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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO CAMBIOS NORMATIVOS DE ESPECIAL RELEVANCIA

Con fecha 31 de agosto de 2020 el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento el Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional por el período 2020-2024 (en lo sucesivo “el Proyecto”).

Sin perjuicio de que el Proyecto contiene previsiones respecto de las más diversas materias, realizaremos a continuación un relevamiento de aquellas modificaciones que resultan de mayor trascendencia en lo que respecta al Derecho Comercial y Societario, al Derecho Tributario y a otras áreas de particular interés.

 

  1. DERECHO COMERCIAL Y SOCIETARIO

El Proyecto incluye varios artículos que modificarían diversos aspectos de la regulación de las sociedades comerciales. A continuación, y separadamente, se analizarán las modificaciones proyectadas.

 

A) Modificaciones relativas a la Ley N° 16.060 de Sociedades Comerciales

Los artículos 659 y ss. del Proyecto prevén modificaciones a varios artículos de la Ley N° 16.060 de Sociedades Comerciales (en adelante la “Ley N° 16.060” o “LSC”).

Seguidamente relevaremos, en primer lugar, las modificaciones relativas a la parte general de la LSC -que contiene disposiciones aplicables a todos los tipos sociales-, para luego abordar las modificaciones que se pretende efectuar al régimen jurídico de un tipo social concreto: la sociedad anónima.

 

 

  • Modificaciones relativas a la parte general de la Ley N° 16.060.

De aprobarse el artículo 659 del Proyecto, se eliminaría la prohibición de que las sociedades adopten una denominación notoriamente semejante a la de otra sociedad preexistente, que establece el artículo 12 de la LSC en su redacción actual.

En efecto, el artículo vigente establece que la denominación social “no deberá ser igual o notoriamente semejante a la de otra sociedad preexistente”. En cambio, de acuerdo a la modificación proyectada, la denominación social “no deberá ser igual al de otra sociedad preexistente”.

Prima facie puede decirse, atendiendo a que la denominación social constituye un atributo de la personalidad de la persona jurídica -que permite identificarla como sujeto de derecho, al igual que el nombre de la persona física-, que no es deseable introducir flexibilizaciones al sistema de control de la denominación de las sociedades comerciales.

Sin embargo, dicha modificación puede ser valorada positivamente si se la analiza focalizando en la seguridad jurídica. Pese a que el órgano de contralor ha elaborado una definición de semejanza a estos efectos[1], es sumamente complejo determinar en un caso concreto si se está en presencia de sociedades homónimas. Por tanto, atendiendo al valor certeza, puede resultar conveniente contar con un sistema de control de la denominación de las sociedades comerciales que, prescindiendo de toda valoración subjetiva del aplicador y discrecionalidad administrativa, impida exclusivamente la adopción de denominaciones idénticas a las preexistentes.

Además, esta solución es idéntica a la que adoptó el literal B) del artículo 12 de la Ley N° 19.820 para las Sociedades Anónimas Simplificadas (en adelante SAS), por lo que con la modificación se lograría la unificación del régimen vigente.

El artículo 660 del Proyecto pretende dar nueva redacción al artículo 17 de la LSC y establece que “cualquier publicación exigida legalmente sin determinación del órgano de publicidad o del número de días por el que deba cumplirse, se efectuará por única vez en el Diario Oficial”. Se elimina así la necesidad de que en esos casos se realice una segunda publicación en otro diario o periódico del lugar de la sede de la sociedad, o en su defecto del departamento o de Montevideo. Entendemos que la modificación es razonable y positiva, en tanto se reduce el costo de realizar una segunda publicación, que no tiene en los hechos demasiada repercusión en lo que respecta a la publicidad.

Mediante el artículo 661 del Proyecto se proyecta la eliminación del deber de publicar los estados contables y el proyecto de distribución de utilidades aprobados que tienen las sociedades sujetas a control estatal, de acuerdo a la redacción vigente del artículo 97 de la Ley N° 16.060.

El artículo 662 del Proyecto introduciría una modificación en lo relativo a la distribución de dividendos. En el régimen actual: i) el artículo 93 de la LSC prevé que cuando la reserva legal “quede disminuida por cualquier razón, no podrán distribuirse ganancias hasta su reintegro”; ii) según el artículo 98 de la LSC, “no podrán distribuirse beneficios que no deriven de utilidades netas, resultantes de un balance regularmente confeccionado y aprobado por la mayoría social o el órgano competente”; iii) además, el artículo 98 de la LSC dispone que las ganancias de la sociedad “no podrán distribuirse hasta tanto no se cubran las pérdidas de ejercicios anteriores”; iv) el mismo artículo 98 estatuye que “las ganancias distribuidas en violación de las normas precedentes serán repetibles, con excepción de los dividendos percibidos de buena fe por los accionistas de sociedades anónimas, de sociedades en comandita por acciones y por los socios de sociedades de responsabilidad limitada con veinte o más socios”.

De acuerdo a la modificación proyectada, el nuevo artículo 98 de la LSC dispondría que:

“No podrán distribuirse beneficios que no deriven de utilidades netas, resultantes de un balance regularmente confeccionado y aprobado por la mayoría social o el órgano competente. Las ganancias no podrán distribuirse hasta tanto no se cubran las pérdidas de ejercicios anteriores, y se recomponga la reserva legal cuando ésta haya quedado disminuida por cualquier razón.

Las ganancias distribuidas en violación de las normas precedentes serán repetibles, con excepción de los dividendos percibidos de buena fe por los accionistas de sociedades anónimas, de sociedades en comandita por acciones y por los socios de sociedades de responsabilidad limitada con veinte o más socios”.

Es decir que, de concretarse la modificación prevista en el artículo 662 del Proyecto, las tres condiciones ya requeridas por los artículos 93 y 98 de la LSC -en su actual redacción- para que proceda la distribución de ganancias quedarían establecidas en el mismo artículo -el nuevo artículo 98-. Además, indiscutiblemente, serán también repetibles las ganancias distribuidas sin que se hubiera recompuesto la reserva legal, en caso de que esta se hubiera disminuido por cualquier razón.

  • Modificaciones relativas al régimen de las sociedades anónimas

El Proyecto también planea modificar aspectos relativos al funcionamiento de los órganos de gobierno y administración de las sociedades anónimas.

De acuerdo al régimen vigente, las asambleas de accionistas sólo pueden celebrarse “en la sede social o en otro lugar de la misma localidad”, por lo que no existe posibilidad de celebrarlas a distancia.

En cambio, de conformidad con la nueva redacción que tendría el artículo 340 de la LSC si se aprobara el Proyecto, las asambleas de accionistas también “se podrán realizar por videoconferencia o por cualquier otro medio de comunicación simultánea que brinden certeza sobre la identidad de los participantes, así como respecto a la conexión bilateral o plurilateral en tiempo real en imagen y sonido de los asistentes en remoto”.

Es decir que, de concretarse la modificación, las reuniones del órganos de gobierno de la sociedad podrían: i) realizarse en forma presencial, en la sede social o en otro lugar de la misma localidad, como hasta ahora; ii) por videoconferencia o por otros medios de comunicación simultánea, siempre que dichos medios brinden certeza sobre dos aspectos, a saber: la identidad y la conexión en tiempo real en imagen y sonido de los asistentes; iii) de forma mixta, es decir con participantes reunidos en forma presencial y participantes que asistan vía remota, siempre que el medio de comunicación empleado cumpla los requisitos anteriormente indicados.

De este modo, se pondría fin a las discusiones respecto de la posibilidad de sesionar por tecnologías de comunicación a distancia, admitiendo que la asamblea de accionistas de la sociedad anónima se reúna virtualmente. Por otra parte, cabe señalar que más allá de los beneficios que -en abstracto- importa la realización de asambleas no presenciales, resulta indispensable contar con dicha posibilidad en la actualidad, atendiendo a la coyuntura generada por el COVID-19, que puede tornar -en muchos casos- imposible la realización de asambleas presenciales.

Además, consideramos que los cambios propuestos en este campo suponen una mejora respecto del régimen previsto para las SAS en el artículo 23 de la Ley N° 19.820. Ello en la medida en que dicha disposición se limita a establecer que las reuniones de los órganos sociales “se podrán realizar en forma presencial, por videoconferencia o por cualquier otro medio de comunicación simultánea”, sin distinguir los medios que incluyen video de aquellos que solo permiten una comunicación de voz ni incluir una exigencia de certeza sobre la identidad y la conexión en tiempo real en imagen y sonido de los asistentes.

Finalmente, en lo relativo a la documentación de las resultancias de la asamblea, el artículo propuesto estatuye que las actas correspondientes a las asambleas “deberán elaborarse y asentarse en el libro respectivo dentro de los treinta días siguientes a aquel en que concluyó el acuerdo y dejando expresa constancia del medio de comunicación utilizado”.

Por su parte, el artículo 664 del Proyecto pretende añadir al artículo 348 de la LSC que para las sociedades anónimas cerradas “no será necesaria la convocatoria, cuando asistan accionistas que representen el 100% del capital integrado”. La Ley N° 16.060 ya prevé que “la asamblea podrá celebrarse sin publicación de la convocatoria cuando se reúnan los accionistas que representen la totalidad del capital integrado”, pero de aprobarse el nuevo régimen no se requeriría, en dicho caso, ni siquiera realizar formalmente una convocatoria. Esta modificación introduce una solución específica para los casos en que el directorio, los directores o el director de la sociedad no quieran o no puedan realizar la convocatoria. El régimen vigente requiere que siempre exista convocatoria, por lo que si el órgano competente para convocar no convoca es necesario solicitar -extraordinariamente- al Poder Judicial o a la Auditoría Interna de la Nación (en adelante AIN) que convoquen a la asamblea de accionistas. En cambio, operada la modificación normativa, la asamblea de accionistas podrá realizarse igualmente si está presente el 100% del capital integrado.

El artículo 664 del Proyecto modificaría el quórum requerido para que pueda sesionar el órgano de administración de las sociedades anónimas. De acuerdo al régimen vigente, el Directorio “sesionará con la asistencia de la mitad más uno de sus integrantes”, lo cual ha generado serias dudas interpretativas.

Entendemos que se pretende poner fin a las dudas interpretativas, al indicar que el Directorio “sesionará con la asistencia de la mayoría absoluta de sus integrantes”.

De acuerdo al Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, la expresión mayoría absoluta se emplea, en el ámbito del Derecho Comercial, para referir al “sistema de votación mediante el cual se requiere, para aprobar una decisión, más votos a favor que en contra”[2]. Por consiguiente, operada la modificación, el Directorio podría sesionar válidamente cuando el número de presentes sea mayor que el de ausentes, es decir cuando se encuentren presentes dos de tres.

Respecto de la regulación del órgano de administración, cabe señalar que el Proyecto omitió regular la posibilidad de que el mismo sesione a distancia, al igual que la asamblea de accionistas y que el Directorio de las SAS que, de acuerdo al artículo 23 de la Ley N° 19.820, puede sesionar “en forma presencial, por videoconferencia o por cualquier otro medio de comunicación simultánea”.

El artículo 666 pretende incluir el artículo 409 BIS a la LSC, según el cual el órgano estatal de control “podrá publicar, toda vez que lo entienda pertinente, las resultancias de las actuaciones realizadas en cumplimiento del control de funcionamiento de las sociedades anónimas abiertas, y las observaciones formuladas a dichas sociedades, cualquiera sea la causa de las mismas”.

Finalmente, el artículo 667 pretende modificar el artículo 416 de la LSC, eliminando el requisito de la publicación de los estados contables -visados por el órgano de control- de las sociedades anónimas abiertas.

 

B) Modificaciones relativas al régimen de las SAS (Ley n° 19.820)

El artículo 616 del Proyecto procura modificar el artículo 43 de la Ley N° 19.820, referido a los aportes al BPS de los administradores, representantes legales o directores de las SAS. Concretamente, se modifica la aportación de los directores integrantes de Directorios no remunerados. De acuerdo al régimen vigente, en ese caso todos los directores “efectuarán su aportación ficta patronal, sobre la base del máximo salario abonado por la empresa o la remuneración real de la persona física correspondiente, según cual fuera mayor, sin que pueda ser inferior al equivalente a quince veces el valor de la Base Ficta de Contribución”.

En cambio, la modificación propuesta establece que en tal caso, los directores efectuarán su aportación ficta patronal por al menos uno de sus integrantes, sobre la base del máximo salario abonado por la empresa, sin que pueda ser inferior al equivalente a quince veces el valor de la Base Ficta de Contribución”.

Dicha modificación es conveniente a efectos de asimilar el régimen de aportes al BPS de los directores de las SAS, con el régimen de aportes al BPS previsto por la Ley N° 16.713 para los directores de las sociedades anónimas.

 

C) Régimen de Prescripción de multas de AIN

El artículo 232 del Proyecto pretende introducir una regulación de los plazos de prescripción para las multas a cargo de AIN.

Si bien la redacción no es clara, una de las posibles interpretaciones y más coherente con la forma en la que está redactada es: i) cuando se produjera una infracción que pudiera dar lugar a ser sancionada por la Auditoría Interna de la Nación, la prescripción del derecho al cobro de la multa será de 6 años, los que se contarán a partir de la culminación del año civil en que se produjo la infracción, ii) cuando la imposición de una sanción se haya ya dado por acto administrativo, la prescripción será de 6 años contados a partir de la culminación del año civil en que dicho acto administrativo quede firme.

La prescripción se ampliará a 10 años en caso de sanciones o infracciones que impidan conocer al beneficiario final o induzcan en error sobre la identificación de la cadena de participación, a consecuencia de la Ley N° 19.484.

La referido en el Proyecto respecto de la suspensión o interrupción de los plazos, es igual que lo ya regulado en los artículos 39 y 40 del Código Tributario.

 

D) Obligación de comunicar beneficiario final y titulares de participaciones patrimoniales

De aprobarse los artículos 669, 670, 671 y 672 del Proyecto se introducirían modificaciones a la Ley N° 19.484 relativa a los estándares internacionales en Transparencia Fiscal Internacional, Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

En primer lugar, el artículo 669 sustituiría la redacción del artículo 25 de la Ley N° 19.484. Dicha disposición refiere a la obligación adicional que tienen las entidades emisoras de acciones o partes sociales nominativas de aportar, además de la información relativa al beneficiario final, los datos identificatorios de sus titulares y porcentajes de su participación en el capital social.

De acuerdo a la nueva redacción, las modificaciones posteriores a la primera comunicación, deberán ser informadas dentro de los 45 días a partir de su verificación (y no a los 30 como es en la redacción vigente).

Se mantiene, por otra parte, la previsión respecto a que las modificaciones posteriores a la primera comunicación deberán informarse en el plazo de 90 días en los casos en que “los titulares de las participaciones o títulos nominativos sean no residentes”.

Por otro lado, el artículo 670 sustituye el artículo 30 de la Ley N° 19.484, que es el que hace referencia a los cambios que se produzcan respecto de la información registrada. En el caso de aprobación del Proyecto, el artículo tendrá las siguientes modificaciones: i) el plazo en el que debe comunicarse la modificación aumenta de 30 a 45 días contados a partir de su verificación. Conforme se verá seguidamente, además, dicho plazo se cuenta en días hábiles; ii) el plazo es de 90 días no solo cuando los beneficiarios finales sean no residentes (como en la redacción vigente), sino también cuando haya integrantes de la cadena de titularidad que revistan esa misma calidad, iii) el último literal prevé la posibilidad de que el Poder Ejecutivo establezca plazos especiales en consideración de la entidad de la información que sea modificada. Esto es un punto no menor, ya que muchas veces, las modificaciones no portaban mayor relevancia, pero aun así debían comunicarse en el exiguo plazo de 30 días.

El artículo 671, de aprobarse este Proyecto, modificará la redacción del artículo 31 de la Ley N° 19.484, referido a las excepciones a la obligación de informar. El Proyecto no introduce cambios en los literales que describen las entidades exceptuadas de presentar declaración jurada, que siguen siendo: i) las sociedades personales o agrarias en las que la totalidad de las cuotas sociales pertenezcan a personas físicas que sean sus beneficiarios finales; ii) las sociedades de hecho o civiles integradas por personas físicas, siempre que estas sean sus beneficiarios finales.

El agregado que tendría este artículo -en su nueva redacción- es que se le otorga la facultad al Poder Ejecutivo a que exceptúe a otras entidades que configuren situaciones similares a las descritas anteriormente.

Por último, el artículo 672 proyecta sustituir el artículo 36 de la mencionada Ley N° 19.484. Dicha disposición designa a la AIN como organismo recaudador de las multas previstas en la Ley y establece la forma de graduación de la multa. El Proyecto incorpora al artículo tres incisos sumamente importantes que tienden a generar mecanismos de flexibilización de las sanciones en los casos de: i) errores u omisiones en las declaraciones juradas enviadas a BCU; ii) casos graves o imprevisibles que impidan absoluta y notoriamente el cumplimiento en plazo de las obligaciones siempre que pueda esto ser debidamente probado. Para ambos casos se establece que se estará a lo que disponga el Poder Ejecutivo en la reglamentación de la Ley.

Por otra parte, el artículo 673 del Proyecto prevé modificaciones al artículo 11 de la Ley N° 18.930 relativa a la Obligación de Informar sobre Participaciones Patrimoniales al Portador, que es análogo al ya comentado artículo 36 de la Ley N° 19.484.

 

E) Cómputo de los plazos en las Leyes N° 18.930, 19.288 y 19.484

El artículo 674 proyecta modificar la forma en que se debe realizar el cómputo de los plazos previstos en determinados artículos y secciones de las Leyes N° 18.930, 19.288 y 19.484.

De aprobarse la modificación, se contarán en días hábiles: a) todos los plazos para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley N° 18.930, b) el plazo previsto en el literal C) del artículo 16 de la Ley N° 19.288 para los casos de transferencia de la titularidad de participaciones patrimoniales al portador; y c) los plazos establecidos en el capítulo II de la Ley N° 19.484 (que comprende los artículos 22 al 42).

 

II. DERECHO TRIBUTARIO

Comentaremos seguidamente los principales cambios que contiene el Proyecto en materia tributaria, sin perjuicio del ya analizado en consideración a las SAS.

 

A. Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) – Régimen de pérdidas fiscales

De aprobarse el Proyecto, la limitación a la deducción de las pérdidas fiscales prevista en el inciso 3 del literal F) del artículo 21 del Título 4 del Texto Ordenado de DGI de 1996 (en adelante “TO”) dejaría de regir y, consecuentemente, dichas pérdidas podrían deducirse completamente -en caso de cumplir con la totalidad de los requisitos dispuestos en la normativa a tales efectos-. Lo anterior, en tanto el artículo 619 del Proyecto prevé la derogación la norma del TO antes mencionada.

Respecto del punto, debe tenerse en consideración que el artículo 619 Proyecto prevé que la derogación del inciso 3 del literal F) del artículo 21 del Título 4 comience a regir a partir de los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2020.

 

B. Impuesto al Patrimonio (IPAT) – Entidades emisoras de dinero electrónico.

De ser aprobado el Proyecto -concretamente, su artículo 627- se modificaría la redacción del artículo 16 del Título 14 del TO en sede de Impuesto al Patrimonio (IPAT) a los efectos de disponer que las referencias contenidas en dicho Título relativas a Bancos y Casas Financieras se extenderían también a las entidades emisoras de dinero electrónico.

En efecto, en su redacción actual el artículo 16 del Título 14 prevé que las referencias relativas a los Bancos y las Casas Financieras contenidas en dicho Título se extenderán a las empresas cuya actividad habitual y principal sea la de administrar créditos -interviniendo en las ventas de bienes o en las prestaciones de servicios a terceros- cuya actividad sea la de realizar préstamos en dinero. A este respecto, el Proyecto pretende agregar la actividad de emisión de dinero electrónico.

La modificación bajo estudio influiría en algunos aspectos del cálculo del IPAT, especialmente, en cuanto estas entidades tributarían a una tasa del 2,8%, y en cuanto al régimen de limitación en la deducción de pasivos. A las disposiciones previstas para los adeudos contraídos, en Uruguay, con las entidades ya mencionadas, se les adiciona las entidades emisoras de dinero electrónico.

 

C. Sentencias de condena contra la Administración Tributaria. Cómputo de intereses

Una novedad del Proyecto la constituye el hecho de que otorga -en su artículo 630- una solución expresa en materia de intereses legales relativos a sentencias de condena contra la Administración Tributaria. En efecto, prevé desde qué momento y en cuál porcentaje se deben los intereses legales en caso de sentencias favorables al administrado de condena contra la Administración Tributaria relativas a devoluciones por pago de lo indebido o bien por disposición de leyes o reglamentos.

Concretamente se prevé que dichos intereses se deben desde el momento de interposición de la demanda y que serán de un 6% anual sobre el crédito actualizado desde la fecha del pago de lo indebido.

Esta posición es distinta a la dada recientemente por algunos fallos, incluso por la Suprema Corte de Justicia (Sentencia 206/2020), que consideran que los intereses deben computarse desde el pago.

 

III. OTRAS MODIFICACIONES

Comentaremos otras modificaciones de relevancia que se incluyen en el Proyecto.

  • Nuevos beneficios para la introducción de bienes a la República por parte de migrantes

Según la actual Ley de Migraciones N° 18.250 todos los uruguayos con más de dos años de residencia en el exterior que decidan residir definitivamente en Uruguay podrán introducir en el país los bienes previstos en el artículo 76 de dicha Ley sin necesidad de realizar trámite cambiario alguno y con exención de toda clase de derechos aduaneros, tributos o gravámenes conexos a ellos.

El artículo 631 del Proyecto prevé declarar aplicable el literal C) de dicho artículo -que regula la introducción al país de vehículos automotores- a quienes hubieran obtenido la residencia permanente en Uruguay a partir del 1 de enero de 2020 y a los migrantes del MERCOSUR que ingresen al país para residir en él en forma definitiva hasta el 31 de marzo de 2021, siempre que hubieran iniciado el trámite en los consulados de la República.

Por tanto, y de aprobarse el Proyecto, estos sujetos podrán introducir por única vez, libre de todo trámite cambiario y exento de toda clase de derechos de aduana, tributos o gravámenes conexos, un vehículo automotor de su propiedad, el que no podrá ser transferido hasta transcurrido un plazo de dos años a contar desde su ingreso a la República. El régimen a que esté sujeto el automotor deberá constar en los documentos de empadronamiento municipal y en el Registro Nacional de Automotores. El citado vehículo deberá a su vez ser empadronado directamente por la persona interesada en la Intendencia Departamental correspondiente.

Asimismo, el Proyecto prevé que no regirá a este respecto la prohibición de importar automotores y vehículos comerciales livianos de hasta 1.500 kg de capacidad de carga prevista en el literal A) del artículo 1 de la Ley N° 17.887 de Prohibición de importación de vehículos usados.

  • Protección de datos personales (datos biométricos)

El proyecto pretende introducir agregados a la Ley N° 18.331 referida a la Protección de Datos Personales.

El artículo 79 proyecta agregar el literal Ñ) al artículo 4 de la mencionada Ley, que establece definiciones de determinados conceptos importantes que deben tenerse presentes para poder interpretar y comprender la Ley correctamente.

De esta manera es que se agregaría el concepto de Datos Biométricos. De acuerdo al Proyecto, los Datos Biométricos pasarían a ser definidos legalmente como aquellos “datos personales obtenidos a partir de un tratamiento técnico específico, relativos a las características físicas, fisiológicas o conductuales de una persona física que permitan o confirmen la identificación única de dicha persona tales como datos dactiloscópicos, reconocimiento de imagen o voz”.

A su vez, se agregaría por medio del artículo 80, el artículo 18 BIS a la Ley N° 18.331, el que también refiere a datos biométricos. De acuerdo a dicho texto, los datos biométricos podrán ser objeto de tratamiento en marco de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley (consentimiento informado), siempre y cuando se haga una previa evaluación de impacto en la protección de los datos personales.

  • Potestad sancionatoria de organismos del Estado en el marco de las contrataciones públicas.

El Proyecto prevé, en su artículo 50, que la potestad sancionatoria del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Tribunal de Cuentas, Corte Electoral, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y en general todas las administraciones públicas estatales en materia de contrataciones públicas estatales prescribirá a los cinco años contados a partir del hecho que motiva la sanción, siempre que se trate de incumplimientos de proveedores.

  • Potestad sancionatoria del Ministerio de Salud Pública

Por otra parte, el Proyecto también contiene previsiones expresas en materia de potestad sancionatoria en el ámbito del Ministerio de Salud Pública.

En su artículo 372 pretende facultar a dicho Ministerio para aplicar sanciones siempre que se comprueben infracciones a las disposiciones sanitarias vigentes. El artículo referido enumera diversas sanciones que van desde apercibimiento, incrementando gradualmente la gravedad de la sanción, con multas que podrán fijarse entre un mínimo de 10 a 50.000 UR, clausura temporal y definitiva que podrá acumularse a la multa pecuniaria según se entiende pertinente por la autoridad.

Adicionalmente, el artículo también establece que para el caso en el que el infractor sea una persona jurídica, serán aplicables las sanciones de apercibimiento y multa antes referidas a los directores, administradores, representantes o directores técnicos, que, obrando con culpa grave o dolo, hayan tenido responsabilidad en la infracción.

Se prevé además que el testimonio de la resolución firme o definitiva que imponga una multa constituirá título ejecutivo, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 91 y 92 del Código Tributario.

  • Enajenación de bienes inmuebles del Estado

En su artículo 65 el Proyecto prevé sustituir el artículo 527 de la Ley N° 15.903, a los efectos de disponer que los bienes inmuebles del Estado que no hayan sido declarados prescindibles por el Poder Ejecutivo no podrán enajenarse ni gravarse en forma alguna sin la expresa disposición de una ley o con la autorización de la Junta Departamental según corresponda detallando en la autorización el destino de su producido.

  • Promociones comerciales de productos o servicios

El proyectado artículo 209 establece que, cuando se realicen promociones comerciales de productos y servicios en los que intervenga el azar: a) deberá solicitarse autorización expresa de la Dirección General de Comercio del Ministerio de Economía y Finanzas, b) el premio no podrá consistir en la entrega de dinero en efectivo, c) la participación deberá prever una modalidad de participación gratuita y sin obligación de compra del producto o servicio promocionado.

Además, establece que, si se incumplieran los requisitos señalados, las disposiciones reglamentarias o términos en los cuales se realiza la autorización comercial, la Dirección General de Comercio podrá sancionar a la entidad infractora con apercibimiento o multa hasta de 3.000 UR. Dicha sanción se graduará dependiendo de la posición en el mercado del infractor, la gravedad del incumplimiento y los antecedentes registrados.

Finalmente, el artículo deroga expresamente los artículos 228 de la Ley N° 15.851, 677 de la Ley N° 15.809, y 64 y 65 de la Ley N° 12.367.

[1] De acuerdo a los Criterios para el Control de Denominación de Sociedades Comerciales de la AIN, “se entiende que una denominación es semejante a otra preexistente cuando los vocablos dominantes son iguales, diferenciándose el nombre sólo por la existencia de aditamentos”. Los mismos se encuentran disponibles en:

https://www.mef.gub.uy/6818/1/mef/manual-de-procedimientos-Marco-normativo,Documentos,Sociedades-An%C3%B3nimas.html

[2] Definición de mayoría absoluta contenida en el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico de la Real Academia Española. Disponible en: https://dpej.rae.es/lema/mayor%C3%ADa-absoluta.

 

Descargue el archivo en formato .pdf: BC – Proyecto Ley Presupuesto