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PROYECTO MODIFICATIVO DE LA REGLAMENTACIÓN ANTILAVADO DEL SECTOR NO FINANCIERO

Se prevén modificaciones al Decreto N°379/018, reglamentario de la Ley N°19.574 (“Ley Integral Contra el Lavado de Activos”)

Dr. Juan Diana

Dra. María Elena Lenguas  

 

  • Introducción

El pasado 20 de julio la Secretaría Nacional para la lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (“SENACLAFT”) circuló un proyecto de decreto modificativo de la reglamentación hoy vigente para los sujetos obligados del sector no financiero (escribanos, inmobiliarias, proveedores de servicios societarios, usuarios de zonas francas, entre otros) en materia de controles de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (“PLAFT”), con el objetivo de recibir comentarios por parte de los involucrados en las modificaciones proyectadas (en adelante el “Proyecto”).

A continuación analizaremos las modificaciones que pretende introducir el citado Proyecto.

  • Las modificaciones proyectadas

En virtud de las modificaciones de la Ley de Urgente Consideración N°19.889 (“LUC”) al régimen de la Ley N°19.574 (“Ley Integral Contra el Lavado de Activos”, en adelante la “Ley Integral”), el Proyecto establece una serie de agregados, sustituciones y derogaciones al Decreto N°379/018, reglamentario de la Ley Integral (en adelante “Decreto”), con el fin de acompasar la reglamentación a las disposiciones legales vigentes.

 

En caso de que el Proyecto se apruebe bajo su redacción actual, en primer lugar se agregarían dos artículos a la parte general del Decreto donde se regula, de forma amplia, la debida diligencia simplificada. Esto es en respuesta a la nueva redacción del artículo 17 de la Ley Integral, incorporada por el 225 de la LUC.

 

En este sentido es que se pretende incorporar el artículo 12 bis al Decreto. En el mismo, se establece una presunción simple de riesgo bajo cuando los medios de pagos utilizados en la operación o actividad provengan o se canalicen a través de medios de pago electrónicos, es decir, operaciones “bancarizadas”. En este caso, se habilita al sujeto obligado a aplicar medidas de debida diligencia simplificada cuando los clientes sean residentes y tratándose de no residentes, cuando estos provengan de países que cumplen con los estándares internacionales en materia de PLAFT. Todo esto, siempre y cuando no se configure alguno de los factores de riesgo alto establecidos en el artículo 13 del Decreto, en cuyo caso deberá aplicarse la debida diligencia intensificada.

 

Seguidamente, el Proyecto busca incorporar el artículo 12 ter al Decreto, que trae consigo un umbral para la debida diligencia simplificada en el caso que se mencionará. Este artículo establece que cuando las operaciones de compraventa de inmuebles donde se abone parte del precio mediante un crédito con garantía hipotecaria, el sujeto obligado deberá aplicar la debida diligencia pertinente de acuerdo con las características de la operación y únicamente respecto del saldo de precio no cubierto por el préstamo, reiterando en este punto la normativa vigente pero trasladándola a la parte general del Decreto. Como innovación, se admite la aplicación de debida diligencia simplificada aun cuando dicho monto sea abonado en efectivo, siempre que no supere las 80.000 UI (USD 9.000 aprox.).

 

Adicionalmente, el Proyecto sustituye los artículos 35 y 47 del Decreto, eliminando el umbral para realizar la debida diligencia intensificada para el Sector Inmobiliario, y el Sector de Abogados, Escribanos y Contadores (y/o cualquier otra persona física o jurídica) actuando en operaciones relativas a promesas, cesiones de promesas o compraventas de inmuebles o establecimientos comerciales, respectivamente. Con esta modificación, se eliminaría así el umbral de debida diligencia intensificada hoy vigente para las citadas operaciones que, estando bancarizadas, su monto es mayor a USD 300.000.  

 

No obstante, en todos estos casos, el Proyecto reitera que de haber pagos en efectivo, cualquiera sea el monto, dichas operaciones serán siempre consideradas riesgo alto, y por lo tanto se deberá realizar una debida diligencia intensificada.

 

Teniendo en cuenta el artículo 12 ter previamente mencionado (el cual como se dijo, pasaría a ser una disposición general aplicable a todos los sectores), se puede decir que en operaciones que impliquen intermediación en inmuebles y/o intervención de profesionales actuando por cuenta y orden en promesas, cesiones de promesas o compraventa de inmuebles o establecimientos comerciales, el valor en efectivo de hasta 80.000 UI en saldos de precio de operaciones de inmuebles con préstamos con garantía hipotecaria, sería la única excepción a la regla de debida diligencia intensificada antes referida.

 

En la misma línea, el Proyecto pretende derogar el artículo 58 del Decreto donde se establece un umbral para la debida diligencia intensificada en el sector rematadores cuando se efectúen ventas en remate público por un monto superior a USD 300.000, alineándose de esta manera con los casos que se vienen de analizar.

  • Comentarios finales

Considerando lo expuesto, es menester hacer mención del artículo 13, literal G) del Decreto (parte general, aplicable a todos los sujetos obligados), donde se determina que se deberán tomar medidas de debida diligencia intensificada en los “negocios en que se utilizan cuantías elevadas de efectivo”. De forma tal de que este literal quede acompasado con las pretendidas modificaciones del Proyecto, debería introducirse un agregado a su redacción, por intermedio del cual se mencionen aquellas situaciones donde la mera existencia de pagos en efectivo determina la aplicación de debida diligencia intensificada, esto es sin necesidad de que hayan cuantías “elevadas” del mismo.

 

A la luz de lo analizado, cabe concluirse que de aprobarse el Proyecto en su redacción actual, se consolidaría la tendencia generada a raíz de las modificaciones introducidas por la LUC a la Ley Integral, esto es la aplicación por vía de los hechos únicamente de la debida diligencia simplificada o bien de la intensificada, quedando prácticamente sin aplicación la debida diligencia común correspondiente a las operaciones de riesgo “medio” o “normal”.

 

Finalmente, resta mencionar que el Proyecto no tomaría en cuenta los cambios de la LUC a la Ley de Inclusión Financiera en materia de pagos en efectivo. En tanto los mismos fueron admitidos hasta 1.000.000 de UI presuponiendo el bajo riesgo de dicho monto en materia de lavado de activos/financiamiento del terrorismo, sería esperable que la reglamentación proyectada admitiese controles simplificados hasta por el mismo monto siempre que no se verifiquen factores de alto riesgo, bajo una lógica similar al artículo 12 bis del Proyecto.

 

 

Descargue el archivo en formato .pdf: BC – Comentarios al proyecto modificativo de la reglamentación antilavado (Sector No Financiero)