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CAMBIOS DE DERECHO COMERCIAL Y SOCIETARIO INCLUIDOS EN LA LEY DE PRESUPUESTO NACIONAL – LEY 19.924

Dra. Stephanie Da Rosa

Dr. Emiliano Lencina

La Ley de Presupuesto Nacional 19.924, del 18 de diciembre de 2020, contiene diversas modificaciones normativas con incidencia en el Derecho Comercial y Societario, cuyos principales aspectos analizaremos seguidamente.

I.- MODIFICACIONES A LA LEY DE SOCIEDAES COMERCIALES (LEY 16.060)

Se previeron modificaciones a varios artículos de la Ley 16.060 relativa a Sociedades Comerciales (en adelante “LSC”), los cuales se detallarán a continuación.

En primer lugar, se introdujo una modificación al artículo 12 de la LSC, referida a la denominación de las sociedades. El artículo establece cuál es la forma de composición de la denominación de una sociedad y contenía algunas limitantes: dicha denominación, no podría ser “igual o semejante” a la de otra sociedad preexistente. Esto último fue objeto de eliminación en la presente redacción. Únicamente se establece que la denominación de una sociedad no podrá ser igual a la de otra preexistente.

Esta misma solución es idéntica a la que adoptó el literal B) del artículo 12 de la Ley N° 19.820 para las Sociedades Anónimas Simplificadas (en adelante SAS), por lo que con la modificación se logró la unificación del régimen vigente.

Por otra parte, la nueva Ley modificó el artículo 97 de la LSC, eliminando el deber de publicar los estados contables y el proyecto de distribución de utilidades aprobado, deber que tenían las sociedades sujetas a control estatal, de acuerdo a la anterior redacción.

A su vez, se agregó un inciso al artículo 98 de la LSC relativo a las ganancias y distribución de las mismas. Dicho artículo establece una serie de requisitos y limitantes que tienen que ser cumplidos para poder proceder a la distribución. La nueva Ley agregó una limitante a la distribución, indicando que no va a poder realizarle la misma hasta que no se recomponga la reserva legal en caso de haberse visto afectada.

Por su parte, el artículo 722 de la Ley dio nueva redacción al artículo 340 de la LSC, introduciendo importantes cambios en lo relativo al funcionamiento de las asambleas de accionistas de las sociedades anónimas.

Con anterioridad se discutía si era posible celebrar asambleas de accionistas a distancia. La nueva redacción del citado artículo despeja toda duda indicando que las asambleas de accionistas también “se podrán realizar por videoconferencia o por cualquier otro medio de comunicación simultánea que brinden certeza sobre la identidad de los participantes, así como respecto a la conexión bilateral o plurilateral en tiempo real en imagen y sonido de los asistentes en remoto”.

Por tanto, las asambleas de accionistas de la sociedad podrán: i) realizarse en forma presencial, en la sede social o en otro lugar de la misma localidad, como hasta ahora; ii) por videoconferencia o por otros medios de comunicación simultánea, siempre que dichos medios brinden certeza sobre dos aspectos, a saber: la identidad y la conexión en tiempo real en imagen y sonido de los asistentes; iii) de forma mixta, es decir con participantes reunidos en forma presencial y participantes que asistan vía remota, siempre que el medio de comunicación empleado cumpla los requisitos anteriormente indicados.

Finalmente, en lo relativo a la documentación de las resultancias de la asamblea, el artículo estatuye que las actas correspondientes a las asambleas celebradas a distancia “deberán elaborarse y asentarse en el libro respectivo dentro de los treinta días siguientes a aquel en que concluyó la asamblea, dejando expresa constancia del medio de comunicación utilizado” y que “no se requerirá en este caso la firma del accionista asistente en el Libro de Registro de Asistencia de Accionistas a las Asambleas”.

Por otra parte, se dio nueva redacción al artículo 348 de la LSC, agregándose que para las sociedades anónimas cerradas “no será necesaria la convocatoria, cuando asistan accionistas que representen el 100% del capital integrado”. Esta modificación introduce una solución específica para los casos en los que el directorio, los directores o el director de la sociedad cerrada no quieran o no puedan realizar la convocatoria. El régimen anterior exigía que siempre existiera convocatoria, por lo que si el órgano competente para convocar no convocaba era necesario solicitar -extraordinariamente- al Poder Judicial o a la Auditoría Interna de la Nación (AIN) que convocaran a la asamblea de accionistas. En cambio, a partir de la modificación operada, la asamblea de accionistas podrá realizarse igualmente si está presente el 100% del capital integrado.

La nueva redacción del artículo 386 de la LSC introdujo modificaciones respecto del quórum requerido para que pueda sesionar el órgano de administración de las sociedades anónimas. De acuerdo al régimen anterior, el Directorio requería para sesionar que se verificase la asistencia de “la mitad más uno de sus integrantes”, lo cual generó en el pasado serias dudas interpretativas.

Entendemos que al indicar que el Directorio “sesionará con la asistencia de la mayoría absoluta de sus integrantes” el nuevo régimen permite que el Directorio sesione válidamente cuando el número de presentes sea mayor que el de ausentes, poniendo de esta forma fin a las dudas planteadas.

Respecto de la regulación del órgano de administración, cabe señalar que la Ley omitió prever la posibilidad de que el mismo sesione a distancia, al igual que la asamblea de accionistas y que el Directorio de las SAS.

El artículo 725 de la Ley de Presupuesto agregó el artículo 409 BIS a la LSC, el cual le otorga la posibilidad al órgano de estatal de control de publicar los resultados de las actuaciones y las observaciones realizadas a las sociedades anónimas abiertas.

A su vez, también se modificó el artículo 416 de la LSC, eliminándose el requisito de publicación de los estados contables, y obligando a las sociedades anónimas abiertas a presentar dentro de los 30 días de aprobado en la asamblea, los estados contables, para que sean luego visados por la AIN.

Por último, el artículo 243 de la Ley introdujo una regulación específica de los plazos de prescripción de las multas que puede imponer la AIN.

Si bien la redacción no es completamente clara, consideramos que la interpretación que mejor armoniza con la forma en que la disposición está redactada es la siguiente:

  • Cuando se produjera una infracción que pudiera dar lugar a una sanción por la AIN, la prescripción del derecho al cobro de la multa será de 6 años, los que se contarán a partir de la culminación del año civil en que se produjo la infracción.
  • Cuando la imposición de una sanción se haya ya dado por acto administrativo, la prescripción será de 6 años contados a partir de la culminación del año civil en que dicho acto administrativo quede firme.

La prescripción se ampliará a 10 años en caso de sanciones o infracciones que impidan a la Administración conocer al beneficiario final o la induzcan a error sobre la identificación de quienes integran la cadena de participación de la sociedad en cuestión.

Lo referido respecto de la suspensión o interrupción de los plazos, es igual que lo ya regulado en los artículos 39 y 40 del Código Tributario.

En resumen, las modificaciones más relevantes pueden observarse en el siguiente cuadro:

NORMATIVA REFERIDA

CONTENIDO

Se modificó el artículo 12 de la ley 16.060 Se eliminó la prohibición de que la denominación de una sociedad sea “semejante” a la de otra. La nueva redacción sólo exige que la denominación de la sociedad no sea igual a otra preexistente.
Se modificó el artículo 97 de la ley 16.060. Se eliminó el deber de publicar los estados contables y el proyecto de distribución de utilidades aprobados para las sociedades sujetas a control estatal.
Se agregó inciso al artículo 98 de la ley 16.060. El agregado establece que no se van a poder realizar distribución de dividendos hasta tanto no se recomponga la reserva legal en caso de haber sido disminuida.
Se modificó el artículo 340 de la ley 16.060.

 

La nueva redacción habilita la realización asambleas de accionistas por tecnologías de comunicación a distancia.
Se modificó el artículo 348 de la ley 16.060. La nueva redacción permite que se prescinda de la convocatoria a la asamblea de accionistas de una sociedad anónima cerrada cuando asista el 100% del capital integrado.
Se modificó el artículo 386 de la ley 16.060.

 

La nueva redacción permite que el directorio sesione con la asistencia de la mayoría absoluta de sus integrantes, es decir cuando haya más miembros presentes que ausentes.
Se agregó artículo 409 bis en la ley 16.060. Se habilita a la AIN a publicar las resultancias de las actuaciones realizadas en las sociedades anónimas abiertas y las observaciones que en ellos se realizaron.
Se modificó el artículo 416 de la ley 16.060. Se elimina el requisito de publicación de los estados contables de las sociedades anónimas abiertas, solo obliga a presentarlos a la AIN para su visado.
Artículo 243 de la Ley 19.924 Se prevén plazos de prescripción para cobro de sanciones por AIN

 

II.- MODIFICACIONES A LAS LEYES 19.484, 18.930 Y 19.288

La Ley de Presupuesto también modificó algunos aspectos de la Ley 19.484 relativa a los estándares internacionales en Transparencia Fiscal Internacional, Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

En primer lugar, se sustituyó la redacción del artículo 25 de la Ley 19.484. Dicha disposición refiere a la obligación adicional que tienen las entidades emisoras de acciones o partes sociales nominativas de aportar, además de la información relativa al beneficiario final, los datos identificatorios de sus titulares y porcentajes de su participación en el capital social.

De acuerdo a la nueva redacción, las modificaciones posteriores a la primera comunicación deberán ser informadas dentro de los 45 días a partir de su verificación (y no a los 30 como es en la redacción que se encontraba vigente hasta el momento). Se mantiene, por otra parte, la previsión respecto a que las modificaciones posteriores a la primera comunicación deberán informarse en el plazo de 90 días hábiles en los casos en que “los titulares de las participaciones o títulos nominativos sean no residentes”.

Del mismo modo que lo mencionado anteriormente, también se da nueva redacción al artículo 30 de la Ley 19.484, que refiere a las modificaciones que se generen a los datos informados al BCU.

Cualquier modificación de datos correspondiente a los beneficiarios finales, así como de la cadena de titularidad, deberá ser comunicada dentro del plazo de 45 días hábiles por medio de una nueva declaración jurada. Ese plazo es de 90 días en caso de que la cadena o beneficiario final sea no residente, computándose en días hábiles.

A su vez, el nuevo literal indica que el Poder Ejecutivo podrá establecer plazos especiales dependiendo del tipo de información que se modifique.

Por otra parte, se introduce un agregado al artículo 31 de la Ley 19.484, el cual hace referencia a las entidades exceptuadas de informar, facultando al Poder Ejecutivo podrá agregar otras excepciones que entienda pertinentes en función del bajo riesgo que contemple en materia de lavado de activos o evasión tributaria.

También se modificó el artículo 36 de la Ley 19.484[1]. En su versión original, se designó a la AIN como organismo recaudador de las multas previstas en la Ley, indicando que será título ejecutivo toda resolución que las imponga. En la presente Ley, se incorporan mecanismos de flexibilización de las sanciones en los casos de errores u omisiones en las declaraciones juradas enviadas a BCU, o en casos graves o imprevisibles que impidan absoluta y notoriamente el cumplimiento en plazo de las obligaciones siempre que pueda esto ser debidamente probado. Asimismo, se otorga al Poder Ejecutivo la facultad de establecer la forma y condiciones de su aplicación.

Por último, el artículo 732 de la Ley de Presupuesto, establece que se contarán en días hábiles, aquellos plazos estipulados en la Ley 18.930, en el Capítulo 2 de la Ley 19.484, y en el literal C) del artículo 16 de la Ley 19.288

En síntesis, los cambios mencionados pueden resumirse en el siguiente cuadro:

 

NORMATIVA REFERIDA

CONTENIDO

Se sustituye redacción del artículo 25 de la Ley 19.484.

 

Se aumenta plazo de 30 a 45 días (hábiles) respecto de la información adicional de identificación de titulares y porcentajes de participación. En el caso de no residentes, el plazo se mantiene en 90 días, pero se computan como hábiles.
Se sustituye redacción del artículo 30 de la Ley 19.484.

 

Se aumenta plazo de 30 a 45 días (hábiles) respecto a informar cualquier modificación de los datos aportados. En caso de que la cadena contenga algún integrante de titularidad o beneficiario final no residente, el plazo se mantiene en 90 días, pero se computarán como hábiles. El Poder Ejecutivo podrá disponer plazos especiales.
Se agrega inciso al artículo 31 de la Ley 19.484.

 

El Poder Ejecutivo podrá agregar entidades exceptuadas a presentar la declaración jurada en caso de que a su entender presenten un bajo riesgo en materia de lavado de activos o evasión tributaria.
Se agregan incisos al artículo 36 de la Ley 19.484 y se agregan incisos al artículo 11 de la Ley 18.930. Se prevén mecanismos de flexibilización de sanciones.
Artículo 732 de la Ley 19.924

 

Se computarán en días hábiles los plazos de la Ley 19.930, del Capítulo 2 de la Ley 19.484 y del literal C) del artículo 16 de la Ley 19.288.

 

 

Descargue el archivo en formato .pdf: BC – Cambios societarios Ley de Presupuesto

 

[1] Se introdujeron modificaciones al artículo 11 de la Ley 18.930 referida a participaciones patrimoniales al portador. Este artículo es análogo al 36 de la Ley 19.484 desarrollado anteriormente, y le caben los mismos comentarios.