En el contexto del comercio internacional y la lucha contra actividades ilícitas, el régimen de Operador Económico Calificado se ha consolidado como una herramienta clave para asegurar la integridad de la cadena de suministro global.

En este informe reseñamos las últimas modificaciones al régimen de OEC en Uruguay, con un enfoque particular en los nuevos requisitos en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Operador Económico Calificado: Aspectos generales

El término Operador Económico Calificado hace referencia a aquellas entidades o personas físicas que, siendo parte de la cadena de comercio exterior, han obtenido una certificación emitida por la Dirección Nacional de Aduanas de Uruguay.

A efectos de obtener dicha certificación, el solicitante deberá verificar el cumplimiento de diversos requisitos establecidos en la normativa vigente y aplicable, por lo cual deberá evaluar diversos aspectos de su operación, tales como sus políticas y procedimientos internos, la estructura de seguridad, solvencia financiera, entre otras. Cabe resaltar que únicamente aquellas entidades que demuestren tener una capacidad económica sólida y un firme compromiso con las normativas en materia de seguridad y cumplimiento podrán obtener la certificación OEC.

Introducción del concepto “Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (“PLAFT”)

Recientemente, el régimen de OEC ha experimentado importantes modificaciones, las cuales procuran garantizar que el sistema de OEC se mantenga alineado con las mejores prácticas internacionales y sea capaz de adaptarse a las dinámicas cambiantes del comercio exterior y de la economía global.

Una de las modificaciones más significativas es la introducción de nuevos conceptos, entre los cuales se destaca el de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. En este contexto, se exige actualmente para obtener la certificación de OEC el implementar políticas y procedimientos internos en materia PLAFT, con el fin de prevenir la utilización de la entidad como vía para llevar a cabo operaciones ilícitas y detectar actividades inusuales o sospechosas que puedan afectar el comercio internacional.

Políticas PLAFT: Procedimiento de conocimiento del cliente (“KYC”)

Un elemento esencial en las políticas PLAFT es el conocimiento del cliente, siendo imprescindible la adopción de procedimientos KYC que permitan identificar y conocer adecuadamente a las contrapartes comerciales, garantizando que no existan vínculos previos vinculados al lavado de activos o al terrorismo.

En línea con lo anterior, los informes de debida diligencia desempeñan un papel fundamental en los procedimientos KYC de cada cliente. El objetivo principal de estos informes es verificar o descartar la inexistencia de vínculos previos del cliente con actividades vinculadas al lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo, así como otros hechos que puedan afectar la reputación de la empresa.

Estos informes incluyen un análisis detallado de la información proporcionada por el cliente, así como de las investigaciones realizadas en bases de datos de sanciones, listas de Personas Políticamente Expuestas, listas de la Organización de Naciones Unidas y otros registros judiciales.

La elaboración de estos informes resulta esencial tanto para la aceptación de nuevos clientes, proveedores y socios comerciales, así como para cumplir con las exigencias del régimen de OEC. De esta forma se garantiza que la empresa mantenga altos estándares de cumplimiento normativo, minimice riesgos legales y reputacionales.

Conclusión

El régimen de OEC sigue evolucionando para alinearse con las mejores prácticas internacionales en materia de seguridad, cumplimiento y prevención de delitos financieros. Los nuevos requisitos en torno a la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, sumados a la obligación de adoptar políticas de seguridad estrictas y procedimientos KYC, hacen de la certificación OEC un proceso más riguroso, pero que procura asegurar la integridad del comercio internacional y proteger a las empresas certificadas de riesgos legales y reputacionales.