000), siempre que se realice a partir del 1º de julio de 2020 y se registre una presencia física efectiva en territorio uruguayo durante el año civil de, al menos, 60 días.

d) Directa o indirecta en una empresa por un valor superior a 15.000.000 de unidades indexadas (aprox. USD 1:500.000), siempre que se realice a partir del 1º de julio de 2020 y se generen al menos 15 nuevos puestos de trabajo directo en relación de dependencia, a tiempo completo, durante el año civil[3].

Las causales de configuración de los “intereses económicos” pasan, entonces, a ser cuatro, agregándose una nueva hipótesis de inversión en inmuebles -con valor considerablemente menor- aunque exigiéndose un mínimo de presencia física en el país; y agregándose también un nuevo supuesto de inversión en empresas, con un monto también considerablemente menor, y en las que se requiere que se creen 15 nuevos puestos de trabajo. Ambas considerando inversiones que se realicen a partir del 1º de julio de 2020.

 

  • Efectos en lo interno y en lo internacional

Con lo anterior Uruguay se sigue posicionando como un país que tiene intención de atraer inversiones. Se flexibiliza claramente la residencia fiscal, a los efectos de atraer la inversión que no solamente beneficiará al país, sino que lo hará en esta especial situación de reactivación económica necesaria tras la emergencia sanitaria y sus efectos. En lo interno, por tanto, no caben dudas que la flexibilización servirá para una mayor inversión, siendo que la segunda hipótesis se conecta en forma directa con la creación de puestos de trabajo, lo que ayudará, sin dudas, a la situación económica y de desempleo actual.

Por otro lado, en lo internacional, la flexibilización realizada no supone romper en forma drástica con los estándares aplicables en la materia, principalmente impulsados por OCDE. Los parámetros, aunque flexibilizados, continúan siendo exigentes, al requerirse un doble requisito en ambos casos. En lo internacional, sin embargo, puede ocurrir que la persona cumpla con las condiciones de residencia fiscal para Uruguay y para otro Estado, en cuyo caso se aplicarán, de haber tratado suscripto con el otro Estado, las reglas previstas en dicho tratado para determinar, en definitiva, en cuál se considera residente fiscal y, consecuentemente, cómo se gravan sus rentas (cláusula de desempate).

A modo de ejemplo, en el caso del Convenio suscripto con Argentina (Acuerdo entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay para el intercambio de información Tributaria y método para evitar la Doble Imposición – Ley 19.032), se establece que si por la legislación interna de Uruguay y de Argentina la persona configurara residencia fiscal en ambos Estados:

  • La persona será considerada residente solamente del Estado donde tenga una vivienda permanente a su disposición;
  • Si tuviera una vivienda permanente a su disposición en ambos Estados, se considerará residente solamente del Estado con el que mantenga relaciones personales y económicas más estrechas (centro de intereses vitales);
  • Si no pudiera determinarse el Estado en el que dicha Persona tiene el centro de sus intereses vitales, o si no tuviera una vivienda permanente a su disposición en ninguno de los Estados, se considerará residente solamente del Estado donde viva habitualmente;
  • Si viviera habitualmente en ambos Estados, o no lo hiciera en ninguno de ellos, se considerará residente solamente del Estado del que sea nacional;
  • Si fuera nacional de ambos Estados, o no lo fuera de ninguno de ellos, las Autoridades Competentes de Uruguay y de Argentina resolverán el caso de común acuerdo.

En síntesis, el nuevo Decreto flexibiliza el concepto de “intereses económicos” en el marco de la residencia fiscal, agregando dos nuevas causales por las cuales la persona podrá obtener su residencia fiscal, con importantes efectos en la inversión, en lo interno y en lo internacional.

[1] Artículo 6 del Título 7 del Texto Ordenado (IRPF), y artículo 7 del Título 8 del Texto Ordenado (IRNR).

[2] La normativa prevé otras hipótesis especiales, las que no se analizan por exceder el objeto del presente.

[3] Nuevos puestos de trabajo implican que se generen a partir del 1º de julio de 2020, siempre que no se relacionen con una disminución de puestos de trabajo en entidades vinculadas.

 

Descargue el archivo en formato .pdf: BC – Cambios en residencia fiscal