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PROYECTO DE LEY DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL – EJERCICIO 2020 CAMBIOS EN MATERIA DE REGULACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

Dr. Juan Diana 

 

  1. INTRODUCCIÓN

En el día de ayer el Poder Ejecutivo remitió a la Asamblea General para su aprobación el Proyecto de Ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal del ejercicio 2020 (en adelante el “Proyecto”), por intermedio del cual se pretenden introducir (entre otras modificaciones legales no relativas a la materia presupuestal) una serie de cambios al marco legal vigente en lo referido a la regulación del sistema financiero.

 

A continuación, haremos mención a las modificaciones previstas en el Proyecto en relación a dicha materia.

 

2. COMISIÓN DE PROMOCIÓN DEL MERCADO DE VALORES

Los artículos 276 y 277 del Proyecto apuntan a modificar la composición de la Comisión de Promoción del Mercado de Valores creada por la Ley N°18.627, del 02 de diciembre de 2009, de Regulación del Mercado de Valores (en adelante la “LMV”). Así, dicha Comisión pasaría de estar conformada por 6 integrantes a entre un mínimo de 9 y un máximo de 15 integrantes, abriendo la participación de esta manera a “delegados de organizaciones y entidades de mayor representatividad que intervengan en el mercado de valores” (es decir sin especificar los sectores concretos que estarán representados además del Poder Ejecutivo, tal y como sucede hoy), todo ello de acuerdo a la reglamentación que se encomienda al Poder Ejecutivo.

 

3. EXCLUSIÓN DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE LAS REGLAS SOBRE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS POST DECLARACIÓN DE CONCURSO

 

El Proyecto establece que no serán aplicables los artículos 60, 63, 64, 65, 68 y 81 numerales 2) y 3) de la Ley Nº18.387, del 23 de octubre de 2008 (“Ley de Proceso Concursal”), relativos a las reglas de ejecución de los contratos con posterioridad a la declaración judicial de concurso, a los instrumentos financieros derivados[1]. En efecto, de aprobarse el Proyecto en su redacción actual, “la situación de concurso de alguna de las partes contratantes no impedirá la plena ejecución de los contratos de instrumentos financieros derivados en los términos pactados en cada operación o en los contratos marco que las regulen, incluyendo la ejecución de las garantías constituidas”.

 

4. ELIMINACIÓN DEL MONOPOLIO DE BANCOS ESTATALES EN MATERIA DE DEPÓSITOS DE ENTIDADES PÚBLICAS

 

Los artículos 279 a 282 del Proyecto tienen por objetivo la eliminación de una serie de monopolios legalmente concedidos a los bancos del Estado, en materia de constitución de depósitos de fondos pertenecientes a entidades públicas.

Concretamente, el artículo 279 del Proyecto pretende derogar el artículo 19 del Decreto-Ley N°15.322, del 17 de setiembre de 1982 (“Ley de Intermediación Financiera”), por intermedio del cual se establece que “Todas las instituciones públicas, estatales o no estatales, deberán efectuar sus depósitos en los bancos del Estado (…)”.

 

En igual sentido, el artículo 280 del Proyecto busca derogar el artículo 80 de la Ley N°17.555, del 18 de setiembre de 2002 (“Ley de Reactivación Económica”), el cual dispone que “Todos los depósitos de fondos de instituciones públicas serán realizados en el Banco de la República Oriental del Uruguay.”

 

Por su parte, el artículo 281 y 282 del Proyecto pretenden modificar los artículos 453 y 534 -respectivamente- de la Ley N°15.903, del 10 de noviembre de 1987 (Ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal – ejercicio 1986), permitiendo depositar en cualquier banco de plaza tanto los recursos obtenidos de las distintas fuentes de financiamiento del Estado, como los fondos de las tesorerías de la dirección de servicios administrativos “o servicios que hagan las veces de aquéllas en las dependencias del Estado”.  Bajo el régimen actual, dichos depósitos deben constituirse en “bancos del Estado” y “en el Banco de la República Oriental del Uruguay, o sus agencias, o en bancos privados si no existieran aquéllas”, respectivamente.

 

5. AMPLIACIÓN DE LAS EXCEPCIONES A LAS PROHIBICIONES DE LAS INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

 

Mediante la modificación que se pretende introducir a la redacción del artículo 18 del Decreto-Ley N°15.322, se busca ampliar el elenco de excepciones a las prohibiciones hoy previstas para las Instituciones de Intermediación Financiera (en adelante “IIF”), relativas a las actividades comerciales que las mismas se encuentran legalmente habilitadas a realizar.

 

De aprobarse el Proyecto en su redacción actual, las IIF podrán otorgar préstamos al personal superior de “empresas de giro financiero que tengan personal superior en común, cuando dichas empresas tengan el mismo accionista o pertenezcan al mismo grupo o conjunto económico, dentro de los límites que establezca el Banco Central del Uruguay”. Asimismo, podrán adquirir valores de oferta pública (tanto en el mercado primario como secundario), así como realizar inversiones en otras empresas de giro financiero reguladas y supervisadas por el BCU.

 

6. CREACIÓN DE LA FIGURA DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO DEL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY

 

El Proyecto pretende modificar la redacción del artículo 24 de la Ley N°16.696, del 30 de marzo de 1995 (Carta Orgánica del Banco Central del Uruguay), con el objetivo de crear la figura del “Oficial de Cumplimiento”. El mismo será designado por el Directorio del organismo y estará bajo su dependencia.

 

Según la redacción proyectada, dicho funcionario “verificará el cumplimiento por parte del Banco de los convenios internacionales, leyes y regulaciones nacionales e internacionales sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo que le sean aplicables cuando ejerce actividad financiera, así como otros requisitos que le sean exigidos por entidades regulatorias de los mercados locales e internacionales en los que el Banco actúe”.

 

7. RANGO LEGAL DEL RÉGIMEN DE EMISIONES SIMPLIFICADAS DE VALORES DE OFERTA PÚBLICA

 

Finalmente en cuanto a las modificaciones en materia de regulación del sistema financiero, el Proyecto busca agregar a la redacción del artículo 80 de la LMV, la posibilidad de la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU de establecer un régimen de emisiones simplificadas de valores de oferta pública, exceptuando a los emisores bajo dicho régimen de la mayoría de los requisitos en materia de Gobierno Corporativo aplicables bajo el régimen común.

 

De esta manera, se le concedería rango legal al régimen creado por el Decreto del Poder Ejecutivo N°365/016, del 21 de noviembre de 2016, complementado por la reglamentación del Banco Central del Uruguay bajo la Circular N°2.283.

[1] Si bien el Proyecto remite a la definición de instrumentos financieros derivados “del artículo 26 del Título 4 del Texto Ordenado de la D.G.I. de 1996”, dicha definición se encuentra en el artículo 36 bis del referido cuerpo normativo.

 

 

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